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Comisión Europea

Bruselas propone la total liberalización de los servicios postales en 2009

La Comisión Europea propuso ayer abrir totalmente a la competencia los servicios postales en la UE en 2009, al suprimir el monopolio que aún pueden mantener los operadores tradicionales, como Correos en España, en los envíos de hasta 50 gramos.

Tras análisis detallados, el Ejecutivo de la UE concluye que la liberalización es la mejor vía para el servicio universal, al tiempo que se mejora la calidad y la capacidad de elección de consumidores y empresas. La propuesta de directiva da a los países la posibilidad de compartir entre los operadores la obligación de prestar el servicio universal -que fija la entrega y recogida de correo al menos cinco días a la semana para todos los ciudadanos- y también les ofrece diversos mecanismos para financiarlo. Así, entre las opciones de financiación figuran las ayudas de Estado, la contratación pública y los fondos de compensación. Cada país podrá elegir el modelo que prefiera.

El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, hizo hincapié ayer en que la apertura a la competencia de buena parte del sector ha tenido efectos muy positivos, informa Efe. El nuevo texto mantiene la obligación de garantizar la accesibilidad a los servicios postales y la posibilidad de que los países impongan una tarifa uniforme para los artículos de tarifa única, como el correo para consumidores.

La Comisión cree que al suprimir el último 'sector reservado' (los envíos de menos de 50 gramos), el funcionamiento de los servicios mejorará, pues los proveedores estarán más motivados ante el aumento de competencia. Será posible, por ejemplo, enviar o recibir correo a horas o en lugares más convenientes, y acceder a servicios de seguimiento de los envíos (mediante la utilización combinada del correo tradicional y medios electrónicos). También se espera un beneficio para los consumidores, al reducir el coste. McCreevy restó importancia al riesgo de pérdida de puestos de trabajo, señalando que se crearán empleos indirectos en las empresas que comiencen a funcionar.

La propuesta de Bruselas cuenta con el rechazo de diez países, entre ellos España, Francia e Italia. Consideran que no ofrece garantías en su financiación. Alemania, que presidirá la UE en 2007, está a favor.

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