COLUMNA

Tres lecturas para Cataluña

La propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña parte de dos décadas y media de experiencia de gestión pública descentralizada. En este lapso de tiempo aumentó la población, aparecieron retos nuevos como la emigración y la mundialización económica, la entrada en la Unión Europea y sus dos ampliaciones, la introducción de la moneda única y la pérdida de instrumentos de política económica. Lo nuevo de la situación, las carencias detectadas y el aprendizaje generado requerían adecuaciones en el marco legal (claridad de atribuciones y suficiencia de medios), en el ámbito económico (básicamente financiación para atender a servicios de salud, infraestructuras…), y en el político (procesos de toma de decisiones, cercanía a la población, pautas de gestión y reducción de conflictos de competencias).

En el plano legal están las competencias, en las que el acotamiento de las opciones previas generaba insatisfacción en los gestores por falta de atribuciones, pero también la posibilidad de eludir responsabilidades aludiendo a esas restricciones. El problema del acotamiento excesivo se ha abordado, en la opinión de muchos, torciendo el bastón en el sentido contrario y mezclando objetivos resolubles en poco tiempo con criterios estables de actuación. Además, hay puntos en que, con un enfoque más burocrático que funcionarial (no se confunda lo uno con lo otro, la diferencia es la misma que hay entre el exceso vicioso y la virtud centrada) se cae en reglamentismo.

En otro orden de cosas, un Estatuto es un marco institucional de convivencia de toda la población, por lo que conviene que ninguna sensibilidad quede subordinada a otras, de modo que la vivencia de la memoria histórica evite agravios. Las reformas deben hacerse en el marco constitucional y si éste se ha de modificar conviene que sea a través de los mecanismos que él mismo prescribe.

El sector público debería imponerse a sí mismo exigencias de eficiencia que fueran el correlato de las obligaciones que establece para la empresa privada

El compromiso con la libertad se reitera una y otra vez, pero el exceso de regulación la restringe y ese exceso se da en la normativa autonómica, estatal, municipal y en la comunitaria. La protección frente a los excesos del Estado, en forma de acotamiento de funciones y contrapoderes, apenas aparece. El sector público debería imponerse a sí mismo exigencias de eficiencia que fueran el correlato de las obligaciones que establece para la empresa privada, así como la responsabilidad por sus decisiones y las consecuencias de sus normas (costes de cumplimiento).

Equilibrar estos aspectos sería beneficioso pues, aunque se recuerde que el recoger una posibilidad de actuación no implica que se vaya a usar esa atribución, lo cierto es que la incidencia en la actividad -especialmente la económica- es intensa ya ahora.

En el ámbito económico, la financiación es uno de los escollos básicos que han perjudicado el crecimiento de Cataluña. Desde el Ministerio de Economía y Hacienda se han objetado las propuestas fiscales del proyecto de Estatuto. Es normal que haya diferencias de criterio, pero si se reconocen las implicaciones de la insuficiencia de dotaciones iniciales, de la población existente y de las carencias objetivas en materia de stock de capital público por persona y del flujo de inversiones per cápita es posible un acuerdo que recoja los planteamientos de ambas partes. La toma en consideración de los aspectos de eficiencia recaudatoria y gestora puede mejorar la eficiencia de la Administración.

La posibilidad -sin restricciones- de crear empresas públicas para el logro de sus fines es un elemento inquietante. El Estatuto enumera principios y criterios en muchos ámbitos, pero en éste no hay acotación alguna. Hay muchas y buenas razones basadas en la experiencia histórica y la reflexión económica sobre situaciones y países distintos como para aconsejar una prudencia que aquí no se aprecia. Algo similar pasa con las agencias públicas, que son entidades públicas de derecho privado, pero que en el fondo es el reconocimiento de las dificultades de gestionar de las Administraciones públicas, para lo que se busca la eficiencia privada, si bien con eso los órganos representativos terminan por reducir su capacidad de control.

En el ámbito político la discusión se hizo entre tres partidos que tenían la mayoría parlamentaria. Posteriormente se añadió otro y un quinto quedó fuera. Un procedimiento así permite a cada uno colocar sus preferencias, alguna de las cuales habría tenido pocas posibilidades de ser aprobada en una negociación abierta. Temas como la gestión de paradores, la renta básica o la responsabilidad social de las empresas, debieran haber sido precedidos de un debate adecuado incluyendo cálculos y toma en consideración de las implicaciones respectivas. También aquí la discusión en curso puede cubrir esas carencias y dar lugar a un texto más sólido y con presunción de estabilidad.