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Columna
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Cuando todo falla

Pasados unos días desde que estalló el detonante de la bomba de Air Madrid, el análisis de lo ocurrido hasta ahora pone de manifiesto que en este affaire, en una peculiar representación de la conocida ley de Murphi, han fallado todas las cosas que podían fallar.

De entrada, es evidente que ha fallado la empresa. Tras bastantes meses de andadura azarosa -inundada de retrasos eternos, vuelos anulados y servicio defectuoso-, Air Madrid se ha destapado con un cierre de su actividad en plena época de utilización intensiva del tráfico aéreo, dejando a miles de pasajeros con su billete adquirido y sin posibilidad de utilizarlo. Si bien es cierto que todo fracaso empresarial tiene su parte de drama, también lo es que en el caso considerado -clientes de bajo nivel adquisitivo, desplazados de su país e impedidos de pasar la Navidad en su tierra y con su gente- el tinte dramático está agudizado. Es importante resaltar que este fallo empresarial es el primero y el más intensamente criticable, pues todo lo demás no hubiera sucedido de no haberse dado éste. Aplicando el principio jurídico según el cual 'lo que es causa de la causa es causa del mal causado', no cabe duda que los gestores de Air Madrid lideran el ranking de culpabilidades en este asunto.

Para continuar, es indudable que también han fallado los sistemas y las entidades de control. No cabe duda que unos y otros existen para evitar que un fracaso empresarial llegue hasta donde éste ha llegado y desemboque en el caos en el que éste ha desembocado. En este sentido, las voces del Ministerio de Fomento podrán esforzarse tanto cuanto quieran en dar su versión de los hechos, pero es lo cierto que no han sido capaces de adelantarse a los acontecimientos -habiendo renovado incluso la licencia a Air Madrid hace unos meses- pese a que los fallos que los han originado han sido reiterados y públicos en los últimos meses. Adicionalmente debe considerarse que el número de operadores a controlar es escaso, lo que acrecienta la gravedad de los fallos en el control.

Por último, es incuestionable que también ha fallado la gestión de la crisis. En efecto, una vez que ésta estalla, las actuaciones del Ministerio de Fomento han ido en dos direcciones. De una parte, se ha enzarzado en una inconcebible disputa pública con el controlado impropia de una autoridad de control, que debe controlar, corregir y prevenir en vez de discutir. De otra, está intentando remediar el mal causado acudiendo al gasto público, pues ha decidido sustituir en su actividad a Air Madrid -sea organizando viajes, sea financiando los realizados por otros operadores-, habiendo iniciado la tramitación de un crédito extraordinario. Al margen de que fallos de coordinación y comunicación han afectado a la eficacia de su solución -se ha popularizado el chascarrillo según el cual hemos pasado de tener pasajeros sin vuelo a tener vuelo sin pasajeros-, lo que resulta más cuestionable es la concepción de fondo de la solución ideada.

En el sentido enunciado, acudir con recursos públicos a resolver un problema originado por una estrategia empresarial de precios bajos resulta, además de gravoso para el contribuyente, pernicioso para el buen funcionamiento de los mercados. En un mercado competitivo la competencia gira alrededor del precio del producto ofrecido, la calidad del mismo y la confianza en el oferente. Por este motivo, no es de recibo que aquellos consumidores que para viajar en avión han optado por pagar un precio más elevado a fin de obtener mejor servicio y mayores garantías, se encuentren ahora con que el dinero de sus impuestos se utiliza para remediar el daño sufrido por aquellos otros que eligieron precios inferiores y garantías menores. De ese modo se están desvirtuando los mecanismos de elección del mercado.

En otro orden de cosas, es curioso observar que, aunque a escala reducida, el caso analizado guarda determinados paralelismos con lo acontecido en el tristemente célebre caso Rumasa. Recordemos que también en este asunto hubo una larga y sórdida disputa previa en los medios de comunicación entre controlado -Rumasa- y controlador -autoridades financieras y monetarias-; una falta de anticipación de los controles que impidió el estallido de la crisis; una estrategia del controlador consistente en descalificar intensa y ferozmente al controlado tras el estallido de la crisis; una intervención pública sustitutiva de la iniciativa empresarial privada, y finalmente, el destino de recursos públicos para intentar paliar los efectos de la crisis.

En definitiva, el affaire Air Madrid acarreará varias consecuencias y todas negativas. A las ya citadas en forma de coste económico y de pérdida de confianza en el mercado debe añadirse la pérdida de prestigio internacional de España en una cuestión tan sensible como es el tráfico aéreo. Si recordamos que no han pasado ni cinco meses desde los sucesos de El Prat, en los que la suma de la gestión poco afortunada de un concurso público, el salvajismo sindical y la inexplicable inacción del Ministerio del Interior también dañaron en la misma dirección a nuestra imagen internacional, obtendremos como conclusión que se está dañando seriamente al turismo -la denominada primera industria nacional-, lo que constituye una evidente mala noticia.

Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer. Ex presidente de la SEPI y presidente de PAP-Tecnos

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