El techo de gasto y la estabilidad

De conformidad con lo establecido en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2001, el Gobierno presentó al Congreso el límite de gasto no financiero del Presupuesto para 2006, fijándolo en 133.947 millones de euros. Tal importe ha de ser el que se corresponda con un gasto en términos de contabilidad nacional, que resulte consistente con el objetivo de estabilidad que se fija al Estado del -0,4% del producto interior bruto (PIB).

A pesar de lo anteriormente expuesto, en la documentación que se acompaña al acuerdo del Gobierno fijando el objetivo de estabilidad presupuestaria 2006-2008 y el límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2006, publicado en el Boletín del Congreso de 27 de mayo pasado, no aparece el cuadro de relaciones que demuestre que el citado importe de gasto presupuestario transformado en términos de contabilidad nacional y los ingresos previsto igualmente en términos de contabilidad nacional den como resultado un déficit en contabilidad nacional del 0,4% del PIB. La falta de transparencia da lugar a tener que aceptar por artículo de fe que tal hecho se cumple.

El límite de gasto fijado supone un crecimiento con respecto al de 2005 del 7,6%, el crecimiento del PIB nominal se prevé que sea del 6,6%, es decir, que la tasa de crecimiento del gasto será superior a la del PIB en un punto. ¿Es acertada la política diseñada? Creemos que no, ya que con un crecimiento en volumen del PIB estimado en el 3,3% por el fuerte déficit en la balanza comercial y el alto diferencial de inflación de ocho puntos que hemos acumulado desde nuestro ingreso en la unión monetaria, lo ortodoxo hubiera sido una contracción del gasto público, aprovechando la bonanza de nuestra economía, y no echar más leña al fuego de la demanda interna. Esta presiona nuestros precios y el déficit comercial exterior, sin que quepa pensar que el crecimiento de nuestra productividad eliminará tales desequilibrios, sino todo lo contrario.

Según declaraciones del vicepresidente económico aparecidas en la prensa, el techo de gasto de que se ha hecho mención contempla la asunción de la deuda de RTVE, así como atender el elevado déficit sanitario.

Respecto de la primera cuestión, diremos que si hubiera privatizado la primera cadena, permaneciendo RTVE exclusivamente con la segunda -ciñéndose a la función de servicio público, que es lo que le compete-, la deuda asumida hubiera tenido incidencia en el gasto público, de acuerdo con el manual del SEC-95, como tantas veces he expuesto.

En cuanto a la asunción del déficit sanitario de las comunidades autónomas, que en su mayor parte corresponde a Cataluña, me parece una medida poco ejemplar, ya que las comunidades gastan su límite sin preocuparse de una gestión eficiente, sabiendo que el Estado acabará asumiendo el déficit.

La Ley de Financiación de los citados entes estableció un sistema de corresponsabilidad fiscal en determinados impuestos, dejando en manos de las comunidades autónomas la posibilidad de aumentarlos, suprimir exenciones, establecer el céntimo de las gasolinas, etcétera. Pocas comunidades autónomas han hecho uso de esta autorización, en cambio sí que han eliminado algunos de los impuestos cedidos.

El fuerte crecimiento del gasto se contrarresta con una previsión de aumento de los ingresos no financieros del 9%, que se descompone en 9,6% de los ingresos tributarios y del 3% de los no tributarios. Llama la atención la fuerte elasticidad de los ingresos tributarios con respecto al PIB, que sólo crece el 6,6% en términos nominales. A menos que se piense que, como viene siendo normal desde hace años, el deflactor del PIB sea mayor que el previsto, dada la fuerte tendencia inflacionista que viene mostrando nuestra economía.

En efecto, dicho deflactor se sitúa en los dos últimos años en el 4%, y en el primer trimestre del corriente año en el 4,2%, un punto superior al 3,2% estimado para 2006. De esta manera la inflación se convierte en el instrumento para equilibrar el Presupuesto, pero al estar en España indiciados los salarios con la inflación, se genera un proceso inflacionista como el que estamos teniendo desde nuestro ingreso en la unión monetaria.

Dado que la política monetaria está centralizada en el Banco Central Europeo, el único instrumento que queda en los Estados miembros para controlar la demanda interna es la política presupuestaria. Desde nuestro ingreso en la unión monetaria, los bajos tipos de interés de que disfrutamos y las rebajas de impuestos han incrementado la renta disponible de las familias, y en consecuencia el consumo.

Algo como esto, que ha sido bueno para el crecimiento y la generación de empleo, ha dado lugar a un proceso inflacionista acumulado de más de un punto de diferencial por año con la media de la zona euro, que ha erosionado fuertemente nuestra competitividad, tanto interior como exterior, como muestra el alto déficit de la balanza comercial, uno de los más altos del mundo con respecto al PIB. Por ello, vuelvo a insistir en que, dadas las perspectivas de crecimiento para 2006, el Presupuesto no debería haber sido expansivo, sino todo lo contrario, disminuyendo fuertemente el déficit.

El Estado reduce en una décima del PIB su necesidad de financiación, que pasa del 0,5% del PIB al 0,4% en 2006. Unido al déficit previsto para las comunidades autónomas, resulta un déficit conjunto de 0,5% del PIB. Para el total del sector público se fija para 2006 un objetivo de superávit del 0,2%, que se prevé alcanzar porque se estima un superávit de la Seguridad Social del 0,7% del PIB.

Ahora bien, si la Seguridad Social contabilizara por el criterio de devengo los derechos cobrados y no vencidos de los actuales cotizantes, la Seguridad Social aparecería con un fuerte déficit.