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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Administración más eficaz

El Gobierno se propone transformar la Administración Pública para hacerla más cooperativa, funcional y eficaz. Además pretende que sea más flexible y cualificada y, por encima de todo, más próxima a los ciudadanos. En definitiva, el Ejecutivo quiere cambiar los procedimientos para arrumbar definitivamente el decimonónico 'vuelva usted mañana'. Y todo ello bajo el plausible presupuesto de que en sus tres niveles -central, autonómico o local- tiene un mismo 'cliente': el ciudadano. El planteamiento, presentado ayer por el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, es impecable.

La modernización de la función pública es una asignatura pendiente desde que hace más de un cuarto de siglo empezó a gestarse el histórico proceso de transferencias a las autonomías. Como consecuencia de éste, de los 2,3 millones de funcionarios que hay en la actualidad, más de la mitad (53%) pertenecen ya a la Administración autonómica, y casi el 24% a la local. La Administración central ocupa sólo al 23%. Aún así, se trata de la nada desdeñable cifra de 540.000 empleados, gran parte de ellos de más de 50 años y sólo el 66% de carrera. Un cuerpo funcionarial creado para una Administración muy distinta a la de hoy.

Es en la Administración Central donde el Gobierno quiere hacer hincapié, pero con la esperanza de que sirva como modelo para el resto de las administraciones. El plan prevé sustituir a 25.000 empleados de la Administración central, con jubilaciones anticipadas, voluntarias e incentivadas, a partir de los 58 años. Igual que los ofrecidos por muchas empresas privadas.

El proyecto, que será presentado de inmediato a los sindicatos, tiene un coste aún por definir. Pero incluir la jubilación flexible parece el camino adecuado, siempre que la prioridad se fije en la cualificación. La Administración central ya no necesita funcionarios capaces de atender la ventanilla denostada por Larra hace más de 170 años, sino técnicos preparados para diseñar y gestionar políticas, y para sellar pactos con Bruselas y las comunidades autónomas.

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