Aprovechar la bonanza económica
Los datos que se van conociendo sobre la evolución de nuestra economía indican el mantenimiento de la tasa de crecimiento por encima del 3%, lo que se traduce en una mayor riqueza y unos aceptables niveles de empleo, sobre todo si lo comparamos con lo sucedido una década atrás. Y aunque existen algunos desajustes importantes, como la inflación, que supera el 4%, y el exagerado déficit comercial, que son una amenaza cierta al desarrollo futuro, todavía queda margen para realizar políticas de equilibrio social de las que tan falto sigue nuestro país.
No obstante, en los dos últimos años tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas vienen dedicando la mayoría de sus esfuerzos a redefinir su estatus jurídico-constitucional, sin que de ello se vislumbre una mejora para los ciudadanos, más bien lo contrario: son cada vez mayores los síntomas de insolidaridad y desequilibrio, que creíamos superados.
El ciclo económico de los ocho años transcurridos ha permitido que España sea un referente de crecimiento en el seno de la UE, que continúa débil en esa materia, y también ha producido un aumento, para algunos desmesurado, de las corrientes migratorias hacia nuestro país: en muy poco tiempo el conjunto de la población inmigrante representará el 10% del total de la población española. Ese alud de inmigración se concentra fundamentalmente en Madrid y Barcelona, por lo que es fácil deducir que servicios públicos importantes, básicamente educación y sanidad, están sufriendo un incremento notable de nuevos demandantes antes de haber logrado la satisfacción de los existentes. Las encuestas de opinión muestran una insatisfacción creciente de la población con el fenómeno, sobre todo entre las clases medias bajas y trabajadoras, lo que debería obligar a su estudio y resolución, huyendo de calificaciones apresuradas de xenofobia que, a veces, se convierten en excusas de la incapacidad de previsión y gestión del poder público.
Frente a la realidad de esos hechos constatamos que España sigue alejada en políticas de atención social del esfuerzo medio, en términos de PIB, del núcleo central de la UE. Los presupuestos públicos no reaccionan adecuadamente y se mantiene inalterado un discurso doctrinal que considera plausible el recorte del Estado de bienestar, dando a entender que todos estamos en el mismo nivel de suecos, franceses o alemanes, lo que, en el caso de España, es rotundamente falso. Aquellos es posible que puedan pensar en la reordenación de sus Estados de bienestar, pero nosotros todavía debemos procurar alcanzarlo.
Alguien podía pensar que el Gobierno actual iba a encarar el cambio de discurso para justificar la puesta en práctica de políticas públicas que ayudaran al equilibrio social y educativo del país. Pero en el tiempo transcurrido, casi dos años, ha habido preocupaciones loables por el aumento de derechos civiles de sectores minoritarios y poco interés por las cuestiones que preocupan a las mayorías. Salvo el anunciado proyecto de dependencia, todavía inmaduro y poco fundamentado financieramente, no se nos ocurren asuntos destacables. Y el ciclo económico positivo no es eterno.
La generación de recursos que se deriva de un crecimiento económico como el español debería permitir que el poder público aprovechara la coyuntura para mejorar la gestión de las Administraciones y prever las necesidades de los ciudadanos. Para ello se requeriría contar con políticas homogéneas y una dirección firme. De momento, nada de eso parece ocurrir: el poder central, léase el Gobierno de la nación, sigue despojándose de facultades y recursos fiscales hasta quedar impedido en la práctica de ejecutar políticas de interés general. Esa actuación se realiza en beneficio de las comunidades autónomas, heterogéneas políticamente y en general con escaso sentido del Estado, que no adoptarán iniciativas comunes y constructivas ante los problemas generales de España.
Hasta ahora, la bonanza económica ha permitido aquellas licencias, pero la gran cuestión es, si transcurrido este periodo y ante la necesidad de ser más austeros y eficaces, los españoles contaremos con los instrumentos adecuados para ello. Si la deriva actual se cambia, y es perfectamente posible y exigible que así sea, España podrá encarar ciclos económicos adversos con garantías de cohesión social. Lo contrario sería sumirse en la decepción y la inestabilidad.