Qué hacer con un insostenible Estado de bienestar

A principios de los ochenta Ronald Reagan resumía en su célebre frase 'el Estado no es la solución a nuestro problema; es el problema' la crisis del Estado de bienestar (EB). Aunque a partir de entonces se ralentizó su crecimiento, los recortes no llegaron a ser tan profundos como el presidente estadounidense habría deseado. Ello se debió a la amplia cobertura de los programas públicos en términos de ciudadanos beneficiarios, a veces el 100% de la población, que habría hecho que los políticos, temerosos de no revalidar su cargo, asumieran que los costes electorales de su reducción podrían resultarles prohibitivos. Además, la inercia de las propias políticas de bienestar en marcha explica la continuidad de tales programas sociales, actuando como obstáculo para que se produzca un cambio radical.

Tal cambio sería, por ejemplo, el que pretendiese pasar del sistema de pensiones de reparto en que los trabajadores de hoy pagan a los jubilados de hoy, a un sistema de capitalización puro. Ello enfrentaría a los responsables públicos bien con la necesidad de asumir enormes costes de transición, bien con el llamado problema del doble pago. æpermil;ste supondría que los trabajadores actuales pagasen las pensiones de los jubilados de hoy y que, a su vez, tuviesen que ahorrar para disponer de su prestación en el futuro.

La cuestión es que, en los últimos años, las presiones están siendo más potentes que los obstáculos si se tienen en cuenta los avisos provenientes de la UE y del FMI advirtiendo de la insostenibilidad del EB en Europa. La amenaza de las deslocalizaciones o el envejecimiento de la población presionan para que los EB se reformen. Sin ir más lejos, en el caso español, el índice de natalidad es de los más bajos del mundo y la esperanza de vida de un individuo después de cumplir los 60 ha crecido en apenas cuatro décadas en siete años (Eurostat).

Vivir más significa consumir más recursos públicos y ante este panorama, los Gobiernos occidentales se han puesto otra vez el traje de faena diseñando estrategias para esquivar la resistencia ciudadana a la reforma. Desde luego no es nueva la estrategia del chivo expiatorio, según la cual un nivel de Gobierno culpa a otro de los necesarios recortes. Los Gobiernos de la derecha también utilizan la táctica de jugar al desconcierto ciudadano buscando alianzas en la izquierda que legitimen sus propuestas, ya que es menos sospechoso que un partido con este signo, empeñado en su día en el desarrollo del EB, quiera ahora recortarlo. Algunos Gobiernos permiten el deterioro de lo público ocasionando que los ciudadanos más afortunados económicamente, que son generalmente los más ilustrados, huyan por ejemplo de la enseñanza pública.

Quedan en los centros públicos sólo padres con poca capacidad de influir porque se sienten incompetentes para ejercer presión, generándose así un círculo vicioso de deterioro y abandono. La clase media, que sigue pagando pero deja de beneficiarse del servicio, puede acabar aliándose con los amigos del recorte general o de algunos programas. Si además estos programas benefician sólo a unos pocos que no logran movilizar a algún grupo de interés, ahí tienen los Gobiernos un buen lugar donde emplear la tijera.

Otros Gobiernos han utilizado el argumento de la inviabilidad de algunos programas a medio plazo, como el de pensiones, para tratar de persuadir a los ciudadanos de que los recortes (retraso de la edad de jubilación, ampliación de los años para computar la pensión...) son inevitables.

En Alemania, por ejemplo, el elevado desempleo parecía haber generado un buen caldo de cultivo para convencer a los ciudadanos de que la competitividad del país requería la reducción de las prestaciones sociales y la concentración de recursos sólo en los más necesitados.

Es probable que la magnitud de las presiones sea tal que aconseje la reconfiguración del EB. Pero debemos acordarnos que éste ha garantizado la estabilidad democrática y apuntalado uno de los componentes básicos de la ciudadanía, los derechos sociales. Es posible que los ciudadanos, como parecen haber demostrado los alemanes en las recientes elecciones de uno de los länder más importantes del país, castiguen a los Gobiernos que pretendan mermar tales derechos en favor, por ejemplo, de la competitividad.

Los Gobiernos deberán ser imaginativos para hacer sostenible el sistema sin olvidar lo mucho que el EB importa a los ciudadanos. Un 65% de las amas de casa desearían trabajar también fuera del hogar, pero ¿cómo si además es necesario tener hijos y cuidar de los mayores? Externalizar el empleo femenino ya no es sólo una solución para un sistema de pensiones con pocos contribuyentes. La situación es grave puesto que éstas son mujeres que todavía no pueden elegir.

Por otro lado, la solución para evitar el deterioro de la educación pública no es utilizar el argumento de que los padres tienen que poder elegir el colegio de sus hijos -en un contexto de deterioro es sólo una disculpa para la huida, puesto que algunos pueden elegir pero muchas familias no pueden hacerlo-. La solución es favorecer políticas que aseguren la presencia voluntaria y comprometida porque una escuela o un hospital público sean el mejor sitio donde estar.