Y después de la opa, ¿qué?...

Acciona y Enel presentaron ayer su opa por Endesa, la tercera en 18 meses sobre la eléctrica española tras las frustradas de Gas Natural y, posteriormente, de Eon. La autora analiza las diversas consecuencias de este tortuoso proceso en el que, en su opinión, ha salido dañada la imagen de España como país clave de inversión

Mucho es lo que se ha escrito en los últimos meses sobre los avatares de la opa de Eon sobre Endesa. Casi todo se ha centrado en las reacciones del mercado, en la previsión de la posible entrada de nuevos actores en la operación, así como en la posible frustración o no de la misma. Sin embargo, un análisis en profundidad de la operación debe cohonestar los tres ámbitos sobre los que la opa ha tenido y tendrá inevitables consecuencias y que no pueden obviarse.

En primer lugar, en el mercado, nos encontramos con otra opa encima de la mesa, la de Acciona y Enel sobre Endesa, que ayer presentaron su oferta por Endesa a 41,30 euros por acción. Se abre un nuevo iter jurídico y regulatorio que comienza con la presentación de folleto de su opa ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); posteriormente será necesario que, como en las anteriores ocasiones, se obtengan las autorizaciones adecuadas de las autoridades de Competencia europeas, de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de la CNMV.

El segundo ámbito de afectación lógica de la frustrada opa es la propia Endesa y, dentro de ella, el consejo de administración de la eléctrica y los trabajadores de la misma.

En relación con el consejo de administración, sus miembros, ante los nuevos acontecimientos tienen dos posibilidades: una pasiva consistente en aceptar la derrota y reconocer sin más el troceamiento de la compañía que propone el bloque hispanoitaliano, o bien otra postura más activa y combativa cuyo objetivo consiste en proteger al accionista minoritario. Parece que este último ha sido el acicate del órgano desde el principio y que debe seguir siéndolo. Ahora bien, seamos realistas, ¿le merece la pena al consejo de la eléctrica el emprender todas las batallas judiciales para las que tiene legitimación?

¿Cuál será la consecuencia de la simple interposición de todos los recursos que, con todo el derecho, puede entablar? En el mercado, una caída de la cotización de la acción de Endesa resultando el más perjudicado, sin duda alguna, el accionista minoritario, precisamente aquel por el que habría entablado ese entramado de acciones.

Parece que los últimos movimientos apuntan a que será la defensa de la legalidad la que moverá al presidente de Endesa, Manuel Pizarro, y a su equipo que, por otra parte, han conseguido doblar el valor de la acción en dos años.

En cuanto a los trabajadores de la eléctrica española, habrá que analizar el acuerdo hispanoitaliano con lupa para poder identificar posibles mermas en sus derechos vía despidos u otras fórmulas. En este sentido, tanto CC OO como UGT han mostrado su preocupación ante el pacto.

El tercer ámbito a analizar es la sociedad española en su conjunto. En primer lugar, la triste constatación que hemos sentido en los últimos días sobre la falta de seguridad jurídica de nuestro sistema debido a los últimos acontecimientos en la CNMV; no obstante nos queda el consuelo de pensar que peor hubiera sido si el -como ya le llaman algunos- virtualmente dimitido Manuel Conthe se hubiera aferrado a su puesto sin más. En este sentido, el servicio al Estado ha quedado a salvo y debemos sentirnos satisfechos todos de ello. En segundo lugar, la sociedad española podrá constatar el troceamiento de Endesa y cómo se venden a Eon 10.000 millones de euros en activos.

La imagen internacional de España, como país clave de inversión, sale muy dañada de todo esto; pensemos que la fotografía es: una empresa extranjera, que se somete a todo el proceso legal existente para la adquisición de una empresa española, resulta al final excluida por una serie de operaciones de legalidad cuestionable de otras dos empresas y que no ha tenido consecuencia alguna, salvo la frustración de la primera oferta y la dimisión del presidente del órgano regulador, del que nos falta conocer sus razones en profundidad. Al final, todo lo anterior se reduce a una cuestión, ¿existe una verdadera separación de poderes en España?. No olvidemos que se trata de una operación que, en puridad, debe ser exclusivamente económica y que sin duda ha estado, al menos, aderezada políticamente. ¿Será que la 'p' de opa hace referencia a eso, a la política?

María del Pilar Galeote Muñoz. Doctora en Derecho Mercantil y profesora del Área Jurídica del Instituto de Empresa (IE)