Preocupación por las balanzas
La CEOE, por boca de su presidente José María Cuevas, ha mostrado recientemente (Europa Press, 6 de junio) su preocupación por la 'fabricación de balanzas fiscales, comerciales, históricas, etcétera, que a su manifiesta inexactitud unen un confesado o tácito propósito de desunión política, ruptura de mercado e insolidaridad social'. Estas afirmaciones son dignas de consideración por venir de quien, sin duda, tiene conocimiento profundo del funcionamiento de la economía y de las diferentes asociaciones empresariales territoriales, por lo que puede inferir no sólo el resultado que ofrecerán las balanzas fiscales, inexactas según sus palabras, sino de la reacción que pueden suscitar dichos resultados.
Independientemente de la legitimidad, y hasta de la conveniencia, de que una asociación empresarial aporte su opinión en un tema tan importante, cabe inquietarse ante el hecho de que la CEOE muestre esta preocupación tan seria después de que el Congreso haya aprobado la elaboración y publicación de las balanzas fiscales regionales, sin que ninguno de los grupos políticos fuese capaz de anticiparse a las preocupaciones expresadas por Cuevas o, lo que sería peor, como si se esperara generar el previsible debate fuera de los cauces parlamentarios, como ya está ocurriendo en tantas otras materias.
Como a nadie se le escapa la crispación que viene rodeando la anunciada profundización en la descentralización del Estado a favor de las autonomías, cabe anticipar que dicha crispación puede muy bien extenderse a la materia de lo que cada una de ellas aporta y recibe en términos fiscales, según el testimonio que ofrezcan las correspondientes balanzas regionales. El Gobierno ha encargado al Instituto de Estudios Fiscales (IEF) la elaboración de dichas balanzas y, con muy buen criterio, su director, Jesús Ruiz Huerta, ha optado por formar un grupo de trabajo 'lo más heterogéneo posible' con técnicos del propio Instituto, del INE y de otros organismos de la Administración del Estado, incluidas las Universidades.
Si, en el seno de dicho grupo de trabajo, profesionales de la economía y de la Hacienda pública, de diversa formación e ideología, se llegaran a poner de acuerdo en la metodología que debe medir los déficit o superávit fiscales de cada comunidad autónoma, se daría un ejemplo de honestidad científica digno de recordarse y, por supuesto, se haría un gran servicio a una sociedad que, aunque sólo fuera por una vez, estaría de acuerdo en el diagnóstico de una situación y podría centrarse en debatir ideas sobre el mejor modo de actuar sobre dicha situación.
No obstante, parece difícil conseguir tan ambicioso objetivo. Un repaso a los trabajos sobre balanzas fiscales muestra que en el colectivo investigador hay criterios irreconciliables que obedecen más que a planteamientos científicos a otras razones, entre las que inevitablemente figura el afán de los elaboradores de balanzas regionales por satisfacer los objetivos de sus clientes.
Un buen ejemplo de la carga de intereses que se esconde tras la metodología lo ofrecen los distintos criterios en la imputación de pagos e ingresos. Ante el déficit de la Comunidad de Madrid, que por ser el más alto de España se ha erigido en el mayor freno para las reivindicaciones de Cataluña, se dice que es ficticio por recoger impuestos pagados por empresas que, en lugar de imputarlos a su sede radicada en Madrid, habría que distribuirlos territorialmente y, por otro lado, por asignar pagos a todo el territorio nacional que deberían ser imputados en su práctica totalidad a Madrid, como retribuciones a los funcionarios de la Administración central o gastos en museos y teatros nacionales radicados en dicha comunidad.
Estas y otras precisiones metodológicas son muy interesantes y deberían ser difundidas con suficiente elocuencia para que los ciudadanos puedan entender lo que se esconde tras los argumentos económicos. Los datos fiscales permiten determinar pagos e ingresos en función de las personas que los realizan y del territorio donde residen, por lo que la ocasión de aclarar las cuentas es única. Lo que sí sería exigible a cuantos técnicos trabajen en la comisión de expertos del IEF es que sepan conjugar personas y territorios y, lo que todavía es más complicado, que aporten una visión histórica de cómo se ha generado la situación actual, sin limitarse a las imágenes instantáneas que den las balanzas. Conocer, por ejemplo, el modo en que personas que han nacido y crecido en ciertos lugares y que, tras aportar su fuerza productiva en otro territorio, pueden retornar a dichos lugares para envejecer y morir, y evaluar cómo todo ello se traduce en gastos e ingresos, sería un estímulo para favorecer esa solidaridad interterritorial que debe seguir siendo un objetivo irrenunciable.