Eficiencia y financiación autonómica
Hay evidencias de cómo la financiación autonómica actual y la actuación discrecional de la Administración central sobre el territorio afectan al crecimiento económico, según el autor, que se suma al Debate Abierto sobre los límites del Estado de las autonomías
Desde altas instancias del Estado, y no digamos ya desde frentes políticos o académicos alineados en las más estrictas posiciones partidarias, se ha hecho alusión a que los cambios propuestos en la financiación incluidos en el proyecto de Estatut de Catalunya pueden afectar a la eficiencia y a la solidaridad de nuestras comunidades autónomas (CC AA), al crecimiento económico general, e incluso algunos han visto amenazado el bienestar de los españoles.
Es difícil negar esta posibilidad, ya que los comentarios referidos se han construido sobre hipótesis y escenarios potenciales. Ello es así, cuando menos, en razón de que no existen detalles suficientes en la propuesta catalana para la determinación concreta de los cambios, al quedar pendientes de acuerdo los contenidos específicos del sistema de nivelación y de solidaridad aceptados. En efecto, tan difícil es pues negar la posibilidad de que los futuros cambios puedan afectar la eficiencia económica, como difícil es ahora demostrarlo.
En cambio, sí resulta fácil probar que el actual sistema de financiación sí perjudica la asignación eficiente de los recursos económicos (y como mínimo ofrecen sombra de duda acerca de la efectividad de las políticas redistributivas territoriales en la corrección de la desigualdad personal). En el primero de los aspectos, en el de la eficiencia, reconocen Doménech y De la Fuente en un texto reciente que, a la vista de los resultados de las estimaciones empíricas, se pueden haber producido en nuestro Estado autonómico excesos de redistribución territorial, afectando así el crecimiento económico de las CC AA más desarrolladas en su papel generador de riqueza, por la vía de la menor financiación de inversiones en infraestructura.
Las consecuencias de ello son diversas. Por ejemplo, cuando una comunidad como las Baleares, con una financiación autonómica, clara y persistentemente por debajo de la media (las liquidaciones están disponibles en la propia web del Ministerio de Economía: un 17% inferiores), y un saldo fiscal claramente deficitario en la actuación estatal directa (todos los estudios revisados por Barberán o Uriel así lo destacan) es probable que se acumulen todos los síntomas de afectación de su crecimiento económico.
Cuando las necesidades de gasto de la comunidad no se satisfacen ni desde la Administración central ni desde la financiación autonómica, y el Gobierno de la comunidad tiene que acabar estableciendo una ecotasa (el Gobierno socialista de antes) o un impuesto sobre los coches de alquiler (el Gobierno conservador de ahora) es probable que sus consecuencias afecten negativamente el crecimiento económico de las Baleares.
Lo hacen a corazón partido, claro está; particularmente cuando existe evidencia inequívoca de que un sistema insolidario, como el del concierto foral, multiplicaría por 2,5 veces (sí, más del doble) los recursos disponibles para el Gobierno balear (1,7 veces para Cataluña si se quiere hacer esta comparación). Nótese que aun en este caso, ni unos ni otros piden un concierto insolidario con el resto de pueblos de España, aceptando los mecanismos de solidaridad y de nivelación territorial oportunos.
Cuando ni el stock de capital público ni la inversión nueva ni los servicios corrientes son capaces de satisfacer las necesidades colectivas, en buena parte derivadas de la impronta turística e inmigratoria (desde carreteras a escuelas, desde sanidad a centros logísticos), el crecimiento económico ciertamente se resiente. Veamos los datos disponibles para el periodo 1999-2004. Tasa de crecimiento del PIB acumulado: media española, 15,48%; el de las islas, 8,37% (el de Cataluña, 13,26%, por debajo también de la media).
Hay más evidencias de cómo la financiación autonómica actual, y la actuación discrecional de la Administración central sobre el territorio, afectan al crecimiento económico. El Círculo de Economía, diferentes servicios de estudios, la Cámara de Comercio, etcétera, así lo han destacado para el caso de Cataluña. ¿Cuál ha sido, es o será la respuesta ante dicha evidencia? ¿Qué plan B -fuera de la propuesta estatutaria- tenía o tiene el Gobierno central para corregir los efectos perversos del sistema actual de financiación sobre el crecimiento económico general (¿y así del bienestar del conjunto de ciudadanos españoles?), al margen de respetar las presiones de los beneficiarios para su mantenimiento?
La 'comprensión' que declaran algunos ahora sobre la necesidad de mejorar la financiación de Cataluña (pero no, claro está, de la propuesta de Estatut actual), ¿con qué otros cauces pensaban hacerla efectiva? ¿Por qué razón han tardado tanto en reconocerlo, dejando deteriorar la situación?
Ha llegado el momento de escuchar propuestas, de contraargumentar si se quiere, y no de descalificar. Es hora de buscar vías de acuerdo y no de mantener una tensión de futuro incierto.
Catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra
Resulta fácil probar que el actual sistema perjudica la asignación eficiente de los recursos económicos