Los móviles, enfrentados a la regulación
El autor sostiene que el insistente intervencionismo en el sector de las telecomunicaciones móviles ha venido en perjuicio de los precios para el usuario, cuando lo que se pretende es abaratarlos. La no regulación de los servicios finales explica, en su opinión, la falta de efectividad de las normas.
Las comunicaciones móviles han sido el servicio de telecomunicaciones de mayor éxito comercial: la segunda generación (GSM) sobrepasó el 100% de penetración (terminales/100 habitantes) en 10 años. Pronto los Estados quisieron participar de su éxito, detrayendo grandes volúmenes de capital mediante la subasta de licencias de tercera generación (entre 1999 y 2001, 16 países europeos captaron casi 138.000 millones de dólares), imponiendo un sobreprecio de 15 veces a las frecuencias asignadas (espectrazo), y aplicando fuertes tasas por el despliegue de antenas.
Todo eso en contra de los precios finales, mientras, paradójicamente, los reguladores europeos tratan de abaratarlos. Primero, aumentando la competencia con la introducción de los operadores móviles virtuales (OMV). Después, nominando operadores dominantes en el mercado mayorista y abaratando sus precios de interconexión. Y ahora se quiere reducir los precios de las compensaciones por llamadas con terminales de redes foráneas (itinerancia). Y todo ello ignorando la casi nula elasticidad de la demanda a los precios, lo que minimiza los efectos de esas decisiones regulatorias sobre los precios finales.
En España, en los próximos cinco años, los OMV podrían captar entre un 5% y un 10% del mercado de servicios finales (13.600 millones de euros en 2005), aunque los operadores convencionales recuperarán por servicios de red parte de los ingresos perdidos; podría ser más negativo si los entrantes desencadenaran una guerra de tarifas, muy poco probable por su necesidad de alcanzar pronto su rentabilidad. En servicios mayoristas (4.197 millones de euros en 2005, 25,3% de los ingresos totales), en tres años, los precios medios máximos de interconexión caerán un 38% aunque la reducción de los ingresos (3.567 millones de euros en 2005) será mucho menor por repercutirse sólo un 20%-30% en los precios finales; y los precios por itinerancia podrían caer un 30% (ingresos de 630 millones de euros) aunque posiblemente sólo una pequeña parte se repercuta en las llamadas, pero resultarán especialmente perjudicados los operadores españoles por servir a millones de turistas.
Todas esas intervenciones regulatorias, de limitado efecto sobre los precios finales, ocurren cuando el mercado de nuevos servicios de tercera generación no termina de despegar a pesar del notable aumento de terminales preparados.
En conjunto, podemos estimar que los operadores convencionales podrían perder anualmente del orden del 3% de sus ingresos por servicios finales por la competencia, otro 2% por la regulación de la interconexión y el equivalente a un 1% por la itinerancia.
Y ahora llega la eliminación del redondeo por aplicación de la Ley 44/2006 de mejora de la protección de consumidores y usuarios. Los operadores tienen integrados los ingresos tarifarios en su plan de negocio, por lo que se les fuerza a buscar unos ingresos compensatorios, que globalmente estimamos deberían de estar en torno al 15%-20%, vía modificación de las tarifas nominales. El regulador no ha sabido (o querido) explicar convenientemente que, aunque es injusto el cobro por servicios no prestados, los operadores podrían generar ingresos equivalentes para mantener su rentabilidad, lo que implica que los usuarios, en general, no verán reducidas sus facturas.
¿Será neutral globalmente la modificación tarifaria? Las tendencias (sin el ajuste) no deberían alterarse. En promedio anual, el índice de precios cae el 4,5%, el precio promedio del minuto facturado un 5%-10% y los ingresos por llamada un 3%-4%. Simplificadamente, esto significa que para alcanzar exclusivamente la compensación el precio promedio del minuto facturado debería subir un 10%-15% mientras el ingreso por llamada caería ese 3%. Esperemos que las subidas nominales no sean mayores que las requeridas para ajustar esos parámetros, buscando compensar ese 6% de caída ocasionada por las citadas actuaciones regulatorias. Si lo fueran, el regulador no podría hacer nada para evitarlo.
Lamentablemente la subida no será neutral para los usuarios, al afectarles individualmente de forma distinta en función de su perfil de consumo (distribución de las llamadas por horario y red destino, y su duración).
La no regulación de los servicios finales impide que el insistente intervencionismo regulatorio sea tan efectivo como pretenden los reguladores.
Emilio Lera. Consultor del sector de tecnología de la información