España suspende en inflación con la UE
Una de las asignaturas pendientes de la economía española sigue siendo la inflación. Desde 1998, único ejercicio en el que el crecimiento del índice de precios de consumo fue inferior en España frente a los otros vecinos europeos, la inflación española siempre se ha mantenido casi un punto por encima de la media de los países integrados en la zona euro, acumulando en los últimos nueve años un diferencial de 9,6 puntos respecto a la zona euro hasta la actualidad.
Este es uno de los principales asuntos que se analizan en el último 'cuaderno de información económica' de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). En él se trata de establecer algunas directrices que conduzcan a la creación de un marco estable que genere crecimiento económico. El diferencial de la inflación española respecto a la zona euro es abordado por Ángel Laborda, director del gabinete de Coyuntura y Estadística de Funcas, quien afirma que el proceso de convergencia en niveles de renta y en la estructura del aparato productivo, no se ha visto acompañado en el capítulo de los precios. 'Parece ser', dice el autor en su artículo, 'que el hecho de ser relativamente más pobres ha generado una cultura económica del crecimiento a cualquier precio, en el que la inflación y los déficits públicos se ven como problemas de segundo orden y como efectos colaterales negativos (y para muchos necesarios) para obtener crecimientos diferenciales del PIB', asegura.
No obstante, Laborda reconoce que el proceso de convergencia de España con la Unión Europea en materia de inflación es claro, aunque incompleto. Así, el diferencial anual entre 1980 y 1986 fue de 6,2 puntos, porcentaje que bajó hasta 2 puntos en el periodo entre 1986 y 1996, y finalmente ha quedado reducido a un punto entre 1996 y 2005.
A su juicio, el principal obstáculo con el que se encuentra la economía española en la actualidad es la imposibilidad de ajustar el tipo de cambio (al desaparecer la peseta) con lo que es imposible corregir por esta vía la pérdida de competitividad acumulada.
El autor confirma así que desde la integración monetaria estas pérdidas de competitividad deben ser cubiertas ajustando los niveles de producción y empleo.
El texto también intenta desmontar la teoría sobre el paralelismo entre la subida de los precios del petróleo y la subida del índice de precios al consumo (IPC) en un país con una clara dependencia energética como España. Según Laborda, el grupo relacionado con la energía en el IPC ha sido precisamente el que menos ha contribuido de forma directa a la mayor inflación en España, puesto que su diferencial con respecto a la Unión Europea ha sido el único que se mantenido en negativo en los últimos nueve años.
En el lado contrario se encuentran los alimentos sin elaborar, que han mantenido la mayor diferencia de precios con la Unión Europea, con dos puntos en los últimos nueve años (4,2% para España y 2,2 para la UE).
Ese aumento de precios se ha debido, según el autor, al mayor crecimiento de las exportaciones en detrimento de la demanda interna; al aumento de la demanda por el crecimiento de la población inmigrante y a la 'ineficiencia' del sistema de distribución de las grandes superficies comerciales.
Simplificar impuestos para luchar contra el fraude
'El principal problema de nuestro sistema impositivo es el elevado nivel de fraude y las extendidas prácticas de elusión fiscal'.Con esta reflexión comienza Juan Antonio Gimeno, catedrático de Economía y Hacienda Pública y rector de la UNED, su artículo 'Una nota sobre la reforma del IRPF', publicado en el último cuaderno del Funcas. Gimeno señala que el nivel de fraude es muy reducido en los rendimientos sujetos a retención en origen, fundamentalmente las del trabajo y pequeñas rentas de capital, y que el gran conjunto de los fraudes se concentran en determinadas rentas de capital y en los tramos elevados de rentas salariales.Para la corrección de estos problemas, el autor apuesta por la simplificación del impuesto, que se diseñe sobre los supuestos socialmente más frecuentes y que suponga el mínimo de complicaciones para los contribuyentes.Esta simplificación, según Gimeno, debe llegar también al gran número de incentivos y medidas de protección que se han aprobado, en especial a los incluidos en el impuesto sobre la renta de personas físicas. Entre ellos, el autor discute la idoneidad de algunos incentivos, que representan un gran porcentaje en el dinero recaudado, como las deducciones por vivienda, que supone el 20% del total, o las pensiones, que representan el 10%.