Desigualdades globales en poder
La teórica representación igualitaria de los países en los organismos multilaterales no implica una misma capacidad para tomar decisiones. A menudo, los intereses de los países en desarrollo chocan con las reglas y procesos de los mercados globales, que otorgan mayor poder de influencia a los más fuertes económicamente
Las reglas y procesos de los mercados globales pueden ser injustos para los países en desarrollo. El poder de un país en la toma de decisiones de los bancos multilaterales está correlacionado con su fortaleza económica. Aun cuando cada país esté igualitariamente representado en un organismo internacional como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o la Organización Mundial de Comercio (OMC), fuerzas poderosas pueden sacar tajada a costa de los intereses de los países en desarrollo (por ejemplo, mediante acuerdos bilaterales separados). Y la capacidad de los países en desarrollo de tomar decisiones informadas puede ser limitada.
Los países pobres carecen de los recursos financieros y de capital humano que les permitan ser participantes igualitarios en los organismos internacionales en los que se toman decisiones que los afectan a ellos y, más allá de esto, en el establecimiento de las reglas con las cuales opera el sistema internacional.
En el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) -brazo del Banco Mundial para préstamos comerciales-, el poder de voto de un país depende del porcentaje de acciones que tenga del BIRF. Los accionistas más grandes son Estados Unidos, con el 16,4%; Japón, con el 7,9%; Alemania, con el 4,5%, y Francia y el Reino Unido, con el 4,3%. Cada uno tiene un representante en la junta directiva. En contraste, todos los países subsaharianos en conjunto tienen dos representantes y el 5,2% del voto. China e India tienen ambos un 2,8% del voto.
Los países pobres carecen de los recursos financieros y de capital humano para participar de forma igualitaria en los organismos internacionales
La influencia de los países en el establecimiento de la agenda para las instituciones no se limita a ser miembros de la junta. En un estudio, Filmer y otros (2004) muestran que aproximadamente dos tercios de las posiciones de alta gerencia del Banco Mundial las ocupan ciudadanos de la parte I -principalmente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)-, aunque éstos representan menos de un quinto de la población global y una porción más pequeña de la cantidad de países miembros.
En la OMC cada país tiene un voto. Es más, puesto que las decisiones se toman por consenso, todo país tiene efectivamente poder de veto. De manera que la OMC, por lo menos en el papel, es quizá la más democrática de las organizaciones internacionales. En la práctica, la capacidad de los países de influir en la agenda y en las decisiones depende crucialmente de su capacidad de estar presentes, de seguir las negociaciones, de estar informados y de entender cabalmente el impacto de los complejos problemas que se tengan entre manos. Un indicador aproximado de la capacidad de un país es el tamaño de su representación en Ginebra. Un estudio de Blackhurst, Lyakurwa y Oyejide (2005) reveló que solamente ocho de los 38 países subsaharianos tenían cerca de cinco delegados residentes (el promedio de la OMC) registrados en la dirección de la OMC. Peor aún, 19 de los 38 países -la mitad de los miembros subsaharianos en la OMC- no tenían ningún delegado residente en Ginebra. Solamente Nigeria tenía una delegación para negociar exclusivamente con la OMC.
Aun cuando la representación del país en la arena internacional se considere adecuada, es debatible si los representantes de algunos países son cabalmente responsables ante sus ciudadanos. Hay considerables diferencias entre los países con respecto al grado en que sus instituciones políticas y legales proveen a sus ciudadanos de entornos justos, transparentes y exclusivos para mejorar y elevar sus activos. Aunque son muchos los problemas para tratar de medir esas cosas, Kaufmann, Kraay y Mastruzzi (2004), en la evaluación más completa hasta la fecha, integran datos recogidos por 25 fuentes independientes construidas por 18 organizaciones (comerciales y de defensa). Los autores usaron los datos para proporcionar una base empírica común para evaluar las diferencias relativas entre los países en cuanto a la calidad de su 'ejercicio del gobierno'.