El empleo, el principal reto de Galicia
El nuevo Gobierno de Galicia formado por el PSG-PSOE y el BNG, tras los recientes comicios autonómicos de junio, es consciente de que el empleo es para la mayoría de los gallegos el principal problema de la comunidad autónoma. Por este motivo se ha fijado como objetivo fundamental para la próxima legislatura, entre sus políticas de acción inmediata, una mayor creación de empleo y de mejor calidad.
Por ello, hay que preguntarse si es lógico el planteamiento prioritario de este objetivo. Comparar los indicadores del mercado de trabajo de la economía gallega con los del resto de España nos permitirá responder objetivamente sobre la situación de la comunidad y, sobre todo, si es adecuada la decisión tomada.
Galicia sufre un descenso demográfico acusado desde 1990. Así, su saldo vegetativo anual es negativo (entre un 2 por mil y casi el 4 por mil anual). De este modo la población de más de 16 años en edad de trabajar ha aumentado tan sólo, en la última década, el 4,5%, frente al 12,4% de España, lo que conlleva a un envejecimiento de la población.
La economía gallega destruye activos en edad y en disposición de trabajar. Así, la tasa de actividad gallega (52,8%, frente al 56,9% de España) ha disminuido en los últimos 15 años en 1,8 puntos porcentuales, mientras crece en España 7 puntos porcentuales.
Por sexos, la tasa de actividad de los hombres es el penúltimo peor dato autonómico, y la de las mujeres se sitúa dos puntos porcentuales por debajo de la media nacional. Por ámbitos territoriales, la provincia de Orense se sitúa en el penúltimo lugar con la tasa de actividad más baja entre todas las provincias de España.
La estructura productiva de Galicia tiene una gran dependencia del sector primario en la economía. Así, casi el 12% de su población laboral se encuentra ocupada en el sector primario, frente al 5,5% de España. Lugo destaca por ser la provincia de España con el mayor número, en términos relativos, de personas ocupadas en el sector agrario (28,2%). Hay más personas trabajando en dicho sector que en el sector industrial y construcción juntos.
El empleo en los últimos 10 años ha crecido la mitad que la media nacional, y es de peor calidad. En concreto, la tasa de temporalidad es del 33,1%, frente al 31,6% de España. Pero en el último año el crecimiento del empleo no ha beneficiado a todos por igual: el empleo de los jóvenes disminuye el 0,7%.
Mientras que la tasa de empleo de Galicia es inferior a la de 1985, ha crecido en el resto de España en cerca de 12 puntos porcentuales. La de los jóvenes es inferior al resto de la media nacional.
La tasa de paro, tanto a nivel general como por sexos, es superior a la de España. Y lo que es peor, la tasa de paro de las mujeres, entre 16 a 19 años, es del 70,5%, lo que prácticamente duplica a la de España. Es preocupante que el paro de larga duración sea muy superior, cerca de 12 puntos porcentuales (46,5%, frente al 34,7%).
Es evidente que Galicia tiene unos indicadores relacionados con el mercado de trabajo, tanto cualitativamente como cuantitativamente, peores que la media nacional, con serios desequilibrios y fuertes desigualdades. Por ello, son lógicas las manifestaciones de miembros del nuevo Gobierno de pretender duplicar los recursos dedicados a políticas activas de empleo que irían destinados, sobre todo, a colectivos desfavorecidos como jóvenes y mujeres.
Sin embargo, si se pretende destinar una mayor dotación económica para dar respuesta al objetivo de mejorar el empleo, Galicia se encuentra con un grave problema. Su ratio de endeudamiento (7,1%) en relación al producto interior bruto (PIB), según el Banco de España, se sitúa por encima de la media nacional (6,3%). El tercero más alto por detrás de la Comunidad Valenciana (11,5%) y Cataluña (8,4%).
Conclusión: el nuevo Gobierno tiene el reto de hacer una Galicia menos desigual, en una sociedad abierta a la globalización y a las nuevas tecnologías, con el fin de aumentar la cohesión y el bienestar social. A largo plazo la corrección de los desequilibrios pasa por progresos sustanciales en materia de formación para asegurar una mayor igualdad de oportunidades. En concreto, por el desarrollo de la formación permanente a lo largo de la vida y por una formación profesional mejorada y negociada con los agentes sociales.