Prasa compra el 3% de Metrovacesa a Rivero sin derechos políticos
La primera inmobiliaria española ha dado entrada en su accionariado a la cordobesa Prasa, que ayer firmó la compra de un 3% del capital a Joaquín Rivero y Bautista Soler (entre los dos controlaban el 36,1%). De esta manera ambos reducen la deuda asumida para lanzar su opa del año pasado y mantienen su posición al frente de la compañía, en contra de las aspiraciones del primer accionista, la familia Sanahuja.
Dos días después de que fuentes autorizadas de Metrovacesa aseguraran a este diario 'desconocer' la existencia de conversaciones entre el presidente, Joaquín Rivero, y otros presidentes de grupos inmobiliarios -entre ellos Luis Portillo, de Inmocaral, y José Romero, de Prasa-, la primera inmobiliaria española ha dado entrada en su accionariado a esta última, Prasa, que ha adquirido un 3% del capital en manos de Rivero y su socio Bautista Soler, otro de los principales accionistas de Metrovacesa.
Fuentes cercanas a Joaquín Rivero reconocieron ayer la operación de venta, valorada en torno a los 275 millones de euros, a un precio cercano a los 95 euros por acción (los títulos de Metrovacesa cerraron ayer a 124,05 euros).
La venta abre nuevos interrogantes a la batalla por el control de Metrovacesa entre Rivero y Soler por una parte (hasta ahora con el 36,1%) y el primer accionista de la compañía, la familia Sanahuja, con el 39,6%. Entre otros, si este movimiento obedece a la previsión de ambos empresarios de que Prasa ocupará un puesto en el consejo de administración y sumará peso a la oposición a Sanahuja.
La cordobesa ha pagado a 95 euros por acción, mientras que Lara pagó a 120 euros hace un mes
Rivero y Soler se comprometieron con los bancos que financiaron su oferta por el 26% de la compañía el pasado año a vender parte de su capital para reducir deuda. Según fuentes consultadas, el compromiso era vender un 5% a 75 euros por acción; al haber logrado realizar la venta a 95 euros por acción, el porcentaje de venta ha sido menor.
Según fuentes conocedoras de la operación, la venta se firmó ayer mismo, se ha negociado en la última semana y, en virtud al acuerdo alcanzado, Prasa cede sus derechos de voto a Rivero y Soler 'durante un periodo'. La venta coloca en una posición incómoda a José Manuel Lara, presidente de Planeta, que recientemente compró el 5,1% de la compañía pagando 120 euros por acción.
Una junta extraordinaria polémica
Metrovacesa comunicó ayer a la CNMV la solicitud, por parte de la familia Sanahuja, de celebración de junta general. La familia catalana pretende tumbar algunos de los puntos aprobados en la pasada junta general de accionistas, entre otros la posibilidad de ampliar capital en 1.000 millones de euros sin derecho de suscripción preferente. Dicha ampliación permitiría a Rivero mantener el control de la compañía.
Sin embargo la respuesta del presidente de Metrovacesa fue asegurar, en el comunicado a la CNMV, que la convocatoria de esta junta 'no supone renuncia ni limitación alguna de las facultades delegadas al consejo'. Con lo que Rivero pretende llevar a cabo la ampliación de capital a pesar de la oposición del primer accionista.
En el mismo comunicado Metrovacesa reconoce la posibilidad de llevar a cabo 'operaciones corporativas' y haber solicitado el registro de un auditor. Fuentes cercanas a la familia Sanahuja insisten en asegurar que desconocían esa probabilidad, sobre la que no se informó en el consejo celebrado el pasado 10 de enero.
La CNMV, impasible ante los cambios
La CNMV permanece aparentemente impasible ante los cambios accionariales que se están produciendo en la primera inmobiliaria española. La entrada de José Manuel Lara en el capital de la compañía; la compra -no publicada- de una empresa valenciana, Construcciones Valenciana Constitución, relacionada con Bautista Soler -socio de Rivero- de la participación de la CAM en Metrovacesa (un 2,4% del capital), según ha informado el diario Levante; la anterior relación entre el presidente de la compañía y las cajas de ahorro presentes en el accionariado... Son todos movimientos sospechosos de ser concertados, por mucho que unos y otros lo nieguen. El máximo organismo regulador no ha pedido explicaciones públicas. Tampoco parece haberse extrañado de que la solicitud comunicada ayer de junta general fuera expresada el viernes y que sin embargo se haya pospuesto su publicación hasta el miércoles.