El Tribunal de la UE anula el acuerdo con EE UU de cesión de datos de pasajeros

El Tribunal de Justicia europeo sembró ayer la incertidumbre en el mercado transatlántico de aviación al declarar ilegal el sistema de transmisión de datos de pasajeros pactado por la UE y EE UU en 2004. Los jueces, sin entrar a valorar el riesgo de ese acuerdo para la vida privada de los viajeros, consideran que Bruselas se equivocó de base jurídica para negociar con Washington.

La sentencia, dictada ayer en Luxemburgo, da la razón al Parlamento europeo, que presentó un recurso contra el acuerdo firmado en Washington el 28 de mayo de 2004 entre la UE y EE UU. La Eurocámara discrepaba sobre la base jurídica utilizada, que impidió a los europarlamentarios pronunciarse sobre el alcance del pacto y sus posibles consecuencias para el respeto a la intimidad de los ciudadanos europeos.

Los jueces, en efecto, han anulado la decisión del Consejo que avaló el acuerdo con Washington y la decisión de la Comisión Europea que aceptó las supuestas garantías de EE UU en el tratamiento de los datos enviados. El Tribunal concluye que la directiva y el artículo del Tratado invocados 'no justifican la competencia comunitaria para firmar ese tipo de acuerdos'. El veredicto, en aras de la seguridad jurídica de las compañías aéreas, mantiene la validez de la decisión comunitaria sobre la protección de los datos transmitidos hasta el próximo 30 de septiembre.

La victoria judicial del Parlamento, sin embargo, quizá no impida que las líneas aéreas sigan transmitiendo a EE UU 34 datos por pasajero. Fuentes comunitarias indicaron ayer que el vacío legal puede resolverse rápidamente firmando el mismo acuerdo pero con otra base jurídica. La vía, en concreto, sería un aval intergubernamental de todos los socios de la Unión, prescindiendo del carácter comunitario del acuerdo.

Aún así, la sentencia amenaza con colocar a las líneas aéreas en la misma tesitura que afrontaron tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. EE UU exigió entonces por ley que los aviones que entrasen en el país facilitasen más de una treintena de datos de identificación de cada pasajero. La negativa a colaborar podía acarrear multas de 5.000 dólares por viajero o la cancelación del derecho de aterrizaje.

Las compañías europeas comenzaron a facilitar los pormenores requeridos, exponiéndose a sanciones en sus países de origen por violar las normas europeas sobre protección de datos. Bruselas resolvió la contradicción negociando un convenio con Washington que, por una parte, limitase el número de datos y, por otra, estableciese ciertas salvaguardas sobre su utilización, así como un periodo de tres años y medio para su destrucción.

El entonces comisario europeo de Mercado Interior, Frits Bolkestein, admitía el día de la firma que 'una solución negociada nunca es perfecta, sobre todo, cuando tienes que hacer frente a una ley aprobada por un Congreso estadounidense que, comprensiblemente, piensa que es vital para proteger a EE UU frente al terrorismo'.

Ese estrecho margen de negociación llevó a la Comisión y al Consejo a obviar las objeciones del Parlamento y del Supervisor europeo sobre protección de datos, que también ha intervenido en el juicio en contra del acuerdo. 'La alternativa no hubieran sido más concesiones por parte de EE UU, sino la incertidumbre legal', justificó Bolkestein la decisión.

Dos años después, esa puede ser exactamente la situación. El actual comisario de Justicia e Interior, Franco Frattini, auguró ayer 'serios problemas a partir de octubre si no alcanzamos un acuerdo'. La Comisión asegura que EE UU ha expresado su disposición a replantear el convenio. Pero la capacidad de negociación de Washington está delimitada por la ley aprobada tras los atentados del 11-S.

Bruselas, en cambio, quizá no pueda ignorar de nuevo la inquietud de una parte de la opinión pública respecto a la utilización de su filiación. Por lo pronto, la UE cuenta con 25 socios y no 15 como cuando se negoció el actual acuerdo (aunque los 10 países de la ampliación también lo suscribieron).

El clima de las relaciones bilaterales entre la UE y EE UU también ha variado. Por un lado, la comprensión de la que hablaba Bolkestein sobre la necesidad de EE UU de protegerse quizá ya no sea tan evidente. Y por otro, Washington ha escandalizado a una buena parte del planeta con su particular interpretación de los derechos humanos y de las garantías judiciales. Los oprobios de Guantánamo y Abu Ghraib, entxre otros, hacen más inquietante el valor de esos 34 datos personales tan ansiados por los sabuesos de George W. Bush.

Desde el 'e-mail' hasta el número de asiento

Bruselas regateó durante más de un año con la administración de George W. Bush para reducir el número de datos personales de los pasajeros exigidos a las compañías aéreas. Pero lo hizo bajo el ultimátum estadounidense de que el 5 de marzo de 2003 comenzaría a sancionar a las empresas que no colaborasen. Al final, la Comisión Europea aceptó la transmisión de 34 de los 60 datos personales que suele contener un billete de avión.El interés de las autoridades estadounidenses incluye desde el nombre, apellidos y señas del viajero hasta su correo electrónico, su número de asiento o las veces que ha comprado un billete en el último momento. Washington se comprometió con Bruselas a no utilizar otros más sensibles, como los relativos a las preferencias gastronómicas, que hubieran permitido extraer conclusiones sobre la raza, religión o salud del pasajero.