TRIBUNA

Falso y 'déjà-vu'

æscaron;ltimamente, es frecuente encontrar numerosos artículos sobre la conveniencia de que a principios de 2007 las tarifas eléctricas experimenten un importante crecimiento. Gran parte de los problemas del sector eléctrico están relacionados con las tarifas y con el déficit de ingresos que se registra desde hace años: lo pagado por los consumidores a cambio de la electricidad es inferior a la suma de los costes en los que hay que incurrir para producirla y ponerla a disposición del consumidor. Este déficit de ingresos se descompone, según el tipo de agente que lo soporta, en dos partes: déficit de la distribución (conocido como déficit tarifario) y déficit de la comercialización.

En 2000, 2001, 2002, 2005 y, con toda seguridad, 2006 las distribuidoras de electricidad han registrado un abultado y creciente déficit tarifario (más de 8.000 millones de euros en total), que se produce principalmente porque las autoridades energéticas no consiguen predecir con exactitud el precio medio de la electricidad (antes de ser transportada hasta su lugar de consumo), determinado en el mercado (mayorista) de producción, o porque tales autoridades no consideran políticamente oportuno transmitir a la sociedad unos precios más altos de la electricidad, aunque éstos sean reflejo de unos costes superiores.

La solución arbitrada por el Gobierno para resolver el déficit tarifario parece que persigue eludir los problemas que supongan costes políticos. Por un lado, para evitar el descontento de los consumidores, la recuperación del déficit tarifario se aplaza un largo plazo, de modo que lo van pagando en numerosos y reducidos incrementos tarifarios. Por otro, para evitarles una grave situación económico-financiera, se autoriza a las distribuidoras a titulizar los derechos de cobro del déficit, recibiendo de un consorcio de entidades financieras la totalidad del déficit de una sola vez.

Esta forma de actuar del Gobierno es persistentemente incorrecta, por, al menos, tres razones.

l En primer lugar, porque la actual política de precios estimula desmedidamente a consumir energía, ya que los consumidores, al decidir cuánta electricidad van a consumir, toman en consideración un precio inferior al que deben pagar y al que ingresará la generadora. El consumidor no es consciente del encarecimiento de la electricidad, ya que el incremento de precio (o parte de él) será pagado por otros consumidores en otro momento. Las generadoras se ven beneficiadas con este modo de resolver el problema del déficit tarifario: obtienen superiores beneficios de los que registrarían si las tarifas crecieran hasta la desaparición del déficit tarifario. Esto es así porque cobrarían por cada kWh lo mismo que están cobrando, pero, por rígida que sea la demanda, venderían menos electricidad.

l En segundo lugar, porque el consumo eléctrico de hoy está subsidiado por los futuros consumidores, ya que éstos pagarán en los próximos 20 años la electricidad que ellos adquieran y una parte de la que compran los consumidores actuales. Se podría pensar (y parece que alguien lo hace) que tales subsidios no son preocupantes, ya que, en contrapartida, los consumidores actuales estarían pagando las infraestructuras (redes eléctricas) que utilizarán los consumidores futuros. Esta afirmación es falsa por errónea, ya que las empresas registran sus costes en su cuenta de pérdidas y ganancias, y no en su balance. Entre los costes de las distribuidoras está la amortización anual de sus redes, pero de ningún modo el valor de éstas. En un año determinado los consumidores sólo pagan la parte del valor de las redes que se amortiza en ese periodo.

l En tercer lugar, porque un déficit tarifario tan recurrente y voluminoso ha acabado con la actividad comercializadora. A la hora de fijar el precio de oferta del suministro, el comercializador toma en cuenta el precio mayorista de la electricidad por él esperado. Si, por cualquier razón, tal precio resulta ser superior del que esperaba el comercializador, éste registrará un déficit de ingresos. A diferencia de lo que pasa con las distribuidoras (que tienen garantizada la cobertura de los costes, ya que los consumidores siempre terminan pagando el déficit tarifario), las comercializadoras deben soportar el déficit de ingresos como pérdidas. En principio, la comercialización, al estar liberalizada, sometida al riesgo de la lógica del mercado, está sujeta a la posibilidad de registrar pérdidas y, de hecho, las debe registrar si incurre en errores de cálculo o realiza una mala gestión empresarial.

