El síndrome de las nacionalizaciones
La nacionalización del gas decretada por el presidente Boliviano, Evo Morales, no es desafortunadamente un hecho aislado sino la culminación de una serie de medidas por las que varios Gobiernos latinoamericanos están modificando las reglas de juego y las condiciones de presencia de empresas extranjeras en sus países. En Argentina, desde 2001, las empresas extranjeras están inmersas en un proceso negociador para redefinir las condiciones en las que operan en el país. En Venezuela el Gobierno de Chávez ha forzado el año pasado la renegociación de los contratos con multinacionales petroleras, y acaba de anunciar hace unos días un nuevo impuesto a la extracción de petróleo. En Ecuador, en las últimas semanas se han producido manifestaciones en contra de la presencia de Occidental Petroleum y el Gobierno esta considerando la revocación del contrato de explotación. Perú también esta estudiando las revisiones de los contratos y los dos candidatos presidenciales han anunciado que, de vencer el 4 de junio, potenciaran el papel del Estado en la economía.
Las empresas españolas están siendo muy afectadas por estos cambios regulatorios que están perjudicando a sus inversiones e influyendo en sus cotizaciones bursátiles. España es el primer inversor extranjero en Argentina, el segundo en Bolivia y el cuarto en Perú. Telefónica, Repsol-YPF, Endesa e Iberdrola se encuentran entre las 50 mayores multinacionales no financieras que operan el Latinoamérica, y el BBVA y el SCH dominan el sector bancario en la región.
La cotización del Ibex sufre caídas causadas por temores a subidas adicionales de los tipos de interés y por las noticias provenientes de Latinoamérica. Uno de los grandes perdedoras ha sido el grupo Repsol-YPF después de comunicar resultados operativos por debajo de las previsiones y el anuncio de Evo Morales de que no iba a indemnizar a las petroleras extranjeras por la decisión de nacionalizar los hidrocarburos. Esta preocupación se ha intensificado tras el ultimátum de tres días que dio el Gobierno boliviano al BBVA para que le entregase las acciones que gestiona en petroleras a través de fondos de pensiones, que de confirmarse el vicepresidente, Pedro Solbes, ha calificado como 'inaceptable.'
Lo sorprendente es que los inversores parecen hacer oídos sordos a estas políticas populistas y están ignorando los riesgos de invertir en estos países. El año pasado la Bolsa de Caracas subió un 5% y la de Buenos Aires un 35%. En este sentido, la región parece estar beneficiándose de factores como el rápido crecimiento económico de Asia y la consiguiente demanda de materias primas cuyo precio ha subido, el boom de consumo en EE UU, los relativamente bajos tipos de interés y la abundancia de crédito. Todo ello ha contribuido al crecimiento económico de estos países y a su estabilidad macroeconómica (Brasil ha reducido su deuda externa del 40% del PIB en 2002 al 13,5% en 2006 y Argentina del 118% al 42,5%). Las asignaturas pendientes siguen siendo la pobreza y las desigualdades, de ahí el atractivo de líderes de izquierda elegidos con programas de redistribución y de aumento de gastos sociales.
Hay que recordar, sin embargo, que la tendencia a elegir líderes populistas para resolver los problemas sistémicos de pobreza y desigualdad del continente (que se puede acentuar en los próximos meses con la posible elección de López Obrador en México, García o Humala en Perú, u Ortega en Nicaragua) puede estar lejos de ser la solución, ya que los resultados de las políticas populistas son todavía muy cuestionables.
En Venezuela, pese a que Chávez ha dirigido 170.000 millones de dólares a fondos sociales especiales y a la labor de las misiones en las zonas más pobres, el desempleo y la pobreza han aumentado (un 53% de la población vivía por debajo de la pobreza en 2004, 9,2 puntos por encima de 1999 cuando el llego al poder, pese a los intentos del Gobierno de manipular los datos cambiando la metodología). La inseguridad en las calles y el crimen han empeorado dramáticamente y la política de vivienda, en un país con un déficit de 1,6 millones de viviendas, ha sido un desastre (en 2005 el Gobierno sólo construyó un 34% de las viviendas que tenía planeadas). Además, la producción de petróleo ha caído un 60% desde que gobierna Chávez como consecuencia de la falta de inversión, y de tecnología avanzada y mano de obra cualificada. Las nacionalizaciones pueden proporcionar rentabilidad política a corto plazo pero en el medio plazo ahuyentan a los inversores, aumentan el desempleo, y empobrecen aún más a los pobres.
A estos Gobiernos les puede llevar la actual situación de bonanza a nivel macro (a la que contribuye Chávez con su flujo de petrodólares a otros países) a cierta complacencia sobre la situación de sus economías. Ahora navegan en la cresta de la ola, muy beneficiados por el aumento en el precio de las materias primas (América Latina contabiliza un 10% de las reservas mundiales de petróleo y un 4% de las de gas natural). Pese a todo, el crecimiento medio de la región, que fue de un 4,2% en 2005, sigue siendo mucho más bajo que el de otros países emergentes en Asia. Por ello sigue siendo crítico que lleven a cabo reformas estructurales que mejoren sus eficiencias en el medio plazo, diversifiquen sus economías e inviertan en educación e infraestructura. Si no lo hacen pueden perder una oportunidad histórica. Los modelos deberían de ser Chile, Colombia o Uruguay, que defienden políticas pragmáticas de mercado con un importante componente de reformas sociales, y al mismo tiempo transmiten mensajes de seguridad jurídicas a los inversores.
Es un momento delicado para los inversores en el que no sólo está en juego la estabilidad institucional y normativa sino también la vigencia del derecho de propiedad. El gran riesgo es que los políticos españoles y europeos envíen señales ambiguas que debiliten las posiciones negociadoras de las empresas y hagan cuestionar a los inversores el compromiso de sus Gobiernos con el apoyo a sus inversiones.