Sevilla ofrece la prejubilación a 25.000 funcionarios
La edad media de los empleados públicos de la Administración General del Estado es de 47 años y su cualificación y distribución geográfica no es la más adecuada, en opinión del Ejecutivo. Para hacer frente a este problema, el Gobierno presentará esta misma semana a los sindicatos un plan de prejubilaciones voluntarias incentivadas para los trabajadores de entre 58 años y 64 años. El anuncio fue hecho público ayer por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, durante su intervención en el Foro Cinco Días, un evento patrocinado por Accenture y Banco Madrid al que asistieron destacados representantes del mundo de la empresa y de la Administración.
Se trata de una propuesta que, en principio, sólo afectaría a unos 25.094 trabajadores de la Administración Central, pero la intención de Sevilla es que esta línea de actuación sirva como ejemplo para las administraciones autonómica y local. De hecho, la mayoría de los empleados públicos trabajan ya en las administraciones territoriales: 1.190.607 empleados en las comunidades autónomas y 563.392 en los ayuntamientos, frente al medio millón de trabajadores de la Administración Pública Estatal.
Este plan contrasta con los mensajes del Gobierno a empresas y trabajadores del sector privado para que no abandonen sus puestos de trabajo antes de los 65 años, con el fin de garantizar la viabilidad de la Seguridad Social. Preguntado por esta aparente contradicción, Sevilla precisó que el plan será voluntario y que en la Administración también existe la posibilidad de continuar trabajando más allá de la edad legal de jubilación. El objetivo, dijo, es contar 'con un sistema de jubilación flexible en un sentido amplio'. En la actualidad no llegan a 3.000 los empleados mayores de 65 años que siguen trabajando en la Administración Central.
La propuesta afecta sólo a la Administración central, pero a Sevilla le gustaría que se extendiera a las territoriales
El Ejecutivo negociará este plan con los sindicatos a partir de hoy y garantiza que será voluntario
El plan de jubilaciones anticipadas no se financiará con las arcas de la Seguridad Social, ya que el retiro de los empleados públicos (las denominadas 'clases pasivas') corre a cargo de los impuestos generales.
Sevilla aseguró que el Gobierno ha calculado su coste, pero no quiso precisarlo. Sí señaló que la cifra final dependerá de lo que se pacte con los sindicatos y, en su caso, con el resto de las Administraciones, así como del número de trabajadores que se acojan al programa de bajas incentivadas.
'Estamos ofreciendo la posibilidad de que los empleados públicos tengan un derecho que otros trabajadores tienen y que hasta ahora no han tenido los de la Función Pública', señaló el ministro.
En su opinión, este plan no sólo permitirá un 'rejuvenecimiento' del funcionariado, sino también la 'recualificación y redistribución geográfica de los efectivos humanos de la Administración'.
Para ello, las jubilaciones anticipadas irán acompañadas de la reposición de las plazas con nuevos empleados más jóvenes, más cualificados y ubicados en distintas zonas de España.
Sevilla cree que es esencial 'modificar el perfil del funcionario', para que las Administraciones 'contribuyan a la mejora de productividad de todo el país'.
Sin embargo, captar jóvenes talentos no es tarea fácil. Según admitió el titular de Administraciones Públicas, los bajos sueldos y la escasas oportunidades promoción profesional hacen que el sector público 'no sea atractivo para los jóvenes'. Aunque un recién licenciado gana más en la Administración Pública que en el sector privado durante los primeros años de profesión, el acceso exige 'dos o más años para preparar una oposición y a los cinco o seis años ya han llegado al techo profesional y de sueldo', explicó Sevilla.
El ministro ejemplificó el problema de baja cualificación del funcionariado señalando que la mayoría de los empleados públicos se concentran en los grupos C y D (que son los de menor cualificación), donde también la mayoría son mujeres. Escasean, en cambio, los efectivos de las categorías A y B, de mayor perfil directivo, que son precisamente los más necesarios en estos momentos.
'Necesitamos funcionarios que sepan de las políticas que gestionan, que, por supuesto, sepan idiomas y que puedan sentarse a negociar en Bruselas o con las comunidades autónomas', explicó Sevilla.
Las propuestas lanzadas por el ministro fueron recibidas de manera muy distinta por los principales sindicatos. UGT respondió expresando su 'satisfacción' y 'receptividad'. Comisiones Obreras, en cambio, se quejó de que el Gobierno haya hecho su propuesta a través de los medios de comunicación antes que en la mesa de negociación.
El máximo responsable de CC OO en la federación de servicios públicos, Miguel Segarra, aseguró a la agencia Europa Press que en la reunión con los sindicatos prevista para hoy, esta propuesta no está en el orden del día. Sí lo está un plan de jubilación parcial según el cual los funcionarios mayores de 60 años podrían trabajar sólo el 15% de su jornada (cinco horas a la semana o dos meses al año) y ser sustituidos el resto del tiempo por otro trabajadores.
Estatuto del Empleado Público
Otro de los instrumentos que el ministerio de Administraciones Públicas pretende diseñar para cambiar la Administración es el Estatuto del Empleado Público, que quiere llevar al Congreso de los Diputados antes de fin de año.
Uno de los cambios que los expertos han propuesto para que sea incluido en este Estatuto es la reforma del sistema de retribución de los empleados públicos, de forma que los complementos salariales por cumplimiento de objetivos pesen más en el salario final que el complemento de antigüedad.