Lo que resulta más preocupante es que las comercializadoras han ido perdiendo cuota hasta su práctica desaparición, ya que no pueden hacer ofertas competitivas porque las tarifas no recogen los precios más altos del mercado mayorista. Las comercializadoras están comprobando que los suministros regulados (a tarifa) y los liberalizados no son dos mundos separados. Con tarifas que no recojan totalmente los precios del mercado mayorista de producción -es decir, que dan lugar a déficit tarifario-, las distribuidoras se convierten en competidores imbatibles de las comercializadoras. En este sentido, el 12 de diciembre de 2006 la Comisión Europea ha emitido un informe con duras críticas al Gobierno por mantener tarifas debajo del precio de mercado, que impiden la actividad comercializadora y, por ello, reducen la competencia.

El comportamiento del Gobierno se justifica frecuentemente argumentando que políticamente es difícil propugnar una importante subida de tarifas, ya que las eléctricas vienen registrando voluminosos beneficios. A la vista de las fusiones y adquisiciones en curso, se suele concluir que los incrementos de tarifas acabarán en los bolsillos de los accionistas y en manos de los especuladores y del mundo financiero, dicho todo ello en el sentido más peyorativo. Dejando para mejor ocasión el análisis de estos argumentos, es preciso señalar que éste es un falso debate, ya que no está en discusión -aunque nada impide que lo esté- que las eléctricas aumenten sus ingresos, puesto que tales aumentos ya son percibidos e, incluso, se anuncia para el próximo año un reconocimiento del déficit tarifario aún más rápido. Lo que está en discusión es, por un lado, si va a seguir ocultándose a los consumidores el encarecimiento del suministro, impidiéndoles que adopten un comportamiento económicamente racional y provocando la desaparición de la comercialización; por otro, parece que se discute qué instancia va a asumir la responsabilidad política de tal ocultación.

Es necesario acabar con unas tarifas eléctricas que propician un tupido entramado de subsidios cruzados. Con la presente política de precios los consumidores actuales disponen de una renta disponible adicional, procedente de los futuros, que destinan a adquirir más electricidad (consumo ineficiente), adquirir otros bienes y a subsidiar, a su vez, a un grupo de grandes empresas industriales que adquieren la electricidad a precios considerablemente inferiores a los que paga el resto de consumidores. Los subsidios deben ser los menos posibles, justificados (por existencia de costes y beneficios sociales, difíciles de internalizar), explícitos en su formulación y en su cuantía y no sometidos a vaivenes de modas o presiones.

En medio de este escenario vuelven a aparecer arbitristas capaces de determinar el crecimiento máximo del precio de la electricidad, argumentando que ésta es para el consumidor (o para ciertos grupos de éstos) un bien esencial o algo parecido. Teniendo en cuenta que el crecimiento del precio medio del mercado mayorista se ha producido durante los últimos años, cuando menos, por un cambio sustancial del mix tecnológico, por la intensa sequía y por un espectacular encarecimiento del petróleo ¿qué sentido tiene relacionar la subida de la tarifa eléctrica con el IPC? Sorprende que en diciembre de 2006 algunos otorguen a la electricidad el papel que en el pasado fue desempeñado por la barra de pan, el pollo o la bombona de butano. Déjà-vu. Parecería que la economía española ha retrocedido en el tiempo. Sin embargo, los 13 años de expansión que contabiliza nos advierten de que no es así; lo que probablemente esté ocurriendo es que, si no se evita, podríamos retroceder y acabar en el pasado. Por eso hay que taponar el túnel del tiempo y seguir haciendo reformas, aunque sigue siendo cierto que éstas se hacen mejor y más rápidas si Bruselas ayuda.

Luis Albentosa Consejero de la CNE