Cifras para la memoria histórica
Las repercusiones económicas del proyecto de ley que reconoce y amplía derechos a las víctimas de la guerra civil son difíciles de evaluar y las cifras que viene manejando el Gobierno (31.000 beneficiarios y 60 millones de euros) dependerán mucho de la actitud de los familiares a quienes pueden afectar las indemnizaciones, de cómo se lleven a cabo las tareas de localización e identificación de víctimas y de cómo llegue a funcionar el Centro Documental de la Memoria Histórica, que ha de suplir las inconsistencias de la información oficial con una ingente investigación de fondos documentales y de fuentes secundarias.
La estadística oficial española, representada por la Dirección General de Estadística, dependiente del Ministerio de Trabajo, que fue responsable de los datos de población hasta la creación en 1945 del Instituto Nacional de Estadística, realizó los censos de población de 1930 y 1940 y publicó los datos de matrimonios, nacidos y muertos que preceptivamente reflejaba el Registro Civil, así como los muertos por causas de fallecimiento que figuraban en los certificados de defunción que rellenaban los médicos.
En ausencia de movimientos migratorios, y caso de que los datos demográficos hubieran reflejado con exactitud la realidad, la población de derecho contada en el Censo de 1930, de 23.907.143 habitantes, se hubiera visto incrementada en los 5.991.485 nacimientos registrados entre 1931 y 1940 y disminuida en las 4.231.674 defunciones de dicho decenio, por lo que la población en el Censo de 1940 debiera haber estado alrededor de las 25.667.000 personas, en lugar de las 26.251.188 que reflejó dicho censo.
La diferencia de 584.232 personas de más contadas por el censo de 1940 respecto de las que se derivan de añadir al de 1930 el crecimiento vegetativo de la población no se explica por el saldo migratorio positivo del decenio (salvo el periodo 1936 a 1938 del que no hay datos), que sólo puede justificar el incremento en unas 100.000 personas.
Indudablemente, estas inconsistencias no pasaron desapercibidas a los responsables de la estadística oficial, que acusaron al censo de 1930 de haber infraestimado la población española por el ambiente de 'bullanga y trampa' que implicaba estar preparando elecciones generales.
Como contraste, el ambiente del censo de 1940, según sus autores, fue muy distinto: 'A la crisis de mandos, firmeza de mandos; al barullo, el orden; a la irresponsabilidad alocada, un sentido responsable jerarquizado. Al aplastamiento por menesteres electorales, la supresión absoluta de tan bajo servicio'.
Las verdaderas razones de unas cifras que ocultaban las consecuencias de la guerra civil no parecen encontrarse en ese cambio de ambiente, en el contagio del entusiasmo de los grandes mandos estadísticos a las categorías más ínfimas que trabajaron en el censo o en el afán colaborador de unos ciudadanos que, siempre según los textos oficiales, ya no tenían que defenderse contra una Administración hostil. Más bien parecen estar en otras razones más pragmáticas, como el decreto de 4 de junio de 1940 firmado por Franco en el que se ordenaba que figuraran preceptivamente en el censo los desaparecidos y ausentes, lo que curiosamente ligó con el interés de los ciudadanos por censar al mayor número posible de familiares con el objetivo de incrementar las cantidades asignadas en las cartillas de racionamiento que se habían implantado en mayo de 1939.
Tampoco de los datos de los certificados de defunción parecen deducirse conclusiones razonables. El número de muertes violentas o casuales, excepto el suicidio, ascendió a 284.100 en el periodo comprendido entre 1936 y 1942, sobre las aproximadamente 56.000 que debieran haberse producido según la incidencia de esta causa de muerte en los años previos al inicio de la guerra civil, lo que implica que sólo serían achacables a los efectos de la guerra unas 228.000, cifra notoriamente baja en comparación con las que se vienen manejando por muchos investigadores.
En este caso, la razón no parece estar, como algunos han señalado, en que los médicos ocultaran esas muertes bajo otras causas porque, en el análisis de éstas, sólo se observan aumentos de cierta entidad, próximos a las 10.000 anuales en 1938 y 1939, en las muertes producidas por enfermedades del corazón.
Más verosímil resulta pensar que la infraestimación puede deberse a que las circunstancias que rodearon muchas muertes (ejecuciones sumarísimas, asesinatos, enterramientos en fosas comunes situadas en lugares desconocidos y razones similares) hicieron inviable la cumplimentación de unos certificados de defunción que ahora, si este proyecto de ley funciona, podrían rehacerse consiguiendo que, también en el terreno de los datos demográficos, se recupere una memoria histórica que actualmente aparece disimulada.