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Tribuna
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Debate abierto: Linux seduce a los Gobiernos

La guerra entre el software libre (conocido también como 'gratuito') y software licenciado (o propietario) se intensifica por momentos. Y la contienda más importante se está librando en el campo de las administraciones públicas. Cada vez son más los Gobiernos, de todo signo político, que confían en los sistemas abiertos y libres, en especial Linux, con el consiguiente malestar de los grandes fabricantes de programas informáticos.

El Gobierno del Reino Unido anunció hace unas semanas que intensificará su apuesta por el software libre. Además, avisó que no sólo lo hará a través de su propia Administración, sino también con iniciativas a escala comunitaria, cuando asuma la presidencia semestral de la Unión Europea el próximo 1 de julio.

Al otro lado del Atlántico, el Gobierno brasileño está protagonizando una de las mayores apuestas a favor del software libre. El equipo de Lula ha puesto en marcha un ambicioso programa para impulsar la informatización de los ciudadanos mediante ordenadores baratos, conexiones a internet asequibles y software libre. El programa quiere llegar a siete millones de hogares y pymes, y cada ordenador llevará preinstalados 27 programas libres, siguiendo los consejos de Walter Bender, del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT).

Los defensores de los programas libres reclaman independencia frente a los proveedores de software

Microsoft sostiene que es difícil innovar cuando no existe ningún tipo de recompensa económica

Bender recomendó al Ejecutivo de Lula apostar por software libre asegurando que éste, si es de alta calidad, 'es una manera mucho más adecuada de estimular el uso de ordenadores que las pobres y reducidas versiones de software propietario propuestas por la industria'.

La posición favorable al software libre por parte de ciertas administraciones -entre ellas algunas españolas como las de Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha o Aragón- ha despertado recelos entre algunas empresas como Microsoft, que ve en Linux su más poderoso enemigo. Además ha desatado un duro debate sobre si los Gobiernos deben apostar abiertamente por el software libre frente a otras soluciones aportadas por la industria. Detrás de ello está el mito de si es posible o no, o si se debe o no, mantener una neutralidad tecnológica.

El consejero de Relaciones Institucionales y Comunicación de la Generalitat Valenciana, Esteban González Pons, aseguró recientemente en el Senado que la Administración debería utilizar software libre y 'destinar los recursos que está gastando en comprar licencias de software en cosas como la asistencia social, sanitaria o educación'. González Pons trató de poner un ejemplo que todo el mundo entendiera: 'Si hubiera folios, escaleras de bomberos o gasolina libre, todo el mundo entendería que las Administraciones los eligieran'. Sin embargo, precisó, 'con el software ocurre una cosa absurda, porque existe uno libre y uno para cuyo uso se necesitan licencias, y las Administraciones públicas lo compran, cuando lo pueden obtener de otra manera'.

Las palabras de este político del Partido Popular son compartidas plenamente por representantes socialistas como Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura, o Manuel Chaves, de Andalucía.

'Creen que no se puede ser neutral con el dinero de los ciudadanos y menos, mucho menos, con sus derechos', comenta Enrique Dans, profesor de tecnologías de la información del Instituto de Empresa.

Este experto menciona en su blog un estudio comparativo entre escuelas británicas que utilizan software libre frente a las que usan programas propietarios, que demuestra que las primeras se ahorran en torno a un 24% por ordenador. 'Y eso que no se han dedicado todavía a medir en qué escuelas salen los chavales más preparados', subraya.

Precisamente ahí está otra razón de peso de quienes defienden que las Administraciones públicas deben favorecer el software libre: estimular su independencia de los proveedores de programas. Esta cuestión es particularmente sensible en el ámbito educativo, porque si se educa a los niños con un software que no pueden modificar sin permiso del propietario no les estamos enseñando a trabajar con software, sino simplemente a ser usuarios de una marca determinada.

Hispalinux, la Asociación de Usuarios Españoles de GNU/Linux, asegura que la adopción de software libre en la Administración permite optimizar la inversión en tecnologías de la información, fomenta la innovación tecnológica, mejora la competitividad y evita la brecha digital.

Del otro lado, voces como la de Microsoft insisten en que Linux no sale más barato, porque aunque el sistema operativo sea gratuito existen otros gastos asociados en servicios que encarecen la solución a la larga. Según sus propios cálculos, las soluciones de Microsoft son hasta un 22% más baratas que las de Linux.

Los mensajes de los defensores de software libre distan mucho de los lanzados por Steve Ballmer, presidente de Microsoft, para quien este tipo de programas gratuitos 'aún tienen que demostrar que crean empleo', mientras el 70% de los puestos de informática guarda alguna relación con Windows. En su opinión, algo 'por lo que no se paga' no es positivo para la economía.

Microsoft sostiene que es difícil innovar cuando no hay recompensa económica y que las administraciones públicas deben analizar todas las opciones de software bajo licencia disponibles para elegir la que objetivamente -según criterios de coste total del sistema, seguridad, facilidad de uso, interoperabilidad, etcétera- aporte más valor.

Vistos los argumentos de unos y otros, lo que parece más razonable es apostar por un mercado con diversidad, donde soluciones libres y propietarias se combinen y enriquezcan la oferta. No parece muy aceptable, si queremos respetar las leyes que defienden la libre competencia, que las administraciones públicas utilicen aplicaciones que sólo funcionen con los productos de una determinada empresa. Algo que, por otra parte, obligaría a los ciudadanos a comprar los programas de dicha empresa para acceder a un servicio público.

Dentro de esta confrontación, Microsoft deberá asumir que muchos ciudadanos, empresas y Gobiernos prefieran programas de código abierto y libre por razones de costes, tecnología o, simplemente, porque no quieran mantener una dependencia tecnológica con ellos que puede extenderse a lo largo de los años. Y quienes apoyan Linux y, en general, el software libre, deberán asumir también que, aunque es interesante buscar alternativas, las que existen hoy en día siguen siendo complejas para el común de los mortales.

'Linux sigue representando un mundo complejo y difícil de manejar para un usuario medio', como bien resume Dans, quien también advierte que no se puede dar la espalda a una alternativa que podría cambiar la historia, como ya hizo en su día Microsoft con Windows.

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