Todo sea por el cupo
En junio pasado se presentó en Madrid un interesante estudio, financiado por la Fundación BBVA y realizado por equipos de varias universidades españolas, sobre la financiación de la sanidad. Además de las propuestas de los expertos, más o menos discutibles, lo más interesante fue que se puso de relieve la fragilidad de los datos que se manejan para evaluar el funcionamiento del sistema.
El primer inconveniente es que son datos de 2002, el último ejercicio cerrado, y desde entonces la situación real, sobre todo en términos de población, ha cambiado, y mucho. El segundo, que se trata de datos parciales, porque el Ministerio de Sanidad ya no dispone de un sistema de recolección propio y las autonomías no suministran datos completos, actuales y homogéneos sobre la masa salarial, las plantillas o el coste de los suministros, por poner sólo tres ejemplos. En otras palabras, la 'deuda sanitaria' es imposible de cuantificar de manera fiable.
Lo que sí se sabe es que la dinámica del modelo ha llevado a que las comunidades que tienen mayor incremento de población y aquellas con más población flotante se ven perjudicadas, independientemente de su crecimiento económico. Y también se sabe que la financiación global depende, en buena medida, de los resultados de las comisiones mixtas bilaterales Administración central-comunidad autónoma, en las que se ajustan las cifras de cada una de ellas sin que intervengan las demás. Y, por último, todo el mundo parece estar de acuerdo en que es necesario revisar el catálogo de prestaciones y llegar a un consenso sobre la definición equitativa de las necesidades de salud, que no tienen por qué significar identidad en el gasto sanitario.
Esto son asuntos técnicos, que sólo se podrán resolver cuando se revise en su conjunto el sistema de financiación autonómica y se establezcan las bases de un modelo en el que la autonomía del gasto, que ya es un hecho, tenga su contrapartida en una autonomía real en los ingresos. Pero esto no es lo que se discutió ni en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ni en la Conferencia de Presidentes de la semana pasada.
De lo que se habló es simplemente de que la Administración central incremente sus aportaciones a las comunidades, dándoles oxígeno financiero mientras que el sistema global se revisa. Esto tiene una lógica y un objetivo político claro: eliminar un factor de discordia en los debates sobre la revisión de los estatutos de autonomía. Pero es difícil entender que se haya rodeado de tal parafernalia.
Es posible que en primavera, cuando se empezó a hablar de una nueva convocatoria de la Conferencia de Presidentes, el Gobierno tuviera la intención de abordar al más alto nivel el sistema de financiación de la sanidad como un elemento diferenciado de la financiación autonómica, y pretendiera establecer un método más integrado y más cooperativo, en el que los ingresos estuvieran ligados a compromisos autonómicos en materia de gasto. Pero este enfoque, que podría servir en un Estado más descentralizado que autonómico, como el que quería Aznar, no es aplicable cuando la tendencia de la revisión de los estatutos de autonomía es ir sentando las bases de un estado federal. Quizás por eso el Gobierno tuvo que renunciar a sus pretensiones y limitarse a este reparto de dinero sin ningún contenido político.
Otra posibilidad es que este nimio resultado, que no justifica ni la menestra ni la lubina, sea fruto de la aplicación del método Solbes, quien al parecer sigue apegado a la práctica comunitaria de la patada hacia arriba. Los Consejos de Ministros europeos ya no resuelven ninguna negociación complicada, todo va a parar a la mesa del Consejo Europeo, que ha perdido su lustre político y se pasa sus interminables sesiones dirimiendo sobre asuntos técnicos cuyos responsables no han podido, o no han querido, trabajar el consenso.
Y una tercera hipótesis es que el objetivo del presidente, y la razón última por la que corrió el riesgo de convocar una Conferencia sin preparación previa, tras haberla retrasado durante tres meses, era volver a traer a Ibarretxe a Madrid y desbloquear, en un contexto colectivo y no bilateral, alguna de las eternas reivindicaciones del lendakari. Si es cierto que, con el 'consenso básico' en financiación sanitaria, se ha resuelto el contencioso del cupo vasco, la Conferencia de Presidentes tiene otra lectura.
Estaríamos ante el fruto del método Zapatero, que parece más futbolístico que institucional: al área contraria se llega por las bandas, despistando, nunca de frente. ¿Ha cambiado el presidente el 'nuevo republicanismo' de Philip Petit, tan poco citado últimamente, por el 'pensamiento oblicuo' de los managers triunfadores?