El capital público en Endesa
La SEPI tiene ahora la oportunidad de ejecutar de forma rápida y fácil sus planes de venta de la participación que posee en Endesa acudiendo a la opa lanzada por Eon, según el autor. En su opinión, ésta es la opción que mejor defiende el interés general y la que más favorece al erario público
Como es sabido, Endesa es una de las antiguas empresas que fue privatizada en desarrollo del programa de privatizaciones aplicado por el Gobierno Aznar. La privatización de Endesa se llevó a cabo en la VI legislatura, en los años 1997 y 1998, mediante sendas ofertas públicas de venta (OPV). De ese modo, se colocó en el mercado prácticamente un 56% del capital de la compañía -más de un 25% en 1997 y un 30% en 1998-, se ingresaron más 10.000 millones de euros y se configuró una estructura accionarial con cientos de miles de pequeños accionistas que básicamente permanecen hoy como copropietarios de Endesa.
No obstante, la no ejecución del green shoe por parte de la entidad colocadora de la OPV determinó que la desinversión estatal no fuera completa, permaneciendo en propiedad de la SEPI algo más de 31 millones de acciones que entonces representaban un 2,95% del capital de la compañía.
Sobre esta cuestión, desde el primer momento la postura de la SEPI fue inequívoca y sus representantes tuvieron ocasión de manifestarla de modo reiterado y público, tanto en el Congreso de los Diputados como a los medios de comunicación. En coherencia con el espíritu del plan de privatizaciones, el destino natural y lógico de estos títulos no vendidos era su futura venta. Entre tanto se materializaba ésta, y de nuevo por motivos de coherencia, la participación residual fue considerada como una estricta participación financiera, sin que la SEPI participara en ningún órgano de representación de la sociedad, ni interfiriera en la gestión o dirección de una compañía que ya era -y para bien- privada.
Los planes iniciales planteaban realizar la venta de la citada participación residual en Endesa durante la VII legislatura (2000 a 2004). La evolución de la Bolsa -junto a la obligación de gestionar eficientemente los recursos públicos- aconsejó retrasar la enajenación, pero ya en 2003 el inicio de la recuperación del mercado bursátil permitió planificar adecuadamente la salida definitiva del último capital público de la compañía eléctrica.
En este sentido, durante el ejercicio 2003 el consejo de administración de la SEPI aprobó la realización de la venta durante 2004 mediante block trade con la posibilidad de realizar un book building. Para ello se convocó el correspondiente concurso por el que se preseleccionó a varias entidades candidatas a ejecutar el proceso, se aprobó el baremo para realizar la definitiva selección y se dispuso con todas ellas la realización de un seguimiento del valor. Todo ello para decidir la venta en el momento bursátil más adecuado a fin de maximizar el importe obtenido en la venta.
El cambio de Gobierno significó una lógica demora en la realización de los planes previstos, la posterior irrupción de la primera opa sobre Endesa, la aparición de la segunda, y la evolución de la situación determinaron que la SEPI -actuando con cautela- anunciara un retraso en su salida del capital de Endesa.
Ahora bien, el actual escenario es bien diferente. Ya sólo existe una oferta pública de compra para los accionistas, que además fija un precio razonable -los consabidos 38,75 euros por acción que ofrece la compañía alemana Eon-. Y en este escenario, la SEPI puede elegir entre dos alternativas básicas -vender o permanecer-, cada una de las cuales le ofrece a su vez dos posibles opciones.
Optar por la permanencia en el capital de Endesa le haría mantenerse en el futuro como accionista minoritario. Prolongar de forma estructural una inversión de carácter estrictamente financiero no tiene sentido alguno, ya que nadie propugnaría la actuación del Estado como inversionista bursátil. Por su parte, dotar a su presencia en al capital de un carácter activo, convirtiéndose en una especie de vigía desde dentro en la compañía podría probablemente satisfacer a los sindicatos y a aquellos que añoran posiciones intervencionistas, pero resultaría del todo incoherente con la privatización realizada, prolongando de modo injustificado la figura dual del Estado como regulador y operador -aunque fuera como partícipe en minoría- dentro de un sector tan sensible como el eléctrico.
La segunda alternativa consiste en mantener la decisión de vender. Pero esta posibilidad también admite dos opciones: acudir a la opa de Eon o renunciar a la misma y plantear una venta posterior, específica e individual. Sería ésta una decisión claramente errónea y presumiblemente dañina para el erario público, pues se estaría desaprovechando la posibilidad de una venta rápida, fácil, con un precio razonable y seguro, para embarcarse a continuación en un proceso de venta más complejo, lento, con precio incierto -la propia oferta de más de 30 millones de acciones empujaría la cotización a la baja- y que requeriría incurrir en costes de intermediación.
Visto lo expuesto, resulta claro que la SEPI no tiene opción. Para defender el interés general y evitar perjuicios al Tesoro Público, está obligada a vender su participación en Endesa aceptando las condiciones ofertadas por Eon.
Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Ex presidente de la SEPI (2001-2004), presidente de EDG-Escuela de Negocios y consejero de Copisa