El banco de pruebas del Estatuto valenciano
El próximo inicio de la discusión parlamentaria del Estatuto valenciano en la Comisión Constitucional del Congreso servirá al PSOE como entrenamiento para cuando tenga que hacer frente a la propuesta llegada hace mes y medio de Cataluña. El calendario previsto para ambas reformas estatutarias lo permite. La primera se despejará antes de mediados de febrero, fecha en la que la Comisión iniciará la discusión de las enmiendas presentadas por los distintos grupos a la propuesta llegada de Cataluña. Por ello, el PSOE y sus socios parlamentarios harán todo lo posible para prorrogar al máximo el periodo de enmiendas al Estatuto catalán y se han fijado como fecha límite el 28 de diciembre.
El Gobierno tendrá en la discusión del Estatuto valenciano un primer banco de pruebas a la hora de encarar el debate sobre la financiación autonómica. Esquerra Republicana de Cataluña ha trasladado una veintena de enmiendas a dicho Estatuto, en las que se recogen en la práctica las mismas propuestas fiscales que defiende la Generalitat de Cataluña. Los republicanos proponen conceder a la Generalitat valenciana plena capacidad normativa sobre sus propios tributos. En los impuestos estatales, defiende ERC, el Gobierno valenciano participará en la fijación del tipo impositivo, las exenciones, las bonificaciones y las reducciones sobre la base imponible y sobre la cuota. 'Estas competencias', se lee en la enmienda de ERC, 'serán exclusivas de la Generalitat respeto de los tributos estatales cedidos'.
El vicepresidente económico, Pedro Solbes, ha dejado claro que el acuerdo con las comunidades autónomas puede tener recorrido por la vía del Impuesto sobre la Renta, pero en ningún caso por la cesión del impuesto de sociedades y del impuesto sobre el valor añadido. En sintonía con esta postura, el Grupo Socialista piensa rechazar de plano, con el respaldo del PP, las enmiendas de ERC al Estatuto valenciano, todo un anticipo de lo que está por llegar como consecuencia de la negociación discreta que desde hace semanas mantienen el propio Solbes y el consejero de Economía de Cataluña, Antoni Castells, sobre el modelo de financiación incorporado por el Parlamento catalán a su Estatuto.
La propuesta llegada de la comunidad valenciana con el respaldo de los dos partidos mayoritarios se limita a defender una financiación basada en los principios de autonomía, suficiencia y solidaridad. En este contexto, defiende la máxima capacidad normativa para los impuestos cedidos, así como su gestión por parte del futuro Servicio Tributario Valenciano, que actuaría 'en régimen de descentralización funcional'.
En coherencia con lo que defiende para Cataluña, ERC, que cuenta con un diputado en el Parlamento valenciano, propone que la agencia tributaria que se constituya en esta comunidad gestione, recaude, liquide e inspeccione 'todos los impuestos soportados en el País Valencià' y, además, pueda ejercer por delegación de los ayuntamientos las funciones de gestión tributaria derivada de los impuestos locales.
Reducción del déficit fiscal
La aplicación de todos estos criterios, argumenta ERC, debe permitir la reducción del déficit fiscal de esta comunidad con el Estado, 'de forma que en el plazo de diez años se equipare al de los territorios de nivel de renta relativa similar al de otros países de la UE'.
En el Grupo Socialista se teme que la tramitación del Estatuto valenciano provoque tensiones con ERC y anticipe públicamente el debate sobre la reforma estatutaria catalana que discurre, de momento, entre bambalinas.
A la espera en Andalucía, Baleares y Aragón
La tramitación del Estatuto valenciano en el Congreso también servirá de ensayo a los principales grupos políticos a la hora de recibir el rosario de reformas estatutarias pendientes, ya que después de la catalana vendrán la andaluza, la balear y la aragonesa, probablemente por este orden. En estas tres comunidades hay cierto grado de acuerdo entre los principales partidos. El propósito de la Junta andaluza es trasladar la reforma al Congreso antes del verano. El PSOE y el PP coinciden en acomodar en esta comunidad autónoma el sistema de financiación que se decida con carácter general para el resto de los territorios, en contraste con la propuesta llegada al Congreso desde Cataluña. Prácticamente, todo el arco parlamentario andaluz está de acuerdo en exigir una mayor autonomía financiera, así como en la creación de una agencia tributaria propia, consorciada con la del Estado, desde la que se gestionen los ingresos fiscales. Los partidos andaluces también coinciden en la necesidad de perfeccionar los mecanismos de solidaridad interterritorial vigentes en el actual modelo de financiación.Baleares fue al principio una de las comunidades que más énfasis puso en equipararse con los niveles de autogobierno que exige para sí la Generalitat de Cataluña. Al final, su presidente, Jaume Matas, ha sido pragmático y ha ralentizado los trabajos de la reforma en el Parlamento autonómico para ver en qué termina el Estatuto catalán, sobre todo en lo que afecta al sistema de financiación. De todas las reformas estatutarias en curso, la balear es la que más se parecía en este terreno a la propuesta elaborada desde la Generalitat de Cataluña. En Aragón, las principales formaciones políticas apenas si han avanzado en la definición del modelo de financiación, pero respetan el principio de que esté en sintonía con el que se pacte en el Consejo de Política Fiscal.