¡Menos mal que...!
Hace unas semanas comunicaba a los lectores mis preocupaciones porque el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno debía presentar en el Congreso antes del primero de octubre estuviese condicionado por tres circunstancias: primera, la falta de una mayoría parlamentaria estable que asegurase su aprobación sin excesivos condicionantes; segunda, la presión para elaborar unas cuentas en exceso expansivas; tercera, el olvido del marco en que se mueven tanto la economía mundial como la española y las perturbaciones originadas por un precio del crudo en alza. Me temo que los tres temores se han cumplido como a continuación trataré de explicar ciñéndome a los dos últimos asuntos. Pues bien, como he indicado muchas veces los PGE son la expresión cifrada de la política económica del Gobierno -o de su falta de política- y por lo tanto, partiendo de las cifras publicadas en la prensa, paso ahora a analizar los criterios que, en mi opinión, ahorman estos Presupuestos.
Debe ser propósito de los PGE contribuir a un crecimiento estable de la economía, pero desde ese punto de vista sus previsiones económicas incitan a la duda pues no es fácil que en 2006 podamos volver a crecer al 3,3%, ya que tanto el consumo como la inversión privadas acaso moderen su ritmo de crecimiento y se me antoja también un tanto voluntarista la mejora prevista en el saldo exterior -para que el lector juzgue la magnitud del problema le recordaré que al finalizar este año los españoles habremos gastado aproximadamente unos 54.000 millones de euros más de lo que producimos-. A ello ha de añadirse que los PGE no se molestan ni siquiera en intentar enderezar el desequilibrio que caracteriza el patrón de crecimiento de la economía.
Como podría juzgarse que me inclino por la simplificación y la exageración voy a desgranar algunas consideraciones sobre los datos esenciales de la economía publica en el bienio 2005-2006, expresándolos en términos de los respectivos PIB previstos por el Gobierno. El rasgo básico de cómo prevé el sector público estatal financiar sus actividades es la continuidad: en 2006 aumentará en cinco décimas el total de los ingresos no financieros y no se observa aligeramiento alguno en la carga impositiva que recae en la empresa, ambos datos en comparación con las previsiones de cierre del presente ejercicio.
En cuanto al gasto público tampoco observamos grandes novedades: el 50,1%, como en año anterior, se dedica al gasto social que, en porcentaje del PIB, pasaría del 14% al 14,1% y el gasto corriente aumentará en 2006 una décima del PIB más que en 2005, lo cual no indica nada bueno pues los dedicados a formación de capital permanecen prácticamente igual. Además, si nos detenemos en las políticas previstas en el próximo ejercicio para mejorar la escasa productividad de la economía -le recuerdo al amable lector que según la clasificación del World Economic Forum para 2005 España ocupa el puesto 29, un descenso apreciable respecto al año anterior- veremos que vamos a seguir gastando el mismo porcentaje del PIB en infraestructuras y sólo una décima más en I+D+i , así que menos presumir.
Bienvenidas sean, cambiando de tercio, tanto la reducción que las cuentas públicas proyectan en 2006 en el endeudamiento tanto de la Administración General del Estado como del conjunto de las Administraciones -del 44,3% al 43% del PIB en el caso de estas últimas, como el previsto superávit de las Administraciones, un 0,2% del PIB-, basado eso sí en la continuación de la buena marcha de la Seguridad Social aun cuando el Estado y sus organismos -entre ellos ese lastre en que se ha convertido la televisión pública- seguirán cerrando sus cuentas con déficit.
A modo de resumen podríamos concluir que estamos ante unos PGE asentados en un previsión un tanto optimista de la evolución de la economía española durante el próximo año y estructurados sobre el criterio según el cual en tiempos difíciles lo más aconsejable es no hacer cambios. Ni se aumenta el gasto público ni se detectan cambios significativos en las finalidades del gasto, ni se reduce claramente el déficit estructural de las Administraciones ni, lo que es incluso más peligroso, el Gobierno se decide a emplear la política presupuestaria para modificar un patrón de crecimiento desequilibrado ni para moderar una coyuntura que, a falta de una fuerza compensadora, puede provocar tensiones serias en el futuro inmediato. Por ello, como advierte el título de este artículo, debemos dar gracias de que el gasto del Estado y de sus organismos apenas supere el 23% del PIB.