En la buena dirección
Iniciativas como la propuesta de real decreto de revisión de las tarifas eléctricas indican que el Ministerio de Industria está dispuesto a avanzar en la senda de la racionalidad, según el autor, que se suma al Debate Abierto en Cinco Días sobre los precios y los costes eléctricos
La propuesta de real decreto de revisión de las tarifas eléctricas trasmite la intención de acercar el precio de la energía eléctrica a los costes de la prestación del servicio. Hay que reconocer que el nuevo equipo del Ministerio de Industria está dispuesto a avanzar en la senda de la racionalidad con iniciativas que apuntan en la dirección correcta. Más importante que el nivel que se establece de incremento en las tarifas, lo es la metodología que fundamenta la revisión y las señales que se trasmiten a los agentes.
Desde el año 2000 el sector eléctrico arrastra el denominado déficit de tarifa, elegante eufemismo que enmascaraba un sistema arbitrario de fijación de la tarifa y desconectado de la realidad de los mercados energéticos. El propio Ministerio de Industria admite en la presentación de su propuesta para 2007 que, por motivos sociales, la tarifa eléctrica no puede subir lo que requeriría la evolución de los costes, de manera que anticipa déficit de tarifa para el próximo año, pero al menos intenta introducir mecanismos para su corrección.
La tarifa eléctrica subirá un 6,5% para los consumidores industriales en media y alta tensión, segmento en el que se encuentra la mayor brecha entre el coste de la electricidad y la tarifa. Buena prueba de ello ha sido la absoluta desaparición de la actividad de comercialización, que debería haber encontrado sus clientes de manera natural entre los grandes consumidores. Con las tarifas de 2006, y muy posiblemente con la subida prevista para 2007, es imposible que los comercializadores independientes puedan ofertar precios por debajo de las tarifas reguladas. Y eso, a pesar de la propuesta de reducción del 10% de los peajes por el uso de la infraestructura de transporte.
Una de las novedades importantes de la propuesta de real decreto es la subasta obligatoria de potencia que se impone a Endesa e Iberdrola. Antes de 1 de mayo de 2007, ambas empresas tendrán que subastar la energía equivalente a 2.500 MW cada una en horas punta para el primer año -de 1 de julio de 2007 a 30 de junio de 2008-, que se dobla hasta 5.000 MW para los dos años siguientes. En horas valle, la potencia subastada será de 1.000 MW para cada empresa. La venta de potencia se formalizará a través de opciones de compra con entrega física que otorgará a los compradores capacidad de generación virtual. Las subastas de potencia se han llevado a cabo con éxito en otros mercados europeos, especialmente en Francia, donde han ayudado a dinamizar el mercado.
Pero en los términos que propone el real decreto hay varios factores preocupantes. En primer lugar, con el volumen de energía propuesto no se atisban suficientes compradores para que la subasta sea equilibrada. La cantidad de energía a subastar es desproporcionada en relación con el tamaño del mercado. Los 5.000 MW, y no digamos nada de los 10.000 MW a partir del segundo año, representan una cantidad muy respetable sobre los 35.000 MW de la demanda media en horas punta.
En segundo lugar, tampoco ayuda la escasa conexión internacional de nuestro mercado peninsular, que impide que los potenciales compradores puedan contar con la alternativa de exportar la energía, cosa que sí es posible entre Francia y Alemania. Lo razonable sería comenzar las subastas con volúmenes de potencia muy inferiores -por ejemplo, una décima parte de los niveles propuestos- y con mayor frecuencia -por ejemplo, trimestral-, para que, gradualmente, vayan interesándose empresas energéticas extranjeras, e incluso entidades financieras internacionales acostumbradas a gestionar riesgos.
Es cuestionable la eliminación para 2007 del pago por garantía de potencia para las centrales nucleares, puesto que contribuyen como cualquier otra central a la cobertura de la punta de demanda.
Se revisa, por fin, la retribución de la actividad de distribución, al corregirse las desviaciones que acumulaba desde 2000 tanto por la inflación como por el crecimiento de la demanda, cuyo comportamiento en ambos casos había sido superior al previsto. Como contrapartida, se endurecen los estándares de calidad del suministro, y no de manera cosmética. En las zonas rurales dispersas, segmento en el que se admite la mayor holgura, el máximo de horas al año de interrupción del suministro se reduce de 12 horas a 7. Aunque todavía queda muy por encima de las interrupciones de zonas urbanas, que se reducen de 2 horas al año a 1,5, la medida contribuye a acortar sustancialmente las diferencias de calidad entre el entorno rural y el urbano.
Arturo Rojas. Socio de Analistas Financieros Internacionales (AFI)