Los expertos ponen buena nota a Navarra, Euskadi y Andalucía
Sólo cinco comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, el País Vasco y Navarra, han añadido grandes mejoras a las prestaciones básicas garantizadas por el Sistema Nacional de Salud, según recoge el último informe elaborado por la Fundación Alternativas.
Junto a estas regiones destacan también los esfuerzos que en esta misma dirección han desarrollado la comunidad valenciana y Cataluña mediante la ampliación del catálogo de prestaciones sanitarias. El País Vasco y Navarra fueron las primeras en cubrir la atención dental infantil con un programa específico que más tarde imitarían otras regiones como Cantabria, Castilla y León y Galicia.
El estudio realizado por las catedráticas de Métodos Cuantitativos de la Universidad de Las Palmas Beatriz González y Patricia Barber recuerda que Navarra también ha realizado un serio esfuerzo en las prestaciones complementarias en tocoginecología y planificación familiar.
En todo caso, Andalucía ha sido la pionera en la ampliación del catálogo de prestaciones básicas con avances que abarcan desde el pago de ciertos medicamentos excluidos de la Seguridad Social hasta la píldora del día después o la anestesia epidural gratuita. También fue la primera comunidad en regular la libre elección de médico general y pediatra.
En el informe se parte de que sería ilusorio pretender el mismo trato sanitario en todas las comunidades, pues su tamaño oscila entre los ocho millones de habitantes de Andalucía y menos de 300.000 de La Rioja. El estudio subraya, además, las notables diferencias entre las comunidades autónomas en la cobertura sanitaria de la población inmigrante, pues algunas no exigen, como hace la normativa estatal, el empadronamiento como condición de acceso.
Estas catedráticas se decantan por reformar el modelo de financiación sanitaria de 2002 para afrontar el problema crónico de la insuficiencia de recursos. La apuesta más clara descansa en la transformación del Fondo de Cohesión, dotado el año que viene con 99 millones de euros, pues en la práctica apenas cubre la atención de pacientes desplazados e incentiva a las comunidades autónomas a emitir pacientes a otras regiones sin asumir coste alguno por ello.
Según los cálculos incorporados al estudio, el coste compensable por el citado Fondo se estima en el 20% del coste fijo en hospitales, más el 100% del variable que, en términos medios, corresponde a un 40% del coste total de cada grupo relacionado con el diagnóstico y con tarifas que representan el 80% del coste total estimado de otras pruebas.
El citado Fondo, a juicio de estas catedráticas, debería desdoblarse en una partida para atender a pacientes desplazados, administrada por el Ministerio de Sanidad, y otra pensada para reducir desigualdades y afrontar políticas de salud de ámbito suprarregional.
El estudio revela que la distancia entre la comunidad autónoma que más gasta en sanidad por persona y la que menos gasta es de 210 euros, en torno al 20% del gasto medio, lo que en opinión de sus autoras no debe interpretarse como una deficiencia del sistema sino como la aparición de necesidades diferentes.
Tampoco cabe deducir menor eficacia en las comunidades más atrasadas en el gasto per cápita sanitario ya que gastar más no implica gastar mejor. En cabeza se sitúan Navarra, Cantabria y Aragón y a la cola aparecen las comunidades de Madrid, Andalucía y Baleares.
Las listas de espera
El informe analiza también el problema de las listas de espera y concluye que los tiempos en recibir atención especializada son, por lo general, de entre 60 y 180 días, con las excepciones de Madrid, con 30, y Castilla-La Mancha, con 15.
El plan más novedoso es el de esta última comunidad, pues el año pasado logró que los plazos para ser operado no superaran los 90 días, los 15 para ser atendido en consultas especializadas y la semana para la realización de las pruebas diagnósticas.
Estas medidas han ido acompañadas de un plan integral de inversiones en esta comunidad para evitar que su cumplimiento se convierta en una desviación de la actividad hacia el sector privado.
Apuesta por el aumento de la capacidad normativa
Si bien legalmente las comunidades autónomas tienen cierta capacidad normativa para aumentar sus ingresos tributarios, en la práctica el ejercicio de dicha capacidad es muy limitado y debería revisarse para mejorar las prestaciones sanitarias, según se aconseja en el informe de la Fundación Alternativas. De esta forma, el proceso de descentralización de la gestión sanitaria debería ir asociado a la descentralización de la financiación y al aumento de la capacidad normativa sobre los impuestos, en la misma línea que ya anticipa el nuevo Estatuto de Cataluña. De cualquier forma, es una iniciativa pendiente de estudio por parte del Ministerio de Economía y de las diferentes comunidades, a partir de la negociación que abran sobre el nuevo modelo de financiación autonómica.'No se puede dar responsabilidad sobre la atención sanitaria a las comunidades sin reconocer también su responsabilidad financiera y su capacidad para aumentar sus ingresos', concluye el informe.Las autoras del estudio se decantan porque el Sistema Nacional de Salud aproveche mejor las ventajas de la descentralización, empezando por compartir determinados costes, como el de decir no a la cobertura pública de tratamientos que no sean efectivos y de poner en marcha la evaluación retrospectiva, eliminando la financiación pública cuando sea procedente. 'No hay duda', aseguran las expertas, 'de que el Gobierno central debe fijar los límites de acceso, calidad y tiempos del sistema de salud, aunque la gran cuestión es hasta qué punto debe tener competencias para intervenir si se aprecia que una comunidad no está alcanzando los mínimos o entra en un proceso de insubordinación'. Un consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud podría tener competencia en estos casos.