Las empresas ante los residuos ofimáticos
La ofimática se ha asentado como una de las claves tecnológicas puestas al servicio de la productividad y competitividad empresariales. Los diferentes estudios sobre la materia coinciden en afirmar que los usuarios corporativos manifiestan su confianza en las prestaciones de fotocopiadoras, faxes e impresoras, convertidas en uno de los ejes directrices de la vida empresarial.
La otra cara de la moneda se plantea cuando un usuario decide renovarlos y no sabe qué hacer con los viejos. Es posible que en pequeños usuarios esto no plantee grandes problemas, pero pensemos en el caso de un banco que puede llegar a tener miles de estos equipos.
La constante evolución a la que están sujetos ocasiona que su ritmo de renovación sea cada vez más elevado, situándose sus plazos de obsolescencia en torno a 4-7 años. La cantidad y tipología de los residuos que generan varía bastante en función del tipo de producto y del segmento al que pertenece dentro de cada familia. El peso medio de una fotocopiadora es de 100 kilos, el de un fax de 10 kilos y el de una impresora de 8,5 kilos. Los principales materiales que, en diferentes porcentajes, están presentes en estos equipos son placas, metal, plástico, cables y vidrio, entre otros. Algunos de sus componentes (pantallas de cristal líquido, tubos fluorescentes, condensadores ) contienen determinadas sustancias contaminantes, como plomo, mercurio o PCB. Su abandono incontrolado o su disposición en vertederos pueden ocasionar impactos ambientales muy negativos, incluyendo emisiones a la atmósfera de sustancias nocivas en caso de incendios o contaminación de suelos y aguas por los lixiviados.
Ante todo ello, la gran pregunta que se plantea a las empresas es cómo gestionar las toneladas de residuos que generan los productos ofimáticos cuando hay que deshacerse de ellos. Como respuesta a esta situación, el 25 de febrero de 2005 se promulgó el Real Decreto 208/2005 sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la Gestión de sus Residuos. Este Real Decreto supone la incorporación de las Directivas Europeas (RAEE y RoHS) al ordenamiento jurídico español. La normativa, que entró en vigor pronto hará un año, el 13 de agosto de 2005, establece la obligatoriedad de la recogida selectiva de los residuos de estos equipos y hace recaer la responsabilidad de este proceso en la figura del productor. Se entiende por productor el que fabrica y/o vende estos productos bajo marca propia; quien pone en el mercado con marca propia los fabricados por terceros; y/o el que se dedica profesionalmente a su importación o exportación a terceros países.
Conscientes de este reto, los principales fabricantes de equipos de ofimática e impresión digital que desarrollan su actividad en el mercado español decidieron unir sus esfuerzos y anticiparse a la legislación, organizando un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que facilitara la gestión de manera conjunta y coordinada de los residuos de estos aparatos, generando así las pertinentes sinergias y economías de escala. Este SIG es la Fundación Ecofimática que, desde el inicio de sus actividades en febrero de 2002, ha gestionado más de 1,3 millones de kilos de residuos de estos equipos evitando que su destino final fueran vertederos o lugares inapropiados.
Como dato significativo, se trata del primer SIG de estas características que obtuvo el reconocimiento por parte de las Administraciones públicas para desarrollar su actividad de manera oficial. Gracias a ello, los productores ya disponen de una respuesta concreta, consolidada y ajustada a lo que indica la legislación, pudiendo adherirse a este sistema y beneficiarse de sus ventajas competitivas en materia de costes económicos y procesos operativos.
Todos los que formamos parte de Ecofimática estamos convencidos de que asumir eficazmente estos retos a partir de la legislación vigente va a ser mucho más fácil una vez que ya contamos con un SIG operativo. La sensibilización y colaboración de los productores y usuarios de estos equipos será imprescindible para ganar la batalla a la basura tecnológica, situando a España en vanguardia internacional y ayudando en la medida de nuestras posibilidades a la consolidación del concepto de sociedad de la información.