La CE planea regular en una directiva la protección de los accionistas
El grupo de expertos en buen gobierno nombrado por la CE para promover la convergencia en Europa ha emitido la primera de sus conclusiones, en la que afirma que el éxito del gobierno corporativo pasa por reforzar los derechos de los accionistas, en especial cuando residen en un país distinto al de la inversión. Para lograrlo creen que será necesario elaborar una directiva.
Facilitar el ejercicio transfronterizo de los derechos de los accionistas es una condición crucial para que el control de las empresas por parte de los inversores sea realmente efectivo'. Es una de las conclusiones emitidas la semana pasada por el foro de expertos en buen gobierno nombrado por la CE el pasado mes de octubre y entre cuyos miembros se encuentra el español José María Garrido. Este foro de expertos tiene el mandato de examinar las mejores prácticas en materia de buen gobierno en cada uno de los Estados miembros y emitir una serie de conclusiones. El segundo de los encuentros, en el que analizarán otros aspectos del buen gobierno, se producirá en noviembre.
Los 15 miembros del grupo están convencidos de que uno de los puntos básicos para garantizar el buen gobierno es el de conseguir un balance entre las actividades que llevan a cabo las direcciones de las compañías y el control por parte de los accionistas.
También han concluido que deben analizarse de manera más amplia aspectos como el papel de los accionistas para nombrar y cesar consejeros, los efectos de bloques de accionistas en una compañía o los límites del concepto del principio una acción, un voto.
Bertrand Collomb, portavoz del grupo nombrado por el departamento del comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, considera que a pesar de que el enfoque en el que trabajan es en el de otorgar a los Estados miembros y a las compañías la flexibilidad necesaria, conseguir la eficacia de un modelo que permita realmente el ejercicio transfronterizo de los derechos de los accionistas pasa por elaborar una directiva 'que deberá ser tan precisa como para asegurarse que se garantizan realmente esos derechos'. Otro de los puntos que son de especial relevancia en opinión del foro de expertos es el de la importancia de que las compañías gestionen de manera adecuada los riesgos, de forma que se garanticen al máximo las inversiones de los accionistas. En este sentido, creen importante que se incrementen los requisitos de transparencia y la necesidad de establecer comités de auditoría.
Sin embargo, este último punto ha estado envuelto en una reciente y fuerte polémica. La reforma de la octava directiva, la que regula las auditorías y el sector profesional, también contemplaba la obligatoriedad de implantar comités de auditoría en todas las sociedades cotizadas. Pero las presiones de algunas organizaciones empresariales, especialmente británicas, han hecho que la propuesta se haya abandonado para dejar que sea cada estado miembro el que decida sobre su implantación obligatoria.