Mínimos laborales
China fue la estrella del debate en el Congreso el jueves. En un lado estaban los miembros del Comité Financiero del Senado, una Cámara en la que se están proponiendo medidas para rebajar las importaciones de este país. Con ellas, los senadores quieren frenar el déficit comercial con el gigante asiático y evitar pérdidas de empleo provocadas por la competencia desleal que dicen que plantea China.
Del otro lado, y como comparecientes, estaban Alan Greenspan y John Snow, que arremetieron contra las tentaciones proteccionistas del Congreso americano.
Con semejante cartel, el debate ante otro Comité, el de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, quedó en un discreto segundo plano, aunque en él también se trataron cuestiones que afectan directamente al empleo. En concreto, en este foro se empieza a hablar de enmendar una ley que garantiza tiempo libre a los trabajadores para atender, entre otras cosas, a un recién nacido (en EE UU no hay permiso de maternidad pagado obligatorio), a miembros de la familia o para solventar algún problema médico.
George H.W. Bush, padre del actual presidente, vetó esta legislación dos veces por considerar que añadiría rigidez al mercado laboral. Para Bill Clinton estas negativas fueron munición en una campaña de la que salió triunfante y el 5 de febrero de 1993, recién llegado a la Casa Blanca, firmó la ley que se conoce como FMLA (sus siglas en inglés).
Ahora, en la presidencia del segundo Bush, algunos grupos empresariales intentan endurecer la norma, mientras sindicatos, partido demócrata y grupos de mujeres proponen ampliarla.
La Cámara de Comercio y la Asociación Nacional de Fabricantes están presionando para que se regulen de forma más precisa algunos aspectos. Entre ellos, qué significa 'enfermedad seria' para justificar el tiempo libre. Otra cosa que les preocupa es la supervisión de estos permisos, puesto que aducen que no hay muchas posibilidades de comprobar que la ausencia del puesto de trabajo es legítima cuando ésta es 'intermitente'.
Estos grupos dicen que no están en contra de la norma, pero señalan que es muy complicado mantener un plan de trabajo cuando un empleado puede dejar el trabajo por unas horas. Por otro lado, quieren frenar el abuso de la ley y el absentismo laboral.
Y tienen cifras para mostrar el daño: las de una asociación próxima a sus tesis. La Employment Policy Foundation asegura en un estudio de abril que el 15% de los trabajadores se acogió a esta ley para ausentarse por enfermedad. Dicen que el porcentaje ha ido creciendo en los últimos años y que en 2004 costó 21.000 millones entre productividad perdida, prestaciones sanitarias y otros costes.
Ese mismo abril, los senadores demócratas Hillary Clinton y Christopher Dodd mandaron una carta a Elaine Chao, secretaria de Empleo, para pedirle que de tocar la ley sea para ampliar los derechos, y no al revés. Ellos afirman que los abusos son un problema de gestión empresarial. Además, discuten el estudio de los empresarios y esgrimen uno de Trabajo de 2000, que refleja que el 80% de los empleadores dicen que la FMLA no merma la productividad.
En Trabajo aseguran que no se ha tomado aún una decisión sobre los cambios, pero reconocen que el texto se está revisando. Así las cosas, ambos lados afinan argumentos.