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Tribuna
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Usos y abusos que a todos nos afectan

Las bases constitutivas del progreso económico y social de Occidente -y países asimilados- son: la creatividad humana orientada a la innovación tecnológica y las instituciones políticas y sociales que la amparan, entre las que la propiedad privada ocupa un lugar central. El rasgo diferencial más importante entre nuestra civilización y las demás es de tipo institucional; la nuestra ha sido la única que a lo largo de la historia no sólo ha posibilitado sino que, incluso, ha incentivado la innovación tecnológica. Como es lógico, para que la creatividad humana encuentre sentido a su desarrollo, es preceptivo no pedir permiso para inventar nada y, sobre todo, ser propietario de los resultados obtenidos por su explotación económica.

Un sector tan intensivo en innovación tecnológica como el de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), seguramente el que más, no puede por menos que defender -nos va literalmente la vida en ello- los derechos de la propiedad y muy especialmente los intelectuales asociados a la innovación. Desde dicha perspectiva, además de observar con tristeza cómo España se sitúa entre los líderes en consumo gratuito de software -es decir, pirata- y en la cola de patentes, estamos viviendo una paradójica situación: en nombre de la propiedad intelectual, tan infrautilizada históricamente en nuestro país, puede consagrarse un nuevo sistema que en vez de incentivar la creatividad la constriña, como en los anacrónicos sistemas colectivistas.

Me refiero con ello a la Ley de Propiedad Intelectual, recientemente modificada para adaptarla a la tecnología digital, cuya aplicación material, en su primera fase, ha sido negociada sin éxito entre las partes: los recaudadores -las sociedades de gestión de derechos de autor- y los pagadores -la industria- sin contar con los consumidores, colectivo que, según contempla la propia ley, es el que finalmente abonará esa 'compensación equitativa única' llamada canon.

Las sociedades de gestión cobrarán mucho más por el canon digital que por la actividad tradicional

La legislación recientemente aprobada establece la obligación de pagar por la realización de copias privadas -de una obra previamente adquirida de manera legal- sin ánimo de lucro, tanto por la compra de soportes de almacenamiento -discos- como de aparatos potencialmente grabadores. Vaya por delante que apenas media docena de países entre todos los del mundo -que tiene cerca de 200- han prescrito tal sistema. Un sistema innecesario, obsoleto, injusto e indiscriminado como es fácil demostrar.

Es innecesario y obsoleto porque mira al pasado, cuando no existían medios técnicos que posibilitaran la protección de la obra original ni era posible gestionar el cobro por internet. Con los medios tecnológicos disponibles hoy es ridículo seguir utilizando mecanismos del pasado para gestionar el futuro; es como emplear velas para iluminar en presencia de la electricidad. Es injusto, porque tratando de compensar un daño inexistente persigue compensar en realidad la piratería; un daño a los autores que, siendo un delito, no tienen por qué sufragar los consumidores. Además es indiscriminado, pues obliga a pagar con independencia del uso real de los productos consumidos; es el caso del Ministerio de Justicia, que viene pagando a las sociedades de gestión casi dos millones de euros al año por los CD que utilizan los juzgados.

En las discusiones entre cobradores y recaudadores, en ausencia de los consumidores que verdaderamente pagarán el nuevo impuesto, los primeros apenas se han molestado en argumentar analíticamente sus demandas económicas, que pretenden imponer sin más. La industria, sin embargo, ha presentado un programa desagregado, debidamente justificado y contrastable empíricamente, basado en el concepto de daño efectivo y en aplicación de los criterios prescritos por la ley.

Frente a la razonable y razonada propuesta de la industria, las sociedades de gestión pretenden imponer metafísicamente a los consumidores -es decir, como un acto de fe indemostrable- un pago anual cien veces superior al daño efectivamente causado por la copia privada según contempla la ley y más de lo que recaudan por la venta regular de las obras; a lo que pretenden añadir una aplicación retroactiva simple y llanamente inconstitucional.

Las sociedades de gestión de derechos de autor desean fijar el canon digital como un importe fijo por soporte o equipo afectado. De todos es sabido que en el mundo electrónico los productos distribuidos disfrutan crecimientos exponenciales mientras sus precios disminuyen al mismo tiempo de modo muy considerable. El canon, además de representar un porcentaje del precio que crece geométricamente, puede terminar representando en muchos casos un valor superior al coste de fabricación; un auténtico disparate, que ya acontece con los soportes magnéticos CD y DVD.

De satisfacerse las demandas de las sociedades de gestión, éstas cobrarían mucho más por recaudación del canon digital que por su actividad tradicional. De este modo los autores -con independencia de su creatividad intelectual- percibirían más ingresos fijos que variables, es decir, sujetos a las ventas reales de sus obras. Por tanto, con la excusa de la defensa de la propiedad intelectual -que se supone incentivadora de la creatividad- los autores disfrutarían de un ingreso fijo creciente derivado del canon ya inicialmente muy superior al conseguido por la venta regular de sus obras. Con la ilegítima excusa de defender la propiedad intelectual -se supone que, obviamente, individual- se consagraría una anacrónica modalidad colectivista lógicamente desincentivadora de la creatividad artística.

De acuerdo con lo previsto en la ley y en ausencia de acuerdo entre las partes, el Gobierno debería arbitrar qué productos electrónicos deberán pagar canon y su importe. En sus manos queda evitar la posibilidad de aislar a España en la inmensa mayoría de países del mundo, retrasar la sociedad de la información, aumentar la inflación y facilitar el mercado negro, con la consiguiente evasión de impuestos y la repercusión sobre el empleo en el sector. Por lo contrario, de su decisión depende integrar a nuestro país entre los que lideran dicha sociedad de la información y el progreso económico y social. No debiera haber dudas sobre qué hacer.

Jesús Banegas. Presidente de la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnológicas de la Información y Telecomunicaciones de España (Aetic)

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