Regular menos y mejor
Hace un año la OCDE presentó su informe sobre la regulación de mercados y productos en su ámbito. Los autores combinaron 17 indicadores primarios, que agruparon en las proporciones adecuadas para formar siete indicadores principales que daban cuenta del nivel de la presión soportada, en este campo, en cada país. España tiene una carga de obligaciones de información, restricciones, etcétera, superior al promedio del grupo, del que sólo nueve países de un total de 30 que forman parte de la OCDE tienen una regulación más intensa.
El tiempo de dedicación requerida para conocer las normas, cumplir con los diferentes requisitos y llevar los registros necesarios, más la atención a las inspecciones y el pago de asesores, es una desventaja competitiva cuando supera el que se exige en países competidores. De ahí el interés de organismos como la OCDE y la Comisión Europea por simplificar obligaciones de cumplimiento y aligerar cargas innecesarias, sin que de ahí se derive menor capacidad de control o de protección de los ciudadanos.
Como resultado de esas recomendaciones y de la labor de otros organismos se han obtenido algunas mejoras y, en comparación con el informe previo de 2003, el del año pasado muestra un descenso en el valor de los indicadores principales en el conjunto de la OCDE y en España. Sin embargo, la reducción ha sido más intensa en el grupo que en España, y el diferencial de carga que perjudica a España ha crecido.
El reconocimiento de la importancia de una regulación eficiente y, a la vez, sencilla es un paso en la vía recomendada por la Comisión Europea
Los intentos de mejorar la calidad de la normativa económica se suceden con escaso éxito. Aún hay políticos que consideran, e incluso proclaman, que el volumen de normas aprobadas es un buen indicador de la actividad de gobierno. Sin embargo, la convicción de que hay un exceso de normas, junto con la presión competitiva de mercados cada vez más abiertos, han llevado a la apreciación contraria. Así, en el Reino Unido la Better Regulation Task Force, que piensa lo contrario, propugna cinco principios para la good regulation que merecen ser considerados como una guía.
El primer principio es proporcionalidad, que insta a intervenir sólo cuando es necesario, con actuaciones adecuadas al riesgo en presencia, costes de cumplimiento identificados y minimizados. El segundo es la rendición de cuentas, para lo que los reguladores deben ser capaces de justificar sus decisiones e informar con transparencia y amplitud. El tercero es la consistencia de las diferentes normas y la corrección de su puesta en práctica. El cuarto es la transparencia que obliga a comunicar objetivos, realizar consultas efectivas y escuchar opiniones, redactar con claridad y sin ambigüedades, dar tiempo a las adaptaciones apropiadas e informar a los obligados de sus deberes y riesgos de sanción. El quinto es la precisión de la finalidad perseguida, para que haya concentración en el objetivo y minimizar los efectos laterales.
En línea con esas orientaciones, y con la convicción de que el exceso de normas es inadecuado, en Cataluña, la Consejería de Economía y Finanzas ha presentado un plan de medidas contra la inflación divididas en 11 bloques, de los que tres están en línea simplificadora. En el primero se incluyen cuatro medidas de mejora de racionalización y eficiencia en la Administración pública. En el segundo, cuatro más de impulso a la competencia que incluyen, explícitamente, la revisión de la regulación sectorial para detectar las normas que incluyan aspectos anticompetitivos. En el tercero hay cuatro acciones orientadas a reducir trámites y costes impuestos a las empresas.
El resto se refiere a actuaciones de defensa del consumidor, actuaciones en mercados concretos, formación, sanidad, transportes y logística, vivienda, energía e instrumental estadístico. Es importante la fijación de un plazo para cumplimentar la totalidad así como establecer un mecanismo de seguimiento con obligación de informar de lo realizado.
Es probable que el plan contra la inflación tenga resultados moderados pues la política monetaria que insta al endeudamiento se decide en otro ámbito. Tampoco se puede afectar al precio del petróleo y a muchos otros aspectos, pero el reconocimiento de la importancia de una regulación eficiente y, a la vez, sencilla es un paso en la vía que recomienda la Comisión Europea y en la que se han adentrado, además del Reino Unido, Bélgica, Dinamarca e Irlanda, entre otros.
Además de revisar la normativa acumulada, conviene prevenir frente al intento de regular sin tener en cuenta los principios comentados. Con la nueva normativa se puede estar seguro de su coste, pero en muchas ocasiones los resultados son impredecibles, y tanto más cuanto menos consultas previas se han hecho y cuanto más drástica y ambiciosa es la norma.