Medidas contra las viviendas vacías
Toda actuación encaminada a fomentar la ocupación de viviendas vacías exige, según el autor, contar con un registro público, actualizado permanentemente y fiable, del que hoy por hoy no se dispone. En esta situación, cualquier medida contra los pisos vacíos tendrá, en su opinión, un carácter parcial e injusto
Una de las primeras demostraciones del ingenio que la clase política se ve obligada a desplegar en la siempre difícil búsqueda del voto está girando en torno a la vivienda, materia que se supone podrá movilizar, en las elecciones que se avecinan, a esos jóvenes, habitualmente proclives a la abstención, que se ven obligados a retrasar su emancipación y a endeudarse en préstamos hipotecarios inacabables. En algunas comunidades autónomas y en unos 150 ayuntamientos ya se ha encontrado el remedio infalible al problema y, sin sonrojo, se aventuran medidas dirigidas a las viviendas vacías, como expropiación, aumento del impuesto de bienes inmuebles o gravámenes especiales, con objeto de fomentar su ocupación.
La búsqueda del voto hace abstracción de cuestiones de menor importancia para los buscadores del poder, como por ejemplo la vulneración del derecho a la propiedad o la apertura de una crisis del mercado inmobiliario que arruinaría el crecimiento económico y generaría un incremento impredecible del desempleo. Pero, dejando de lado estas cuestiones, que ya han merecido respuestas contundentes, cabe preguntarse si quienes proponen esas medidas se han planteado, como cuestión previa ineludible, si es materialmente posible llevarlas a cabo.
La primera cuestión surge de la propia consideración de vivienda vacía. En los Censos de Edificios y Viviendas de 2001, los agentes del INE recorrieron las secciones censales que tenían encomendadas, clasificando los huecos que encontraban en cada edificio como vivienda familiar, establecimiento colectivo, alojamiento, local activo o local inactivo. Cuando encontraban una vivienda familiar tenían que profundizar en si eran viviendas principales, en el caso de que se ocuparan por personas toda o la mayor parte del año, o si se trataba de viviendas secundarias, desocupadas, de otro tipo (por ejemplo, alquileres sucesivos de corta duración) o 'viviendas no principales sin poder determinar si pertenecían a alguno de los tipos anteriores'. Precisamente, esta última categoría se introdujo para evitar que los agentes censales tomaran decisiones poco fundadas en el caso de que no pudieran conseguir información sobre el destino de que era objeto el hueco que habían de clasificar.
Con estas indeterminaciones, sólo tienen una fiabilidad aceptable los 14,2 millones de viviendas principales que fueron detectadas, pudiendo haber importantes trasvases entre los 3,4 millones de secundarias, los 3,1 millones de vacías y las 300.000 viviendas que fueron clasificadas como de otro tipo. En cualquier caso, aparte del secreto estadístico que protege los datos individuales de un censo, una información referida a un instante dado de poco serviría para adoptar medidas administrativas sobre viviendas vacías dados los cambios permanentes que se registran en los regímenes de tenencia y las variaciones de un stock que, sobre todo en los últimos años, se está viendo fuertemente incrementado por la construcción de unas 700.000 viviendas anuales.
Cualquier medida que se quiera adoptar contra las viviendas vacías exigiría disponer de un registro público, actualizado permanentemente y que gozara de la necesaria exactitud. El Catastro, por ejemplo, contabiliza 19,1 millones de viviendas pero, al no proporcionar información sobre el destino de cada una de ellas, para saber si están desocupadas sería preciso cruzar las direcciones postales y los números de identificación fiscal (NIF) de sus propietarios con los datos del Padrón Municipal, sin que ello permitiera diferenciar entre viviendas secundarias o efectivamente vacías.
En algunos ensayos de cruce de datos entre Catastro y Padrón se ha puesto en evidencia la imposibilidad de realizar dicho cruce en más de un millón de viviendas en las que el Catastro carecía del NIF del propietario, en un porcentaje alto de viviendas en propiedad de personas jurídicas en las que no fue posible cruzar los NIF y en casi 200.000 registros que tenían errónea la variable persona. En 1,3 millones de viviendas catastrales no se encontró a su propietario en el Padrón, lo que pudo deberse a que fueran viviendas de residentes en el extranjero.
En esta situación, la aplicación de medidas contra las viviendas vacías tendría un carácter parcial y seguramente injusto, como pone en evidencia el hecho de que, según el Censo de 2001, un 62,3% de las viviendas vacías están ubicadas en entidades con menos de 10.000 habitantes, donde son menos graves los problemas de acceso a la vivienda.
Además, como siempre ha ocurrido ante el mero anuncio de medidas coercitivas, muchos procederían a disimular su situación y comenzarían a empadronarse en sus viviendas vacías, simularían tenerlas ocupadas consumiendo en ellas agua, gas o electricidad o cambiarían su titularidad y, también como siempre, serían los más ricos y avisados quienes pudieran hacerlo.
José Aranda. Economista y estadístico