Dos estrategias ante los fondos
Tras los dos noes a la Constitución europea, una de las tareas más difíciles de la Unión es pactar las líneas maestras de los presupuestos europeos para el próximo período, 2007-2013. En teoría, la cumbre del 16 y 17 de junio iba a servir para cerrar un acuerdo por unanimidad bajo la hábil presidencia luxemburguesa. Pero la Europa ampliada está muy dividida también sobre cuánto dinero debe recaudar para financiar sus políticas y cómo repartirlo. Hay seis países contribuyentes netos que se han aliado para rebajar el presupuesto y dejarlo en un 1% del PIB europeo.
La banda insolidaria la componen Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Suecia y Austria. Muchos de estos son grandes beneficiarios de la ampliación. A pesar de ello, sus problemas domésticos o su visión poco europeísta les llevan a negar la necesidad objetiva de financiación causada por el ingreso de diez nuevos países con renta media en torno al 40% de la europea, y no saben o no contestan a la hora de pagar las nuevas políticas europeas como el espacio de libertad, seguridad y justicia, la política exterior o la política de vecindad con el Este y en el Sur del Mediterráneo o el programa de reformas económicas de la cada vez más debilitada Agenda de Lisboa.
En el otro lado de la mesa están los nuevos miembros dispuestos a emular a la España de hace 15 años, que logró dar contenido a la política de cohesión una vez hubo aceptado condiciones de entrada nada ventajosas.
El Gobierno español debe llevar hasta el final una negociación real sobre los fondos y abandonar su preferencia por las campañas de comunicación
España está en medio y sin apoyos claros. Nadie discute que en el futuro recibirá menos fondos europeos, debido a su convergencia real con la media europea, del 69% hasta el 98% actual. El problema es que no hay una manera objetiva de calcular el montante de esa disminución y dependiendo de cómo negocie puede llegar a ser el país que pague la mayor parte de la factura de la ampliación. Las estrategias españolas ante este reto colosal en su experiencia europea se dividen en dos tipos, uno que podríamos llamar de negociación real y otro de comunicación de malas y buenas noticias.
Por una parte, la negociación real, un ejercicio practicado desde 1986 tanto por Gobiernos socialistas como populares e inspirado por diplomáticos y economistas con experiencia en Bruselas: demostrar firmeza hasta el final, esgrimir el veto, no tener miedo de estar aislados y crear la percepción de que hay un 'problema español', ya que más de diez puntos de nuestra convergencia se deben al llamado efecto estadístico de la ampliación y la ampliación no nos ha sido por ahora muy beneficiosa en el plano económico, si no lo contrario. La estrategia de negociación real incluye también pedir el aumento de recursos de la UE y atacar el injusto cheque británico, un sistema de devolución anual al Reino Unido pactado en 1984 y que si se mantiene tras la ampliación será un negocio redondo para Londres, porque su cantidad aumentaría, en parte con la aportación creciente española. España trata de emular el gran poder de negociación real de Francia, aunque no hemos sido capaces de condicionar la ampliación de 2004 al mantenimiento de nuestra buena posición como receptor del 25% de los fondos europeos. Francia, gracias al apoyo alemán y a su firmeza, consiguió en octubre de 2002 seguir siendo el primer receptor de subsidios agrícolas hasta 2013.
Por otra parte, el Gobierno español puede hacer uso de la estrategia de comunicar malas y buenas noticias como alternativa a negociar con firmeza y así mostrarse como un buen europeo, cercano y comprensivo hacia los maltrechos Gobiernos de París y Berlín, cada vez más instalados en lógicas nacionales nada europeístas. Esta alternativa pasa por presentar primero los peores augurios sobre las posibilidades de recibir fondos en el futuro para que, por ejemplo, la prórroga del Fondo de Cohesión dos o tres años más (es decir, hasta las siguientes elecciones) sea un resultado digno de celebración, a pesar de que suponga en realidad cantidades pequeñas que no resuelven los problemas reales de financiación pública una vez desaparecen el grueso de los fondos y avanza la propuesta catalana de modificar su balanza fiscal con el resto de España, inspirándose en el País Vasco y Navarra.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene capacidad de comunicación probada para declarar victoria en la negociación de los fondos europeos con muy pocos resultados en la mano y tratar de convencer a los españoles que un drástico recorte es un éxito en sí mismo. El argumento de venta sería que España está por fin junto a los más prósperos, ha conseguido la convergencia real con Europa y por si fuera poco es solidario con el Este. En este sentido, consideraría un éxito la prórroga del fondo de cohesión unos años y asumiría con naturalidad la pérdida del 40% de los fondos que ahora recibimos como consecuencia del crecimiento y de casi un tercio de estas transferencias por el coste de la ampliación.
Los noes francés y holandés a la nueva Constitución han complicado enormemente el pacto presupuestario, que se podría retrasar a después de las elecciones alemanas de otoño. No obstante, una de las medidas de emergencia que la cumbre europea de esta semana podría tomar para paliar la crisis constitucional sería un rápido acuerdo sobre este tema. El Gobierno español debe atreverse a llevar hasta el final una negociación real sobre los fondos europeos y por una vez abandonar su preferencia por las estrategias de comunicación. Las próximas perspectivas financieras dependen de un proceso político incierto en el que queda mucho por decidir y en el que los resultados serán proporcionales a la determinación y la creatividad con la que cada Estado defienda intereses nacionales con buenos argumentos europeos.