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Tribuna
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Luchar contra el fuego en España

Los incendios se han cebado este verano con los bosques de la península Ibérica. Además del trágico balance en vidas humanas, han producido enormes costes económicos y ecológicos. El autor subraya la necesidad urgente de medidas para evitar que estos procesos se repitan cada año

Como cada verano, la actualidad del que ahora acaba ha estado en gran medida centrada en diversos tipos de catástrofes. Entre estas ocupan un lugar habitual los incendios forestales que en esta ocasión, además, aportan en España y Portugal un trágico balance en pérdida de vidas humanas.

La Península Ibérica, como de hecho el resto de los países mediterráneos europeos y otras naciones con características climatológicas similares, se enfrenta a este complejo fenómeno que tiene parte de natural, y en cierta medida inevitable, aunque en la actualidad se ve reforzado por causas culturales, económicas y sociales. Y entre ellas yo destacaría el abandono de una parte importante de espacios rurales. Causa impresión saber que entre Estados Unidos y Canadá, entre 1991 y 2001, cada año han ardido un promedio de 4.100.000 hectáreas. Esos países, nunca totalmente colonizados, tal vez puedan permitirse la renuncia a dichos recursos naturales. Pero es obvio que no es el caso de los países mediterráneos.

Desde que existen datos oficiales, entre 1961 y 2004, la superficie afectada en España por los incendios se eleva a 6,7 millones de hectáreas, es decir anualmente 151.600 hectáreas, aunque la distribución por periodos no es homogénea. Entre 1961 y 1974 el ritmo anual fue de 60.900 hectáreas, para elevarse espectacularmente en las dos décadas siguientes, hasta 208.300 hectáreas/año entre 1975 y 1984 y a 255.600 hectáreas/año entre 1985 y 1994.

Este avance catastrófico obligó a incrementar de un modo muy notable los medios de todo tipo destinados a la prevención y extinción, que son los dos componentes básicos en la estrategia de lucha contra los incendios forestales. No es este el lugar para analizar con detalle tan extensa problemática que, además, acaba de ser objeto de un completo estudio por parte de la Fundación Alternativas.

Es cierto que el esfuerzo desarrollado por este país ha permitido un notable descenso en la superficie anual afectada por los incendios en la última década, reduciéndose hasta sólo 117.800 hectáreas, entre 1995 y 2004, independientemente de los resultados que pueda arrojar el año actual (130.000 hectáreas, hasta el 21 de agosto). Aunque nos hemos alejado de los terribles registros de más de 400.000 hectáreas anuales (1978, 1985, 1989 y 1994), debemos ser conscientes de que la evolución futura de este problema puede complicarse por variadas razones: cambio climático, crisis agraria, terrorismo forestal…

Hay que tomar conciencia de que allí donde no haya expectativas de lucro privado, como es el caso de una gran parte de los espacios forestales, la ordenación y conservación del territorio pasa a ser objeto de gasto público. La escasa o inexistente rentabilidad privada ha impulsado al abandono del territorio forestal y rural en el pasado. Además en España buena parte de la superficie forestal es propiedad de los municipios, con disponibilidades financieras muy reducidas.

Si las instituciones públicas se fijan como objetivo preservar dichas zonas, es inevitable pensar que será necesario incrementar los programas y presupuestos públicos porque es de esperar que la marginalidad económica se extienda aún a más territorio, en los próximos años. Es la lógica del mercado. Y, además, según las regiones españolas vayan perdiendo el carácter de Objetivo 1 para los Fondos Estructurales comunitarios, la participación nacional y autonómica en estos programas de prevención y extinción de incendios tendrá que crecer, lo cual no será sencillo en el actual escenario de las finanzas públicas españolas.

En este sentido se hace más urgente desarrollar los proyectos de aprovechamiento agroenergético de la biomasa que puedan permitir una utilización económica en grandes espacios que, aunque directamente no sean muy productivos, tendrán que contribuir en el futuro al cumplimiento de los compromisos de Kioto, al tiempo que eliminan materiales combustibles de los montes. Tampoco podemos olvidar el importante efecto sumidero que aportan los montes y la vegetación.

En consecuencia no deberíamos ser tacaños en estas materias relacionadas con la ordenación del territorio pero también con la protección civil. Están demasiado cercanas algunas catástrofes naturales como para ignorar los riesgos que corre nuestro país debido a nuestros fantasmas familiares, principalmente incendios forestales e inundaciones tras las grandes sequías. No son fenómenos ni fáciles ni baratos de resolver y no admiten el oportunismo político. Se trata de estrategias de largo plazo, que exigirían el consenso social y político y una mayor conciencia social, que no se limitara exclusivamente a los periodos de mayor impacto mediático.

Es muy conocida la frase de que los incendios se apagan en invierno, aunque tal vez sería más exacto decir que se apagan durante los 365 días del año y considerándolos una cuestión de alto interés nacional.

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