Europa y las reformas
Los últimos datos de la Comisión Europea rebajan las previsiones de crecimiento de la zona euro. En el primer trimestre de 2006 ha crecido un 0,6%, cumpliendo las previsiones, pero las estimaciones de crecimiento para el segundo y tercer trimestre del año han sido rebajadas y ahora se estima que el crecimiento anual será del 2,3%. En contra de las críticas generalizadas al BCE por el impacto de su política monetaria en el crecimiento económico, la Comisión apunta una vez más su preocupación por el déficit público de muchos países y la falta de reformas estructurales que pueden arruinar la recuperación y minar las condiciones que posibiliten un crecimiento económico.
Durante años los líderes europeos se han escudado en Bruselas para justificar sus decisiones impopulares o para culpar a la Comisión de los problemas de sus países. Esto ha desembocado últimamente en el auge del proteccionismo y nacionalismo en temas como las fusiones empresariales en sectores estratégicos como la energía o las comunicaciones. Culpar a Europa es, sin embargo, injusto. Los poderes económicos de la Comisión son limitados y no hay un Gobierno europeo en temas económicos.
Desafortunadamente la implementación de la Agenda de Lisboa ha sido otro intento frustrado por parte de la UE de tratar de dar un nuevo ímpetu a los retos económicos y competitivos del nuevo milenio que ha puesto al descubierto la falta de consenso en torno al proceso de reformas, el poder limitado de la UE (y del BCE) en imponer sus directrices a los países miembros en materias económicas y la falta de deseo por parte de la gran mayoría de los Gobiernos europeos de acometer reformas estructurales de envergadura que pueden conllevar un coste político en el corto plazo.
La experiencia de España desde su incorporación a la UE es un buen ejemplo de estas limitaciones. Este año conmemoramos el 20 aniversario de la incorporación a la entonces Comunidad Europea. La integración en Europa fue el catalizador final de la conversión de la economía española en una economía moderna anclada en el modelo social europeo. La adhesión de España forzó a los actores económicos a adoptar la normativa comunitaria en áreas como el IVA, la Política Agraria Común, las tarifas arancelarias exteriores, el mercado único o la unión monetaria (UEM). Al mismo tiempo la integración atrajo inversión productiva, permitió el desembolso masivo de fondos europeos (unos 15.000 millones de euros de los programas de agricultura, desarrollo regional, formación y cohesión) y facilitó la implementación de reformas a nivel macro y micro. Los resultados han sido sobresalientes. En 20 años España ha sido capaz de cerrar la brecha de diferencial de renta con la media Europea: la renta per cápita ha subido 20 puntos, o un punto anual, alcanzando un 90% de la media europea. Desde 1996 España ha crecido una media de 1,4 puntos por encima de la media de la UE. Al mismo tiempo, la entrada en la UEM ha tenido efectos muy positivos como la estabilidad presupuestaria, la independencia del banco central y la reducción drástica de los costes de capital.
Sin embargo, a pesar de estos importantes logros la economía española se enfrenta a retos significativos, y la UE y la UEM no han llevado a la implementación de las reformas estructurales necesarias para afrontar estos retos. Tal y como muestro más detalladamente en otro trabajo (http://www.realinstitutoelcano.org/documentos/243.asp), en los últimos años España ha acumulado desequilibrios importantes. Pese al crecimiento robusto por encima del 3%, éste se asienta en cimientos frágiles, fundamentalmente en el consumo interno (que ha crecido cerca del 10% en 2005), el endeudamiento (110% de la renta disponible), y en la construcción (los precios han crecido un 130% desde 1997). El sector exterior ha tenido una contribución negativa al crecimiento (2 puntos en 2005%), y el déficit por cuenta corriente ha alcanzado el 7,5% del PIB. La inflación está 1,5 puntos por encima de la media europea, la tasa de temporalidad (un 33,3%) es la más alta de Europa y el salario medio se ha visto reducido en nuestro país un 0,5%, acumulando seis semestres consecutivos de descensos. Este patrón de crecimiento no es sostenible.
La solución debe de venir por el crecimiento de la productividad y la flexibilización del mercado laboral (uno de los más rígidos de la OCDE). Sin embargo estas necesarias reformas no van a venir impuestas por la UE. La experiencia de España en la UEM muestra que el proceso de reformas no puede ser importado desde Europa, que carece en gran medida de los poderes y los instrumentos para forzar a los Gobiernos nacionales a adoptar reformas. Por el contrario, se puede argumentar que la pertenencia a la UEM, al reducir los costes de capital y facilitar la financiación del déficit exterior, ha contribuido al patrón de crecimiento descrito y ha permitido al Gobierno posponer las reformas necesarias. Hemos perdido un tiempo de oro y nos estamos durmiendo en los laureles.