TRIBUNA

Nada nuevo bajo la luz

Según los sabios del lugar, el consumidor eléctrico siempre ha estado cuidadosamente protegido por los sucesivos Gobiernos. Y no porque se hayan preocupado especialmente de ampliar la capacidad de los ciudadanos para elegir libremente lo que más les conviene, sino porque han intentado que los precios de la electricidad fueran, en cada momento, los 'correctos'. A finales los sesenta (dejo cualquier remontada hacia atrás para historiadores avezados), las tarifas eléctricas (Tarifas Tope Unificadas, se llamaban) retribuían la energía y la potencia instalada mediante una moderna 'fórmula binómica'. Esta pagaba íntegramente el coste variable y el resto, que se destinaba a retribuir las inversiones en capacidad, se limitaba, según decisión del Gobierno cada año, a una cuantía modesta, para proteger a los consumidores. Se originó entonces el llamado déficit de Ofile, representativo de la diferencia entre el coste de las inversiones en centrales hidráulicas y los ingresos de las tarifas. A principios de los setenta se disolvió Ofile y se terminó con el déficit. Así eran las cosas y así parecían entonces.

Entrados los setenta el Gobierno decidió que los efectos de la crisis del petróleo de 1973 no llegaran al consumidor. Había que protegerlo, en este caso, de la 'violencia estocástica' de los mercados internacionales. Las consecuencias de esta gestión pública también quedan para historiadores. Lo que aquí interesa es que este afán protector tuvo su correlato en el mundo eléctrico. El esfuerzo inversor en térmicas y en la primera cosecha de nucleares, condujo a un fuerte endeudamiento en moneda extranjera y a elevados costes en tipos. Para aislar este efecto de las tarifas reguladas, las empresas incluyeron en el activo de sus balances los mencionados costes, eludiendo su incorporación a las pérdidas y ganancias anuales. Poco importó que se ignorasen así los principios generales del Nuevo Plan General Contable, que veía la luz. Esta 'activación de intereses intercalarios y de diferencias por tipos de cambio' permitió de nuevo que los consumidores de esa generación sólo pagaran una parte de la factura energética. El resto quedó en los activos de las empresas, para su abono en el futuro. A finales de los ochenta las cotizaciones de las empresas se hundieron y las tarifas tuvieron que subir cerca de un 60%.

El panorama inflacionario estuvo a punto de colocar la economía en una espiral hiperinflacionista propia de países Latinoamericanos. La protección al consumidor se tomó un respiro y entró en moratoria. A finales de los ochenta también las inversiones en nucleares de segunda generación entraron en moratoria. El sistema de amortización de activos del Marco Legal y Estable de los ochenta y la deuda de la moratoria nuclear, nuevamente echaron hacia el futuro los saldos deudores de unas tarifas insuficientes. La bajada de tipos de finales de los noventa y la moderación de los precios del crudo, nos salvaron; esta vez por los puntos.

La Ley 54/97 del Sector Eléctrico pareció el fin histórico del afán protector. Pero esta apariencia se disipó. En una mezcla que ha resultado inestable e insostenible, la Ley intentó combinar los precios libres, propios de los mercados mayoristas, con tarifas reguladas por el Gobierno para proteger a los consumidores finales. El Gobierno, además, decidió intensificar esta protección y crear una 'metodología de tarifas' que garantizaba su reducción anual, mientras los precios del crudo, que arrastraban a los del gas natural, volvían a dispararse a 50 o 60 dólares. El resultado ha sido el déficit de tarifas y la expulsión de cualquier emprendedor nacional o extranjero que, creyéndose los principios de la Ley, intentara competir en comercialización. Gracias a esto, en nada, unos 10.000 millones de ¦euro;euros formarán parte de la deuda de nuestros hijos o nietos por la factura de la luz pendiente de pago.

En esta historia no hay nada nuevo bajo la luz. Esto de 'consumir hoy y pagar mañana' es ya muy viejo, aunque es cierto que suena, a la vez, muy actual. En la vivienda y en la obra pública municipal hay ejemplos claros y actuales de este desplazamiento de cargas al futuro. Al traspasar a nuestros hijos y nietos las hipotecas inmobiliarias, las obras públicas faraónicas y el recibo de la luz, alguien podría concluir que lo razonable, lo que de verdad nos protegería como consumidores, es que a nuestros protectores les votaran nuestros nietos, y no nosotros.

Miguel Á. Lasheras Economista y presidente de Wind to Market y de Intermoney Energía