Responsabilidad colectiva en El Prat
Ayer aún había abundantes detalles en la fisonomía del aeropuerto barcelonés de El Prat que delataban anormalidad. Pero cuando desaparezcan las largas colas de viajeros, se rescaten y devuelvan los millares de maletas perdidas y se respete el calendario de vuelos sólo se habrá restablecido la normalidad aparente. La imagen de una las ciudades más cosmopolitas del mundo en uno de los países más desarrollados del planeta queda, sin embargo, gravemente dañada. Construir una reputación de servicio diligente y de calidad es un trabajo de muchos años. Pero bastan tan sólo unas cuantas horas de locura un fin de semana para enterrarla.
Los trabajadores de Iberia en el aeropuerto, la dirección de la compañía, los sindicatos del personal de tierra, AENA, el Gobierno y su delegación en Cataluña, con actuaciones ilegales unos y negligentes todos, son responsables colectivos del caos. Y la culpabilidad colectiva en ningún caso puede diluirse en un proceso de exculpación individual. Cada palo debe aguantar su vela. De momento, una juez de El Prat de Llobregat ha abierto diligencias contra los trabajadores.
Fomento también ha abierto una investigación para saber qué ocurrió. Pero no va a ser fácil restituir a cada uno de los afectados los sacrificios del fin de semana, ni a los servicios aeroportuarios españoles ni a Barcelona ni a Cataluña ni a España, la imagen que tenía como destino turístico privilegiado. El Gobierno debe saber en el momento en que se inicia un conflicto de esta envergadura qué debe hacer, qué hoja de ruta debe aplicar, porque para ello tiene la responsabilidad de gestionar los aeropuertos.
Iberia, por su parte, que registra uno de los años más negros de su historia, con frentes abiertos y cerrados de manera inexplicable con casi todos los colectivos de trabajadores, debe replantearse su forma de proceder. La presión que ejerce el mercado sobre una empresa privada que cotiza en Bolsa es muy grande. Pero los accionistas de Iberia ya lo sabían, como conocían que compraban una empresa de ingentes costes, en un mercado en el que la competencia iba a morder terreno cada día, básicamente con duras guerras de precios. Y la salida de Iberia ha sido precisamente revisar su estatus en Barcelona para crear una empresa de bajo coste.
Una decisión empresarialmente lógica, que no ha acertado a transmitir a sus trabajadores, como no ha sabido explicar que perder su licencia de handling no conlleva que los trabajadores pierdan su empleo en El Prat. Pero sus empleados no tienen excusa en este conflicto. Iniciar una huelga sin previo aviso es un acto ilegal que se resuelve con despidos con la ley en la mano. E invadir, pacífica o belicosamente, las pistas del aeropuerto es un atentado contra el orden público que el Gobierno no debió permitir.
Los sindicatos son también responsables del conflicto. Conocen la ley y han permitido que sea pisoteada. Han dicho siempre que la mejor ley de huelga es la que no existe. Y ante los reiterados intentos de regular el uso y atajar el abuso en este derecho laboral, han respondido con buenas intenciones de autorregulación. Si lo ocurrido en Barcelona es autorregulación, España necesita una ley de huelga que garantice que cada conflicto no haga más daño del que pretende evitar.