TRIBUNA

Por la neutralidad en la contratación del software

La dependencia de la tecnología por parte de organismos públicos y privados en su organización interna ha generado un fenómeno nuevo: la presión sufrida por los Gobiernos para sacar el máximo beneficio a sus inversiones en estos equipamientos. Hoy, la Administración analiza exhaustivamente el coste y rendimiento de todos los bienes y servicios que contrata. En el caso de los informáticos, se ha abierto una fuerte competencia entre los principales modelos, básicamente el de código fuente abierto y el propietario. Ante esta situación, los políticos y demás responsables en la gerencia pública se preguntan: ¿cuál de los dos hace que el valor de la inversión sea el más provechoso para los contribuyentes?

Esto es lo que ha hecho el Tribunal de Cuentas en su Informe de fiscalización sobre el análisis de la eficiencia del proyecto Rhodas, consistente en la migración a estaciones de trabajo Linux para el usuario final en el Ministerio de Administraciones Públicas.

La solución no pasa por dar una respuesta categórica y generalizada, sino que es ineludible analizar caso por caso las necesidades para ver qué modelo se ajusta mejor a los requisitos. Citando al propio Tribunal de Cuentas, 'la decisión de instalar un determinado software (en especial si es el propio sistema operativo) en una red como la que es objeto del presente informe (de 8.000 ordenadores personales), plantea la necesidad de considerar cuidadosamente, con carácter previo, una serie de circunstancias de tipo técnico y económico y planificar detalladamente un programa de actuación, puesto que las implicaciones para el correcto funcionamiento de los servicios (...) y para la eficiencia y economía del gasto (...) son muy importantes'.

Sin embargo, las entidades públicas no siempre llevan a efecto esta línea de actuación. En los últimos tiempos, asistimos a iniciativas que establecen preferencias categóricas y discriminatorias a favor de un modelo de software determinado, en su mayoría de código fuente abierto.

La Iniciativa para la Elección de Software (ISC, en sus siglas en inglés; www.softwarechoice.org) defiende que los poderes públicos no intervengan a favor de ningún modelo de software, garantizando políticas de neutralidad en la contratación pública de software. ISC entiende que todos los modelos de desarrollo aportan valor al mercado del software y, por eso, deben competir entre ellos en igualdad de condiciones. La elección de uno u otro debe hacerse en función de criterios objetivos -coste total de la propiedad, prestaciones, funcionalidad, seguridad, vulnerabilidad, accesibilidad, disponibilidad-, estudiando qué modelo se ajusta mejor a cada caso concreto. Si se restringen las posibilidades de elección, sólo se benefician intereses particulares, perjudicando al general. Sólo la posibilidad de elegir entre una amplia gama dará un mejor servicio y permitirá a los Gobiernos maximizar el valor de su inversión en tecnología.

Por ello, no podemos dejar de aplaudir a la comisión mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas del Congreso de los Diputados, que en su resolución sobre el Informe de fiscalización antes citado conmina al Gobierno 'a que estudie con el suficiente rigor los fundamentos técnicos, la viabilidad y las ventajas o desventajas que, para la Administración, tendría la adopción, con carácter general, de soluciones basadas en el uso de software libre'. De esta recomendación llama la atención que se solicite que se haga 'con el suficiente rigor', cosa que no se ha hecho hasta ahora. Quedarían fuera de lugar actividades como las migraciones masivas de sistemas informáticos de la Administración a otros cuya eficacia y eficiencia no haya sido suficientemente demostrada, sobre todo teniendo en cuenta la situación preexistente a dicha migración.

El Congreso ha lanzado un claro mensaje al Gobierno: 'Deberán tenerse en cuenta los principios de buena administración en la gestión de los recursos públicos que obligan a contemplar las mejores técnicas disponibles, priorizando la eficacia y la eficiencia en la consecución de los objetivos a que deben ceñirse los servicios públicos, con mantenimiento de posiciones de neutralidad en cuanto ello sea posible'. Sólo asegurando y respetando el principio de neutralidad se garantiza que la decisión final será, en términos generales, la que mejor respete los criterios de eficacia y eficiencia, al haber podido valorar conforme a fundamentos técnicos, todas las opciones.

Cuando países tan diversos de nuestro entorno como Reino Unido, Italia, Suecia y Dinamarca adoptan exactamente este enfoque, nuestros políticos harían bien en considerar la elección según criterios objetivos y necesidades concretas en línea con la declaración y conclusiones de la última Cumbre Mundial para la Sociedad de la Información.