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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Más igualdad en las empresas

El anteproyecto de la Ley de Igualdad aprobado el viernes por el Consejo de Ministros ha sido recibido con durísimas críticas por la patronal CEOE, que asegura que supone 'un rejón de muerte' para el diálogo social. Las empresas temen que las medidas propuestas se conviertan en un ariete sindical de cara a la negociación de los convenios colectivos y que, incluso lo que por ahora son sólo son sugerencias, sea considerado de la noche a la mañana como un derecho irrenunciable en empresas de todo tipo y tamaño. Un temor que los sindicatos deberían atajar cuanto antes, dejando claro que buscarán una aplicación progresiva y razonable de la norma.

Tal como está prevista en estos momentos, la ley obligará a negociar medidas destinadas a impulsar la igualdad de género en todas las empresas, y planes más elaborados en aquellas compañías que tengan más de 250 trabajadores. Además se pondrá en marcha el nuevo permiso de paternidad de ocho días tanto para padres biológicos como adoptivos (el coste del salario y las cotizaciones será asumido por la Seguridad Social), se amplía el derecho a tener jornada reducida para cuidar a los hijos hasta que éstos tengan ocho años (ahora es hasta los seis años) y se computarán como cotizados los dos primeros años de excedencia para el cuidado de los hijos y el primero por atención a familiares dependientes.

En el caso de las grandes empresas, el Gobierno pone como objetivo que un 40% de los miembros del consejo de administración sean mujeres. Una cifra que contrasta notablemente con la realidad del país, ya que en estos momentos la mujer sólo ocupa un 4% de los puestos de consejero de las empresas cotizadas en Bolsa. El Ejecutivo se limita a lanzar la propuesta a las compañías y dentro de cuatro años evaluará si se han producido o no avances en este terreno y actuará en consecuencia (no descarta imponer una cuota de cumplimiento forzoso).

Con estas propuestas, el Gobierno responde a una realidad social innegable. A pesar de la entrada masiva de la mujer en mercado laboral y de su relativa preponderancia en el universitario, los estudios confirman que, a igual nivel de preparación, la mujer sigue cobrando hasta un 40% menos que el hombre. Día tras día se publican informes y estadísticas que señalan que la mujer accede mayoritariamente a los empleos más precarios y peor remunerados, sin que existan razones sustantivas para ello. Y pocos se atreverían a cuestionar la existencia en muchas empresas del denominado techo de cristal, que frena de manera sistemática el acceso de la mujer a los puestos de máxima responsabilidad de las organizaciones (incluidos los consejos de administración).

Sin embargo, es natural que las empresas reclamen una aplicación diferente de estas medidas en sectores en los que la presencia de la mujer es significativamente más escasa (como, por ejemplo, la construcción y el metal) y que las compañías más pequeñas necesiten ayudas y respaldo adicional para aplicarlas. En cuanto a los sindicatos, deberían hacer un ejercicio de responsabilidad a la hora de trasladar estas propuestas a los convenios. Sólo así podrá garantizarse un éxito que redundará en beneficio de todos.

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