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La opinión del experto

No volvería a invertir en Latinoamérica

Pedro Parada relata desde la experiencia de un ejecutivo español las claves y los inconvenientes para hacer negocio, con éxito, en algún país latinoamericano.

Un directivo de una gran empresa española me explicó que el principal aprendizaje en Latinoamérica había sido que: 'no volvería nunca a invertir por 40 años. No compraría nada al contado. Una vez que has pagado estás pillado, es la gran lección que he aprendido. La memoria es frágil. ¿Cuánto dura el pago por adelantando..., una generación? Debería ser más como una hipoteca, pagar poco a poco, a medida que se vive allí. Lo que él sugiere es establecer un nuevo esquema de colaboración en que todos ganen. ¿Cómo? Un gran problema al que se enfrentan ahora nuestras empresas es la tentación que tienen gobiernos populistas o débiles, presionados por el descontento social, de retroceder en el proceso de reformas estructurales como la privatización. Tienen una 'deuda social' importante y no tienen recursos para afrontar las inversiones necesarias.

Uno de los principales motivos para privatizar los servicios públicos (donde han aterrizado las grandes empresas españolas) fue mejorar la eficiencia, tanto en la gestión como en el nivel de inversión necesario para mantener ciertos estándares. Sin embargo, existía otro motivo que era dar un salto importante en la inversión social con el dinero recaudado por la venta. Se pretendía dar un salto importante reduciendo o creando las condiciones para reducir la pobreza. Por ejemplo: educación en el primer caso y carreteras en el segundo. Sonaba lógico. Vender patrimonio para invertir y esperar mejores condiciones en el futuro. En realidad, el dinero recibido ha servido para financiar déficit públicos derivados de otras reformas, como las de educación, pensiones o seguridad social, entre otras. El resultado final es que el gran salto en inversión social no se ha producido. Se ha perdido una oportunidad histórica para impulsar el desarrollo de gran parte de la región. En este contexto, no es extraño que aparezcan presiones sociales por todas partes para echar atrás las privatizaciones.

Bolivia, que ha sido pionero en la región por controlar una hiperinflación, en llevar a cabo reformas estructurales profundas en lo económico y en la eliminación de los cultivos de hoja de coca, entre otras cosas, fue pionero también en darse cuenta a mediados de los años 90 de que si recibía de golpe todo el dinero de las privatizaciones de las empresas públicas no sería capaz de gestionarlo y dar el salto esperado. Los políticos de esa época decían también de manera informal que con los altos grados de corrupción de la administración aquel dinero corría el riesgo de 'evaporarse'. Lo que hicieron fue vender el 51% a un socio estratégico y entregar la parte que le correspondía del restante 49% a cada ciudadano mayor de 21 años. Este proceso se llamó capitalización y sustituyó a los procesos de privatización tradicionales que hasta entonces vendían activos o empresas en marcha. ¿Qué hizo diferente? Buscar alianzas y colaboraciones con grandes empresas para tratar de evitar perder esa oportunidad histórica y perder el dinero en medio de la corrupción.

Hoy en Bolivia, casi diez años después, los resultados en la eficiencia de las empresas han sido muy buenos. Sin embargo, la alianza estratégica con grandes empresas no ha resuelto el problema de la deuda con la inversión social. Es cierto que el dinero no se 'evaporó' en las arcas del estado, pero tampoco se ha invertido en reducir los niveles de pobreza.

Volviendo al inicio de este artículo, puede existir una tercera vía. Una vía en que las empresas se hagan cargo de la gestión y mejoren las condiciones de las empresas, como han hecho hasta ahora. Una vía en que el dinero entregado por la venta de las empresas públicas se entregue poco a poco a los gobiernos para que puedan iniciar procesos sistemáticos de inversión de largo plazo. Un poco cada año, pero de manera sostenida en el tiempo.

Esto podría ayudar a resolver al menos dos problemas que tienen los países de la región: Primero fortalecer las instituciones porque se estaría generando la visión de largo plazo en la gestión de la inversión, se tendrían que desarrollar las capacidades de gestión necesarias. Aquí la capacidad de ayuda y control de los organismos multilaterales estaría mucho más enfocada.

Una segunda ventaja es que se limitaría mucho la capacidad de la corrupción de tragarse esos recursos y se podría exigir accountability en el largo plazo. Se reducirían mucho las posibilidades de 'pelotazos'. Es mucho más difícil para la corrupción generar muchos pequeños pelotazos en el mismo sitio sostenidamente en el tiempo que dar un gran golpe.

En resumen, se trataría de establecer un nuevo acuerdo a tres partes. Los gobiernos, las empresas y los organismos multilaterales. Los gobiernos recibirían el dinero sostenidamente en el tiempo y podrían avanzar. Las empresas estarían en mejores condiciones para defender sus intereses y los organismos multilaterales podrían apoyar el fortalecimiento de las instituciones de una manera efectiva creando mecanismos que limiten las posibilidades de corrupción.

Aún quedan empresas y países con empresas públicas que posiblemente decidan privatizar. El directivo español que sugirió esta idea comentaba que lo peligroso es que cuando toque otra vez entrar en países de Latinoamérica o de otras regiones del mundo se siga el mismo mecanismo. Es tiempo de aprender.

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