TRIBUNA

Política energética: ¿proteccionismo o competencia?

Ocho años después de la puesta en marcha del mercado mayorista de generación eléctrica no se ha logrado el objetivo de fomentar la libre concurrencia, según el autor. En su opinión, el control del precio por medio de los CTC ha mantenido alejada a la competencia

En 1996 el Gobierno español llegó a un acuerdo con las empresas de generación nacionales para determinar cómo introducir la competencia en el sector eléctrico. Desde la perspectiva de uno de los tres promotores de plantas de generación independientes en el mercado, y basándonos en los ocho años transcurridos desde que dicha iniciativa tuvo lugar, quisiéramos exponer nuestra visión de la política energética e intentar concluir si favorece o no la competencia.

Para fomentar la competencia, se acordó establecer un mercado mayorista de generación eléctrica (el pool) que entró en funcionamiento el 1 de enero de 1998. A partir de esa fecha todas las plantas de generación se vieron obligadas a enviar (con un día de antelación) ofertas de generación para cada uno de los 24 periodos horarios del día siguiente.

Sin embargo, durante la negociación de este acuerdo las compañías eléctricas existentes argumentaron con éxito que necesitaban ser recompensadas por las inversiones realizadas durante los años sesenta y setenta. La base de su argumento era que habían invertido en plantas de generación que operarían en un entorno regulado, y un cambio a un entorno de mercado les impediría recuperar su inversión. El Gobierno aceptó este argumento y estableció un mecanismo que permitiera a las compañías existentes recuperar 10.000 millones de euros (el equivalente al coste de nuevas plantas con una capacidad total de 20.000 MW). Este mecanismo, denominado de costes de transición a la competencia (CTC), proporcionaba a las compañías capital suficiente para sustituir todas sus centrales térmicas por nuevas plantas de turbina de gas.

El mecanismo de los CTC era básicamente un contrato por diferencias, que funcionaba de la siguiente manera: se estableció que el precio medio de referencia del pool de 36 euros por MWh fuera el precio medio marginal del sistema. Una central con créditos CTC que ofertara a un precio mayor que el de referencia, si fuera aceptado, recibiría su precio de puja. Si ofertara a un precio inferior al de referencia, recibiría 36 euros. En este último caso la diferencia entre el precio de puja y el de referencia sería descontado del fondo de los 10.000 millones de los CTC. Merece la pena resaltar que el precio medio anual del mismo ha estado justo debajo de los 36 euros por MWh. ¿Por qué hacen esto?

Durante la época de las negociaciones sobre la introducción de la competencia, los precios del gas natural indicaban que el coste para una nueva empresa entrante sería del orden de 36 a 40 euros por MWh. Si el precio medio del pool se mantuviese por debajo de los 36 euros, entonces los nuevos entrantes encontrarían el mercado poco atractivo, que fue exactamente lo que sucedió. Aparentemente, las eléctricas existentes controlaron el precio para mantener a la baja el precio del mercado, ya que tenían la seguridad de ser recompensadas a través del mecanismo de los CTC. Ocho años después hay solamente tres proyectos energéticos independientes (PEI) en construcción. El control del precio del pool por medio de los CTC ha mantenido alejada a la competencia. Debido a los CTC, el mercado mayorista de generación no existe y por tanto no se ha fomentado la competencia.

A pesar de estos patentes elementos de disuasión, mi compañía ha perseverado y en 2003 inició la construcción de la primera PEI en España. Sin embargo, tras el inicio de la construcción, vino la tremenda sorpresa del Plan Nacional de Asignación (PNA) para las emisiones de CO2, que en contra de lo que cabía esperar ha asignado un 100% al carbón, y menos del 50% de la asignación solicitada al gas. En consecuencia tenemos un PNA que da lugar a la producción de 40 millones de toneladas de CO2 más de lo necesario, a un coste para los generadores que operan con gas de 600 millones de euros, lo que hace que la generación procedente de nuevas plantas de gas sea aún menos competitiva.

Justo cuando las empresas entrantes pensaban que las cosas no les podrían ir peor, empiezan a circular rumores de que el borrador del Libro Blanco de la competencia, encargado por el Gobierno, contempla la vuelta a un sistema regulado hasta un 90% de la capacidad de generación. Así que tras seis años pagando miles de millones de euros a las compañías existentes para crear un mercado, ahora se propone olvidarse de este y volver al sistema regulado. ¿Qué pasa con los miles de millones de euros desembolsados? ¿Tendrán que devolverlos las empresas beneficiadas?

Los CTC han proporcionado a las empresas de generación españolas tanto dinero como para sustituir enteramente su parque de centrales térmicas por tecnología de última generación. La realidad es que han utilizado ese dinero para impedir el desarrollo de un mercado real. Si este planteamiento es aceptado, sólo hay una conclusión a la que puede llegar un potencial entrante, que la política eléctrica española fomenta el proteccionismo en vez de la competencia.