A la espera de Newcastle
Las grandes catástrofes nos traen ingentes cantidades de dolor y, muchas veces, de indignación popular ante la inexistencia de medidas que hubieran podido evitarlas o, cuando menos, matizarlas. Los atentados terroristas que han castigado Nueva York, Madrid y Londres no pueden estar ajenos a esta controversia, si bien en este caso el debate no se centra sólo en una adecuada dotación de infraestructuras o de política medioambiental o de seguridad ciudadana, sino que afecta a las comunicaciones, en concreto a su control.
Precisamente las telecomunicaciones son la base de la existencia de la sociedad de la información, núcleo de una nueva forma de entender el mundo que viene: la palabra digital calificará a la geografía, a la economía, a los medios, a la sociedad... Cuando nos encontramos en pleno proceso de desarrollo de la sociedad de la información, a través de la implantación de las nuevas tecnologías, uno de los aspectos que se recoge en el informe eEspaña 2005 de la Fundación Auna es la percepción de los usuarios sobre las virtudes de internet. Según el análisis, algunos de los principales valores que encuentran los usuarios en la red y en la telefonía móvil son, precisamente, la privacidad, la intimidad, la libertad y el anonimato en las relaciones personales establecidas a través de nicknames (seudónimos), weblogs, chats, foros
Las nuevas medidas de control, que vendrían a sumarse a las ya existentes (localización por GPS, control del tráfico de llamadas e incluso del contenido con orden judicial, etcétera) podrían, si no se legislan estas medidas de forma exquisita y con fechas de límite temporal específicas, colisionar frontalmente con las intenciones de impulsar el uso de nuevas tecnologías para aumentar el desarrollo y la competitividad económica, ya que, al dejar de existir esas virtudes, el usuario perdería la confianza que deposita en los sistemas. Precisamente la universalidad de las medidas, pues afectan tanto a sospechosos como a aquellos que no tienen ningún problema con la justicia, es uno de los puntos más críticos y criticados de las mismas.
Además, la pérdida de anonimato tiene una especial incidencia en nuestro país desde el punto de vista de la gestión. El indudable éxito de la telefonía móvil, y el hecho de que más de la mitad de los usuarios tengan contratos con modalidad de prepago, convierte a éstos en desconocidos para las compañías, con la excepción de aquellos que, sobre todo gracias a campañas de fidelización, han optado por aportar sus datos a las mismas (alrededor de un 30%). Estoy seguro de que la mayoría de estos desconocidos no tiene mayores inconvenientes en aportar determinados detalles a las operadoras cuando la petición se hace por un asunto de seguridad nacional o internacional, aunque deberíamos ser conscientes de que el coste de las medidas podrían repercutir en los costes del servicio.
Esto nos sirve de marco para tratar otro de los temas polémicos de esta reforma, que es nada más ni menos que el económico, que nunca falta, y que debe ser tratado en profundidad aunque pueda parecer grosero invocarlo en un tema tan grave como el que nos ocupa. Dependiendo de lo que pretenda alcanzar la ley, la factura para las operadoras europeas fluctuará entre los 100 y los 200 millones de euros. Porque se da por descontado que esa nota debe ser pagada por éstas. Hoy mismo ya cargan con una buena parte de las operaciones policiales que necesitan de su infraestructura. ¿Es lícito cuestionarse la mayor en este caso?
Todo lo hasta ahora mencionado sólo pretende llamar la atención a nuestros legisladores sobre el delicado hilo con el que deben bordar la nueva legislación cuyas bases se sentarán en el Consejo de Ministros de la UE de septiembre en Newcastle (y que supongo que en España podría consistir en una reforma de la ya existente ley sobre sociedad de la información). Ese fino hilo tiene además otros componentes, como son las libertades individuales, el derecho a la intimidad y la privacidad, la exquisita utilización de los datos obtenidos para actividades que sólo puedan inscribirse en la lucha contra el terrorismo.
Somos parte de una sociedad basada en el progreso, en la innovación, en la libertad individual y colectiva. La parte más desarrollada del planeta no podría entenderse sin estos pilares. Ya existe en nuestro país alguna sentencia que responsabiliza a una asociación por los contenidos alojados en sus servidores. ¿Podrían algún día ser culpables las compañías de telecomunicaciones de que se utilicen sus redes para asuntos ilícitos?