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El reto de convertir la ciencia en riqueza

España es el cuarto país del mundo en producción científica en sectores tan punteros como la biotecnología, sólo por debajo de Reino Unido, Alemania y Francia. La calidad de la ciencia española en casi cualquier área nada tiene que ver hoy con la de hace una década, con un número de publicaciones de científicos españoles en revistas internacionales sin precedentes. Pero estos buenos niveles de calidad y producción no se traducen en riqueza.

La realidad es que los inventores españoles no parecen tener la misma inquietud, los mismos estímulos o las mismas facilidades que los norteamericanos u otros europeos para sacar provecho económico de sus hallazgos, a juzgar por el escaso número de patentes que se solicitan y el menor desarrollo de los modelos de protección del conocimiento propio, marcas, dominios o derechos de autor. España alberga hoy por hoy menos del 1% de todas las patentes de la Unión Europea, según recogía en un informe reciente el Banco de España. La institución atribuía en parte a la mala gestión empresarial de los procesos de innovación tecnológica la preocupante dependencia de las innovaciones exteriores y el escaso progreso técnico.

Según datos de Clarke, Modet & Co, una empresa especializada en propiedad industrial e intelectual, en España se solicitan en torno a 5.000 patentes al año, frente a las 33.000 de Francia, 80.000 en Alemania o las 200.000 que se piden en Estados Unidos. Si se mantiene este ritmo, España tardaría nada menos que 40 años en alcanzar la media europea. Aunque la demanda de patentes es creciente, con incrementos anuales muy significativos en el número de solicitudes, todavía sólo 40 de cada millón de habitantes pide una patente en España, frente a una media de 270 en la Unión Europea o de 400 por millón de habitantes en Estados Unidos.

La escasez de patentes nacionales obliga a comprar tecnología a otros países y a pagar por ello cada vez más 'royalties'

Sirva como pista el informe de la Fundación Genoma España, según el cual los investigadores españoles publican en concreto el 4% de los artículos científicos en todo el mundo sobre biotecnología, pero del total de patentes de biotecnología solicitadas ante la Oficina Europea de Patentes, sólo el 0,16% es de procedencia española, frente al 8% de Alemania o el 2,53% de Dinamarca, un país cuya contribución científica es, sin embargo, mucho menor que la española.

Esta escasa cultura de las patentes es, a juicio de muchos expertos, una auténtica lacra para la economía española, en llamativo contraste con la situación de países como Estados Unidos, donde una de las mayores aportaciones a su producto interior bruto procede, precisamente, de su capital intelectual, es decir, de los ingresos que obtienen sus empresas por royalties, patentes y derechos de autor. En España, al contrario, la escasez de patentes nacionales obliga a comprar tecnología a otros países y a pagar cada vez más royalties, lo que supone casi el 10% del déficit de la balanza por cuenta corriente española.

'Una gran cantidad de empresas presenta en certámenes y ferias sus modelos y prototipos y se los copian porque no están patentados. Las administraciones públicas conceden ayudas y subvenciones a I+D sin exigir a las empresas un informe que garantice que el producto ha sido patentado. Si no licenciamos la tecnología nos copiarán por todos los sitios. Las compañías que no tienen patentes no tienen valor', asegura Alejandro Klecker, director general de Clarke, Modet & Co. De hecho, grandes empresas como L'Oréal utilizan el número de patentes con las que cuentan como reclamo publicitario en sus campañas y base de su prestigio.

La razón básica de la protección legal para las innovaciones o invenciones, una especie de relación contractual entre el autor de la invención y el Estado, es precisamente asegurar que el innovador rentabilice su invención y la proteja frente a usurpaciones de terceros, según explica la propia Oficina Española de Patentes y Marcas. A cambio de ese derecho, el Estado divulga la invención para enriquecer el patrimonio tecnológico del país.

Antes de pedir una patente, sea un particular o una empresa (ésta debe, en todo caso, incluir el nombre del inventor o inventores) los solicitantes deben conocer los procedimientos y asesorarse sobre la estrategia más adecuada de registro. El primer paso sería revisar lo que los expertos llaman el 'estado de la técnica', lo que permitirá conocer patentes similares para asegurarse de que la que se pretende crear no está ya desarrollada. En Clarke aseguran que cada año se malgastan miles de millones de euros en investigaciones que ya han sido desarrolladas o patentadas.

Los expertos de esta empresa recomiendan a los inventores que nunca publiquen sus artículos de investigación en revistas o publicaciones especializadas ni lo presenten en ferias internaciones sin protegerlos, porque pueden ser usurpados por terceros. Asimismo, recomiendan que no se presenten a concursos públicos ni que dejen sus prototipos a proveedores y clientes sin firmar previamente cláusulas de confidencialidad.

Las trabas jurídicas

Los expertos aseguran que además de la secular falta de cultura de patentes y de razones estructurales, como un tejido industrial de pymes con pocos recursos para dedicar a la innovación, las limitaciones que impone el ordenamiento jurídico en cuanto a lo que es patentable o no resulta también determinante del déficit español. Para Alejandro Klecker, director general de Clarke, Modet & Co 'que la mayor parte de la aportación al PIB estadounidense provenga de su capital intelectual lleva a una reflexión sobre las repercusiones del ordenamiento jurídico europeo, que no protege ni la patente de software, ni la patente de proceso de negocio'. 'En Europa se olvidan de los procesos y se va al producto final, cuando cada vez es más importante la fabricación, el diseño y la producción', subraya.