Apoyo fiscal a la familia
A comienzos del otoño se presentarán los Presupuestos Generales del Estado para 2006. En varios ámbitos se ha comentado, como pasa en cada ejercicio, la conveniencia de mejorar el trato fiscal a las familias con el fin de estimular la natalidad y evitar (al menos contribuir a ello) algunas consecuencias sociales indeseados asociadas al estancamiento de la población. Como la palabra mejorar alude a ir más allá de lo bueno, es preferible hablar de reducir la carga fiscal que de mejora en el trato, porque la función esencial de la tributación es recaudar y las modificaciones suelen buscar aumentarla y, si la reducen en alguna figura tributaria, o casos particulares, es para ganar legitimidad y se acompaña, casi siempre, de recargos en otros impuestos.
A igualdad de ingresos, las familias con hijos o personas dependientes tienen más gasto y más personas a las que atender. Junto al esfuerzo laboral para obtener recursos hay un trabajo adicional no retribuido para aportar las atenciones y cuidados apropiados. En esta situación cada euro de libre disposición requiere dedicación intensa y el tiempo de ocio se reduce, por lo que la carga fiscal percibida es más elevada que sin parientes. Aportar alivio monetario en estos casos equivale a reducir la insatisfacción con el sistema y alivia algunas dificultades de las familias. Sin embargo su impacto en el número de hijos que desean tener las parejas, caso de haberlo, es ínfimo.
La especie humana, como cualquier otra, procura reproducirse y esa propensión está afectada por las circunstancias. En nuestro caso el entorno relevante, más que el físico es el social y antes del matrimonio o los hijos se suele atender a la capacidad para mantener de forma estable la nueva familia que se crea, por eso la posibilidad de ganarse la vida y la convicción razonable de que esa situación es sostenible son la base de las decisiones familiares básicas. Así, antes de atender al ingreso disponible se tiene en cuenta el devengo y su continuidad.
En la España de hoy la mayor parte del empleo es por cuenta ajena, al punto que en torno al 84% de los afiliados a la Seguridad Social está en el régimen general, esto es, son trabajadores por cuenta ajena. Como los matrimonios quieren vivir de forma independiente, las condiciones en el mercado de trabajo, especialmente sobre estabilidad en el empleo y salarios, inciden de forma crucial en la decisión de contraer matrimonio y, después, en la elección del número y del momento en que se tienen los hijos.
Hay factores no estrictamente económicos que cuentan, algunos son demográficos, como la estructura de edad de la población, otros son sociales como las expectativas de duración de pareja y muchos otros, pero si se valora una medida por su efecto económico, es obligado considerar otros aspectos de la misma índole con una incidencia más directa e importante.
En los últimos 30 años España pasó de ser uno de los países con mayor tasa de natalidad a estar entre los de más baja. En 1976 la tasa de natalidad estaba en 18,76 personas por cada mil habitantes; en 2004 en 10,62. La cifra más baja fue la de 1996, con un valor de 9,19. Desde entonces ha habido un crecimiento lento hasta llegar al 10,62 en 2004, lo que supuso pasar de 362.600 nacimientos a 455.300.
Estas cifras están asociadas a dos factores, el primero es el aumento del empleo y su composición. En 1996 el número de asalariados estaba en 9,65 millones de los que el 33,9% tenían ocupación temporal. En 2004 los asalariados eran casi 13,8 millones con un 30,14% de empleo temporal que, aunque sube en cifras absolutas, desciende en términos relativos.
El segundo factor es el peso creciente de la población inmigrante que tiene, una tasa de natalidad más elevada y que incrementa su cuota en el total de nacimientos, a los que según datos del INE, las madres extranjeras contribuyeron con el 10,5% de los nacimientos en 2002, el 12,1% en 2003 y el 13,7% en 2004.
En la mayor parte de los países, cualquiera sea la cultura y la religión dominante, el aumento en la renta per cápita, la creación de un sistema de pensiones y la mejora de la situación sanitaria van asociados con el descenso en la tasa de fecundidad. Los hijos van dejando de ser el báculo de la vejez de los padres y el número de nacimientos no es la garantía de supervivencia de algunos. El desarrollo atempera el crecimiento demográfico al punto que a veces puede ser una restricción a su continuidad y a la del sistema del estado del bienestar.
Con un nivel de vida consolidado la natalidad depende de la vocación de las familias jóvenes, de sus expectativas, de su nivel de ingresos y su estabilidad. Las modificaciones en el sistema tributario no incidirán en esa decisión pero eso no obsta para que haya razones poderosas para aliviar la carga fiscal soportada por las familias jóvenes sobre las que pesan compromisos como el pago de a vivienda que ya ha dado buenos réditos a las Administraciones públicas.