El gobierno sanciona a Iberia como responsable del conflicto en El Prat

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunció ayer, durante su comparecencia ante la comisión de Fomento en el Congreso de los Diputados, la apertura de un expediente sancionador por falta muy grave a Iberia por los sucesos del aeropuerto barcelonés de El Prat. Los partidos de la oposición solicitaron la dimisión de la ministra. En la comisión de Interior, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba defendió la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en la crisis.

Ayer se reunieron a petición propia -aunque solicitada también por otros partidos- las comisiones de Fomento y Vivienda e Interior para escuchar respectivamente las comparecencias de Magdalena Álvarez y Alfredo Pérez Rubalcaba para explicar la actuación de sus equipos durante lo que ya se conoce como la 'crisis de El Prat'.

La titular de Fomento fue la primera en explicar la actuación de su ministerio. Tras exponer lo ocurrido durante los días 27, 28 y 29 de julio, recalcó que no contaba con información suficiente para prever lo ocurrido. Según Álvarez 'los incidentes nos cogieron por sorpresa', aunque, según indicaron otros partidos Iberia estaba advertida de la convocatoria de una asamblea de sus trabajadores de handling en El Prat

La ministra informó que a la aerolínea se la abierto un expediente sancionador a Iberia por infracción administrativa muy grave, en función de la ley 21 de 2003 de Seguridad Aérea. Según indicó a la agencia Efe el Secretario General de Transportes, Fernando Palao, este expediente podría suponerle a la aerolínea una sanción de hasta cuatro millones de euros. Ante esta decisión, y tal como indicaron fuentes de la aerolínea, la compañía tiene previsto esperar a la resolución ya que se reserva el derecho a recurrirlo en función del resultado.

Fomento ha abierto un expediente para identificar responsables

Además de la medida sancionadora, Fomento ha abierto otro expediente para investigar las actuaciones previas a los hechos y poder identificar a los responsables. En paralelo, el Gobierno aprobará un decreto ley para que los afectados puedan ser representados por la Administración del Estado en las acciones legales con el fin de agilizar la recepción de indemnizaciones. Otra novedad es la creación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, encargada de proteger los derechos de los usuarios.

Por otro lado, Álvarez informó de que la acusación del Estado se personará en las diligencias previas iniciadas en el juzgado número 1 de El Prat y la tramitación, por parte de Fomento, de medidas legales para mejorar su capacidad sancionadora en casos de alteración en el tráfico aéreo.

Uno de los aspectos más criticados por los grupos parlamentarios fue la elección de las fechas para hacer público el resultado del concurso de los servicios de tierra (24 de julio), en plena época vacacional.

Partido Popular, CiU, ERC, ICV y PNV aprovecharon sus turnos de palabra para pedir la dimisión de la ministra, mientras que Francisco Rodríguez, portavoz del grupo Mixto-BNGA limitó las responsabilidades a Iberia y los sindicatos mayoritarios.

Andrés Ayala, portavoz del PP, solicitó el cese de los responsables en AENA, aunque 'si la ministra cree que no tiene que cesar a nadie, seguro que tiene firmada su carta de dimisión', señaló. Según el grupo Popular, el Gobierno 'ha jugado con El Prat y ha puesto en cuestión el sistema aeroportuario español'.

Los grupos parlamentarios CiU y ERC, que aprovecharon para solicitar la cesión de la gestión aeroportuaria a la Generalitat, además de IU-ICV, pidieron a la ministra que hiciera públicas las ofertas realizadas por cada una de las operadoras. Sostuvieron que la oferta económica realizada por Iberia en Barajas era menor que la de El Prat. En concreto, la oferta realizada por la aerolínea en El Prat incluía unas reducciones básicas del 9,7% frente al 54,8%, 50% y 43% que ofertaron las tres nuevas operadoras del aeropuerto de Barcelona. En Madrid, una oferta similar acabó siendo la tercera más atractiva. El peso del criterio económico en los concursos es del 10% del total.

Por otro lado, Iberia anunció ayer un volumen de pasajeros en julio de 2,4 millones de usuarios, un 8,3% menos debido a la huelga convocada por el Sepla los días 10, 11 y 12 y lo sucedido en El Prat.

Querella

Diez empresas y 140 particulares se han adherido a la querella contra los trabajadores que colapsaron el aeropuerto de El Prat, presentada por la Asociación Española de Usuarios, Empresarios y Profesionales del Transporte Aéreo (Asetra).

Rubalcaba defiende la actuación policial

Una hora después de que concluyera la comisión de Fomento, inició su intervención el Ministro de Interior. Su titular, Alfredo Pérez Rubalcaba, explicó a la comisión las actuaciones de las fuerzas de seguridad del Estado que calificó de 'prudentes, oportunas y proporcionadas'. El ministro justificó la decisión de que la Guardia Civil no interviniera antes de las 17:30, ya que se era preferible esperar hasta que 'el número de concentrados descendiera y se calmaran los ánimos'. Con ello, se pretendía evitar que los incidentes continuaran en las terminales. Aunque 'despejar la pista era una condición necesaria para que El Prat volviera a la normalidad, no era suficiente; los trabajadores tenían que volver a sus puestos para garantizar el correcto funcionamiento. Según indicó Rubalcaba. Sin embargo Alicia Sánchez-Camacho (PP), Jordi Jané (CiU) y Agustí Cerdá (ERC) consideraron que se tenía que haber actuado antes.