Otoño caliente para la enseñanza
El problema de la enseñanza en España afecta a toda una sociedad necesitada de personas preparadas para el trabajo y la investigación. Ante la tramitación parlamentaria de la nueva ley de educación, el autor demanda un debate sereno que analice por qué no han dado fruto los esfuerzos en esta materia de los distintos Gobiernos de la democracia
Sin entrar a analizar el contenido de la Ley Orgánica de la Educación, cuya tramitación en el Congreso se inicia este mes de septiembre, se puede señalar que los problemas de la enseñanza en España lo que menos necesitan es de movilizaciones populares como las que se están preparando para este otoño, o de la generación de una crispación que, buscando rentabilidad electoral, va a dificultar el debate sereno sobre las causas por las que el esfuerzo que en esta materia se ha hecho durante la democracia no ha dado los resultados apetecidos.
La ampliación de la escolaridad obligatoria, a pesar de haber logrado escolarizar, en el curso 2002-2003, al 99% de los niños de 3 a 5 años en la educación infantil, a la totalidad de los que tienen de 6 a 13 años y cursan primaria, EGB y el primer ciclo de la ESO y al 91,2% de quienes tienen de 14 a 18 años y cursan secundaria o formación profesional, no ha conseguido una formación satisfactoria, según puso de relieve el Informe PISA. Y tampoco ha evitado el abandono educativo temprano, con un 29,8% de jóvenes de 18 a 24 años que no han logrado acabar la segunda etapa de enseñanza secundaria, casi el doble del 15,9% de casos en los que esto ocurre en el conjunto de la Europa de los 25 países.
Pero, además de estos malos resultados en la formación propiamente dicha, los indicadores sobre delincuencia, violencia de género, etcétera, en personas que ya han disfrutado de la universalidad del sistema de enseñanza, muestran que las reformas educativas de los diferentes Gobiernos democráticos tampoco han conseguido ese viejo sueño de tantos ilustres pensadores que, conociendo la influencia que la falta de educación tenía en las situaciones de marginalidad, pensaban que la extensión de la enseñanza a todos conseguiría una sociedad con envidiables patrones de convivencia. Y ello, a pesar de que se han procurado evitar los abandonos escolares, más frecuentes en familias humildes, mediante el apoyo a alumnos con necesidades educativas específicas previsto en el artículo 68.2 de la vigente ley, cuestión de la que también se ocupa extensamente el título II del proyecto de ley que se va a someter a debate parlamentario.
Los debates que han acompañado la gestación de las distintas leyes de educación no han tenido la altura intelectual que exige un tema de tanta importancia
La envergadura del problema de la enseñanza, que afecta a alumnos y profesores como protagonistas máximos pero también a una sociedad que requiere la necesaria articulación y que está necesitada de personas preparadas para el trabajo y la investigación, justifica el legítimo deseo de todos los Gobiernos que se han sucedido en el poder, cada uno de los cuales ha elaborado su propia ley de enseñanza en la confianza de que iba a ser capaz de encontrar las soluciones adecuadas.
Sin embargo, los debates que han acompañado la gestación de las distintas leyes no han tenido la altura intelectual que exigía un tema de tanta importancia o, al menos, no han conseguido transmitir de manera elocuente a la sociedad los argumentos de las diferentes posturas, facilitando así la siempre peligrosa simplificación de los mensajes.
Buen ejemplo de ello es la actual polémica, que va a estar en el eje de las protestas callejeras, sobre la enseñanza de religión, que para obispos y asociaciones familiares atropella derechos y acuerdos con la Santa Sede y que, según la disposición adicional segunda del proyecto de ley, los cumple de manera satisfactoria.
La aclaración de este tema impediría que quienes históricamente monopolizaron la enseñanza, utilizándola como un arma que garantizaba al poder político, desde Felipe II hasta Franco, la formación de dirigentes en la más pura ortodoxia católica, se presenten ahora como defensores de la libertad.
Sería esencial aclarar a la sociedad este tema y cuantos otros son objeto de polémica. A ello ayudaría la información sobre los problemas detectados en las evaluaciones realizadas o sobre el papel desempeñado por el profesorado, pieza esencial del sistema y con problemas que parecen estar influyendo en algo tan esencial para quien ha de transmitir conocimientos como es su motivación.
Además de ello, y aunque no corresponda estrictamente al campo de la enseñanza, sería bueno analizar aquellos otros campos del conocimiento tan íntimamente relacionados con ella que pueden dificultar, y hasta neutralizar, cualquier intento de mejora del sistema educativo.
Piénsese en la cultura y, dentro de ella, en el papel que desempeña la televisión o las videoconsolas, a las que nuestros niños y adolescentes dedican tantas horas diarias y que, sólo desde la inconsciencia más absoluta, pueden considerarse inocuas para su formación.