La supervivencia de los planes, en duda
Hay una mezcla de incredulidad y de indignación en el mundo de los planes de pensiones. Pero también hay una especie de ley del silencio. Los gestores no quieren hablar. Las predicciones que manejan son bastante pesimistas. El director general de una de las primeras gestoras españolas lo explicaba esta semana sin rodeos: 'Nos hemos pasado 15 años edificando un sistema de pensiones privado con un notable esfuerzo por parte de todos, y con un gran éxito, como demuestran las cifras, y ahora la nueva normativa se lo carga de un plumazo. Es algo que no tiene precedentes en el mundo desarrollado'.
La nueva arquitectura fiscal que contempla el nuevo IRPF impone un corte drástico a los incentivos para los planes de pensiones, en especial para una de las vías que hasta ahora más habían utilizado los partícipes en el momento del cobro de las prestaciones, la de percepción de las rentas en forma de capital, que tenían aparejada una deducción fiscal del 40%. Hace ya meses que desde ámbitos de la Administración socialista se venía insistiendo en que ésta era una vía de escape fiscal para las rentas altas.
Esa vía desaparece aunque de forma transitoria se establece, durante cuatro años, a partir de 2007, un mecanismo que permite realizar aportaciones (cada año menores, desde los 8.000 euros anuales en 2007 hasta los 2.000 euros en 2010) a los planes con la posibilidad de aprovechar los últimos coletazos de esa alternativa fiscal del 40% de deducción.
En la realidad, la percepción de las prestaciones en forma de capital (de una sola vez) está siendo muy utilizada por los inversores que llegan a la edad de jubilación. En 2004, según datos oficiales conocidos esta semana, el 62,5% de los partícipes jubilados (unas 64.300 personas) eligió este mecanismo de cobro de las prestaciones frente a un 28,2% que prefirió la vía de la renta y un 9,3% que optó por la fórmula mixta.
La percepción en forma de renta periódica, dada el escaso tiempo transcurrido en España para los partícipes de los planes (máximo de 15 años) tiene en la práctica poco aliciente. La renta periódica, que se implanta como fórmula prácticamente única y obligatoria en el nuevo IRPF, no satisfará a muchos. Teniendo en cuenta que los derechos adquiridos por los partícipes se sitúan, en promedio, en los 5.100 euros en la actualidad, este acopio de ahorro convertido en renta vitalicia se traduciría en el cobro de 20 a 25 euros mensuales.
Más aún, como señalan en el sector, en el caso de que un partícipe suscriba una renta vitalicia y al mes siguiente fallezca, todos los derechos consolidados (es decir, todo el dinero que ha ahorrado más los intereses o rentabilidad) no irían a parar a sus herederos sino que se perderían. 'Sería un excelente negocio para las compañías de seguros', afirma.
¿Corre peligro de extinción el sistema de pensiones privadas, complementarias e individuales, tal y como estaba diseñado hasta la fecha? Las hipótesis catastrofistas no escasean estos días en el sector, aunque hay alguna remota esperanza de que la ley se modifique en su versión definitiva. Una de las alternativas propuestas en el nuevo IRPF para fomentar el ahorro, los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), tampoco ha sido recibida de forma positiva por el sector, que ve en este mecanismo una reedición de los famosos planes de ahorro popular de 1991, que nunca llegaron a pasar del texto de la ley al de los reglamentos, por lo que desaparecieron antes de nacer.
Las aportaciones de los mayores
El recorte de los atractivos fiscales de los planes se dejará notar sobre todo en la cuantía de las aportaciones, ya que todo el ahorro generado por los mayores de 52 años, que en la actualidad pueden ir aumentando su aportación fiscalmente deducible a razón de 1.250 euros anuales adicionales hasta alcanzar los 24.250 euros a la edad legal de jubilación, dejan de contar con aliciente fiscal. El máximo de las aportaciones se establece en los 8.000 euros anuales por persona o en el 30% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas, aunque este tope es del 50% para los mayores de 52 años. El límite será la menor de las dos cantidades. El impacto negativo en el potencial de aportaciones anuales puede contribuir a frenar el crecimiento de un sector que acumula a un ritmo de 4.500 millones de euros al año.