La presencia de los políticos en las cajas ya es inferior al 50%
El terremoto normativo que supuso la aprobación de la Ley Financiera en noviembre de 2002 ya ha concluido. La reforma, impulsada para profesionalizar la gestión de las cajas, les obligaba a limitar la presencia de representantes políticos en sus órganos de gobierno al 50%.
En total, 22 de las 46 cajas de ahorros que integran el sector han tenido que modificar el perfil de sus asambleas y consejos de administración. Caja Cantabria, por ejemplo, ha tenido que reducir la presencia de consejeros de origen político del 65% al 50%. Otras, como Caja Madrid, han tenido el camino más fácil. La entidad ha hecho de la obligación virtud, al pasar del 55% al 33% la presencia de representantes procedentes de Autonomía y ayuntamientos. Tan sólo las cajas de cinco comunidades autónomas -Aragón, Baleares, Castilla y León, Extremadura y Galicia- se han librado de realizar una profunda revisión de sus estatutos, ya que cumplían con las exigencias de la Ley Financiera.
La reforma, ideada para evitar el fantasma de Bruselas y el riesgo de que las cajas fueran catalogadas como entidades públicas, imponía un plazo máximo de seis meses para que las autonomías adaptaran la nueva legislación. Pero este proceso se ha demorado en el tiempo y no ha sido hasta finales de 2004 cuando ha concluido. Andalucía ha sido la última autonomía en hacer los deberes.
El peso actual de los políticos en cuatro de las seis cajas andaluzas -El Monte, Caja Granada, Caja San Fernando y Caja de Jaén- es del 50%, frente al 65% anterior. Este porcentaje se reparte entre el 22% de los representantes de las corporaciones locales y el 15% de la autonomía. A esto se suma el 13% de las entidades fundadores (diputaciones y ayuntamientos). Los sindicatos han pasado de contar con un 7% de los puestos en los órganos de gobierno a tener un 15%. Unicaja muestra una participación inferior de los políticos, con un peso de un 37%.
En Cajasur, entidad fundada por la Iglesia, el reparto es diferente, con una presencia del 17% de ayuntamientos y del 5% de la comunidad autónoma.
Para adaptar la nueva normativa, las cajas han contado con un plazo de seis meses, a partir de la aprobación de la legislación autonómica. Los grupos que han ganado peso en esta reestructuración han sido los representantes de los trabajadores y los impositores (representantes de los clientes elegidos por sorteo). Otra novedad ha sido la incorporación de representantes de entidades de interés general a los órganos de gobierno de las cajas. Bajo esta denominación se agrupan todo tipos de colectivos sociales, culturales y empresariales, desde agrupaciones gastronómicas, a universidades y cámaras de comercio.
En Caja Murcia, actualmente el 40% de los consejeros de la asamblea general de la entidad son elegidos por los impositores, frente al 30% de hace dos años.
Reformas en Cataluña
En la mayor caja española, La Caixa, un 17,4% de sus consejeros proviene de entidades de interés general, como el Liceo de Barcelona. El peso de las corporaciones locales asciende al 21,25%, mientras que las entidades fundadoras tienen una presencia del 12,5%.
La caja presidida por Ricardo Fornesa también ha comenzado a dar entrada en su asamblea a representantes de municipios de fuera de la comunidad de origen de la entidad, en función del volumen de depósitos y número de oficinas en cada localidad. 'Los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid han sido los que más han incrementado su participación en la asamblea general', explican fuentes de la entidad catalana.
Los estatutos que más han cambiado en este proceso han sido los de Cajastur. Hace tres años, el 75% de sus consejeros eran designados por organismos públicos. La Ley Financiera ha hecho que, ahora, sólo 15 de los 30 consejeros de la caja asturiana sean elegidos por instituciones públicas.
Las entidades de interés general cobran poder
¿Qué tienen en común la CEOE, el Centro de Excursionistas de Terrassa y el Ateneo de Orense? Pese a la disparidad de estos colectivos, los tres han designado miembros para órganos de gobierno de cajas de ahorros.La CECA destacaba en su memoria de responsabilidad social corporativa la creciente presencia en las cajas de entidades de interés general, como sindicatos y patronales, organizaciones de consumidores y usuarios, de carácter cultural, científico o benéfico. La presencia de estos colectivos en las asambleas y consejos de las cajas, reflejan el carácter plural de los ámbitos sociales sobre los que actúa la caja y garantizan su influencia en las acciones, tanto de negocio como de carácter social. Caja Navarra, pese a mantener la singularidad de que el presidente de la comunidad foral lo sea también de la entidad, cuenta en su consejo de administración con una catedrática de derecho mercantil, el presidente de la confederación de empresarios navarros y otros representantes de la sociedad civil.
El cliente tiene razón
Los impositores son el grupo con mayor cuota de poder en las cajas. El 35%, según la memoria de responsabilidad social de la CECA. Se eligen por sorteo entre los clientes de la entidad. Entre los cientos de impositores designados, se forman listas (con un cierto color político en muchos casos), que pedirán el voto del resto para representar a los clientes en los órganos de gobierno: asamblea y consejo de administración.