Más viejos y menos jóvenes, ¿qué hacer?

En 1900 la población española era de 18,6 millones de habitantes, y de ellos las personas de 65 y más años sólo ascendían a 958.000, el 5,3%; en el año 2000, con una población cercana a los 40 millones de habitantes, las personas de 65 y más años ascendieron a 6,7 millones, el 17%. Las personas mayores han aumentado 5,7 millones, lo que supone una tasa media acumulativa anual del 1,93%.

Sin tener en cuenta la inmigración, los nacidos durante los años de la guerra civil y siguientes (generaciones nacidas entre 1936 y 1945) alcanzarán en la década de 2001 a 2010 los 65 años y más, aumentando la población de dicho grupo sólo medio millón, con una tasa de crecimiento acumulativo anual del 0,69%.

Las causas de tan escaso crecimiento se encuentran en los niños fallecidos en el periodo de la guerra civil y en la baja natalidad del periodo 1936-1945 a consecuencia del padecimiento de la población civil. En la década siguiente (2011-2020) la población de 65 años y más se prevé aumente en otras 700.000 personas, por lo que la tasa media de crecimiento anual sería del 0,95%, que supone un fuerte aumento sobre la tasa de la década anterior.

La ONU estima que España necesitará 12 millones de inmigrantes en el periodo 2000-2050 para hacer frente a la demanda de población activa; mi estimación es que sólo hace falta la mitad

A partir de aquí el aumento de las personas de 65 años y más adquiere un fuerte ritmo: en la década 2021-2030 de 1,4 millones de personas (tasa acumulativa anual del 1,64%), en la década de los cuarenta, el aumento es de otro millón y medio de personas (tasa acumulativa anual del 1,45%). En el periodo 2020-2040 se prevé un fuerte aumento de las personas mayores.

Cuestión muy discutida es cómo medir el envejecimiento de la población. Tres procedimientos se utilizan: en términos absolutos, por el número de personas de 65 años y más y su evolución; por el porcentaje de las personas mayores en la población total, y por la relación entre el número de ancianos y el número de jóvenes. Este último es el método más correcto, ya que cuando las generaciones jóvenes son menos nutridas que las anteriores, se altera la relación que, en un momento dado, existe entre los grupos de edad, dando lugar a que los más viejos representan un porcentaje cada vez mayor de la población.

Partiendo de este método, para el periodo 1991-2050 el índice de envejecimiento de la población española casi se triplicará. Aunque la mortalidad y la fecundidad son de las más bajas del mundo, su grado de envejecimiento es todavía menor que el de la mayoría de los países de la Unión Europea, ya que España se está beneficiando de su mayor fecundidad en épocas anteriores y de la fuerte caída de la mortalidad. Sin embargo, las generaciones numerosas del pasado han llegado a la edad de jubilación, reduciéndose simultáneamente las entradas por la base de la pirámide a consecuencia de la caída de la natalidad, con lo que aumentan los índices de envejecimiento a un ritmo mayor que en otros países.

Si se mantienen los actuales niveles de mortalidad y fecundidad, España acabará teniendo índices de envejecimiento superiores a los del resto de los países de la Unión.

A consecuencia de la fuerte inmigración en un corto periodo de tiempo, cuatro millones de inmigrantes, España ha mejorado su indicador de envejecimiento. Se ha dicho que tal hecho ha dado lugar a sanear el sistema de pensiones públicas contributivas, llegando a constituir un fondo de reserva de pensiones que se está acercando al 1% del PIB. Los que así opinan sólo ven el problema a corto plazo, los trabajadores inmigrantes generan caja para la Seguridad Social, sin tener en cuenta que a largo plazo empezarán a cobrar pensiones y aparecerá el déficit.

La realidad es que España necesita inmigrantes para mantener su potencial productivo. Naciones Unidas ha estimado que España necesitará 12 millones de inmigrantes en el periodo 2000-2050 para hacer frente a la demanda de población activa; mi estimación es que sólo será necesario la mitad, en el supuesto de que la tasa de actividad española aumente paulatinamente, como ha ocurrido en los 10 últimos años para alcanzar la que como media tiene la Unión Europea, que en la última década ha permanecido prácticamente inamovible.

Entre seis y 12 millones de personas potencialmente activas necesitará España para mantener su potencial de crecimiento en el periodo 2000-2050. Dos políticas alternativas pueden implantarse para resolver el problema: una nueva política de protección familiar y una nueva política de inmigración, o una combinación de ambas.

Desde 1985 el porcentaje con respecto del PIB de la función familia permanece constante (0,4%), en la Unión Europea es del 2,2% del PIB, seis veces mayor que el de España, lo que muestra la falta de sensibilidad de nuestro país respecto a los problemas de la familia.

En la Unión Europea la prestación a favor de la familia se ha utilizado no sólo como un instrumento de ayuda a las familias que tienen hijos, sino también para fomentar la natalidad. En España, para alcanzar un objetivo de 600.000 nacimientos al año, se han hecho estimaciones de la necesidad de incrementar las dotaciones para la familia en el 1,2% del PIB. Es necesaria una nueva Ley de Protección a la Familia, que se financie con dotaciones presupuestarias para dar mayor transparencia a tal política, suprimiendo todas las deducciones y desgravaciones en el IRPF, es decir, eliminando los gastos fiscales.

Cualquiera que sea el monto de inmigrantes necesario para mantener el crecimiento de la actividad económica española, es evidente que una planificación sectorial, temporal, espacial y de los países de origen de los inmigrantes es necesaria. A medio plazo, ésta sería la política a implantar en tanto la familia reaccionara a los efectos de la nueva política de protección a la familia.

José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid